Gran parte de la investigación científica en Europa y España se financia con fondos públicos. Universidades, centros de investigación, programas europeos como Horizonte Europa o agencias nacionales canalizan cada año miles de millones de euros para sostener proyectos, contratar investigadores y adquirir equipamiento. La lógica es clara: la sociedad invierte en ciencia porque espera que sus resultados reviertan en bienestar colectivo, ya sea en forma de avances médicos, innovaciones tecnológicas, mejoras ambientales o conocimiento cultural.
Sin embargo, la pregunta incómoda es inevitable: ¿hasta qué punto la inversión pública en ciencia se devuelve realmente a la sociedad? En demasiadas ocasiones, los resultados acaban siendo apropiados por empresas privadas que los comercializan con fines lucrativos, a veces sin garantizar un acceso equitativo. Este fenómeno plantea un debate crucial sobre el equilibrio entre el sector público, el sector privado y la noción de la ciencia como bien común.
El caso de las vacunas contra la COVID-19
Un ejemplo paradigmático fue la pandemia de COVID-19. La investigación que permitió desarrollar vacunas se basó en décadas de trabajo previo financiado mayoritariamente con fondos públicos. Además, durante la emergencia, gobiernos e instituciones internacionales aportaron miles de millones de euros para acelerar el proceso.
Sin embargo, la comercialización quedó en manos de grandes farmacéuticas, que obtuvieron beneficios millonarios mientras millones de personas en países de renta baja tuvieron un acceso limitado. El debate sobre las patentes y la propuesta (finalmente frustrada) de liberarlas temporalmente mostró de manera cruda las tensiones entre interés público y beneficio privado.
Patentes: incentivos o barreras
Las patentes se justifican como un mecanismo para incentivar la innovación, protegiendo a quienes invierten en investigación y desarrollo. Sin embargo, en el caso de la ciencia financiada con dinero público, las patentes pueden convertirse en una barrera injustificada: la sociedad paga dos veces, primero financiando la investigación y luego comprando los productos resultantes a precios elevados.
El dilema es complejo: sin patentes, algunas empresas podrían desincentivar sus inversiones; con patentes rígidas, se limita el acceso a tecnologías esenciales. De ahí la necesidad de explorar modelos intermedios que aseguren retornos sociales justos.
Transferencia de conocimiento: entre cooperación y apropiación
Las políticas de transferencia de conocimiento buscan que los descubrimientos de universidades y centros públicos lleguen a la sociedad en forma de productos o servicios. Para ello, se promueven colaboraciones con empresas, creación de spin-offs o licencias de patentes.
En sí mismo, este modelo es positivo: evita que los descubrimientos queden en cajones y fomenta la innovación económica. El problema surge cuando la transferencia se convierte en apropiación privada sin retorno social suficiente. Por ejemplo:
- Cuando las licencias se conceden en condiciones poco transparentes.
- Cuando los precios finales de productos esenciales (medicamentos, tecnologías verdes) son inaccesibles.
- Cuando el impacto social no se mide ni se prioriza en los acuerdos.
Modelos alternativos: ciencia como bien común
Frente a estos problemas, emergen propuestas para garantizar que la ciencia financiada con dinero público tenga un retorno proporcional a la sociedad:
- Licencias abiertas o no exclusivas: en lugar de conceder a una sola empresa el derecho de explotación, se permite que varias puedan desarrollar aplicaciones, favoreciendo la competencia y reduciendo precios.
- Cláusulas sociales en los contratos de I+D: condicionar la financiación pública a que los resultados se comercialicen con criterios de accesibilidad y justicia social.
- Consorcios internacionales de investigación abierta: como los que existen en biomedicina, donde los datos y descubrimientos se comparten sin restricciones para acelerar avances.
- Reinversión obligatoria de beneficios: exigir a las empresas que obtienen ganancias de resultados financiados con fondos públicos que destinen una parte a reinvertir en ciencia o programas sociales.
El papel del sector privado
El sector privado desempeña un papel crucial en la innovación: aporta inversión adicional, transforma el conocimiento en productos y genera empleos. Pero su legitimidad depende de que actúe en equilibrio con el interés general.
En Europa, algunos modelos combinan con éxito colaboración público-privada y retorno social. Por ejemplo, en países nórdicos existen consorcios de innovación en energías renovables donde empresas, universidades y gobiernos comparten riesgos y beneficios. El reto para España es consolidar un marco regulador que garantice esa reciprocidad.
España: luces y sombras
En España, la transferencia de conocimiento ha sido históricamente uno de los puntos débiles del sistema de I+D. Aunque existen ejemplos positivos (biomedicina, energías limpias, agroalimentación), la colaboración público-privada suele ser escasa y a menudo mal gestionada.
Además, la precariedad de la carrera investigadora y la falta de inversión estructural limitan la capacidad de negociar condiciones de retorno social en los acuerdos con empresas. En demasiadas ocasiones, la urgencia por obtener financiación externa deja en segundo plano la dimensión ética y social.
Ciencia, sociedad y confianza
Más allá de los aspectos económicos, garantizar el retorno social de la ciencia es esencial para mantener la confianza ciudadana. Cuando la población percibe que la ciencia pública beneficia sobre todo a grandes corporaciones, puede aumentar el escepticismo y la desafección. En cambio, cuando ve que la inversión pública se traduce en avances tangibles y accesibles (mejores tratamientos, energías más limpias, mejoras ambientales), se fortalece el apoyo social a la ciencia.
Hacia una ciencia al servicio del bien común
El debate sobre el retorno social de la ciencia nos lleva a una conclusión clara: la investigación no puede entenderse únicamente como una mercancía. Su valor excede lo económico: es una herramienta de emancipación, de cultura y de sostenibilidad.
Europa y España tienen la oportunidad de liderar un modelo de gobernanza científica que combine lo mejor de ambos mundos: la capacidad innovadora del sector privado y la vocación universal del sector público. La clave está en diseñar políticas que aseguren que el conocimiento generado con dinero de todos revierta en beneficios para todos.
Conclusión
Invertir en ciencia pública sin garantizar su retorno social es como sembrar un campo fértil y permitir que solo unos pocos cosechen. El desafío es diseñar reglas claras y mecanismos eficaces para que la inversión colectiva genere frutos colectivos.
La ciencia puede y debe ser motor de innovación económica, pero sobre todo ha de ser un bien común al servicio de la humanidad.
Preguntas para el debate
- ¿Cómo equilibrar los incentivos a la innovación privada con la necesidad de garantizar retornos sociales de la ciencia financiada públicamente?
- ¿Qué mecanismos legales o contractuales podrían asegurar precios accesibles en productos derivados de investigación pública?
- ¿Debería España apostar por modelos de licencias abiertas y consorcios internacionales de investigación compartida?
- ¿Qué ejemplos de colaboración público-privada podrían servir como referencia para garantizar un equilibrio justo?
- ¿Cómo afecta la percepción ciudadana sobre el retorno social de la ciencia a la confianza en la inversión pública en I+D?