¿Quién decide qué se investiga y hacia dónde se dirige la innovación?
Lejos de ser un proceso neutral, la agenda de la innovación está condicionada por intereses económicos, prioridades políticas y visiones del mundo. En el contexto europeo y español, comprender cómo se define esta agenda es crucial para que la ciencia y la tecnología sirvan a los retos colectivos —desde la emergencia climática hasta la cohesión social— y no solo a la rentabilidad privada.
Innovación orientada a misiones: la propuesta de Mariana Mazzucato
En los últimos años, la economista ítalo-británica Mariana Mazzucato ha ganado protagonismo internacional con una idea clara: los Estados no deben limitarse a corregir fallos de mercado, sino que pueden y deben orientar la innovación hacia misiones concretas.
Inspirada en el ejemplo de la carrera espacial de los años sesenta (la misión Apolo que llevó al ser humano a la Luna), Mazzucato plantea que los gobiernos definan objetivos ambiciosos (por ejemplo, lograr una Europa climáticamente neutra en 2050) y movilicen recursos públicos y privados hacia ellos.
Esta visión cuestiona la narrativa tradicional que atribuye la innovación casi exclusivamente a la iniciativa privada. Según Mazzucato, el Estado ha sido un motor central de los grandes avances tecnológicos: desde internet hasta el GPS o la biotecnología, muchos nacieron de inversiones públicas de largo plazo.
Bruselas y la política europea de innovación
La Unión Europea ha recogido parte de estas ideas en sus programas de investigación e innovación. El actual Horizonte Europa (2021-2027), con un presupuesto de más de 95.000 millones de euros, introduce explícitamente un enfoque basado en misiones, con cinco áreas prioritarias:
- Adaptación al cambio climático.
- Cáncer.
- Salud de los suelos y alimentación.
- Ciudades climáticamente neutras.
- Salud de los océanos y las aguas.
Este giro supone reconocer que la innovación no puede reducirse a la competitividad económica, sino que debe orientarse también a desafíos sociales y ambientales. No obstante, persisten tensiones: ¿qué peso tienen los intereses de grandes corporaciones en la definición de estas prioridades? ¿Cómo garantizar que la ciudadanía participe en esa orientación estratégica?
El caso español: entre discursos y realidades
España participa activamente en los programas europeos, pero su política nacional de innovación se enfrenta a limitaciones estructurales:
- Baja inversión en I+D (1,4 % del PIB frente al 2,2 % de la media de la UE).
- Fragmentación institucional, con competencias compartidas entre ministerios, comunidades autónomas y organismos públicos.
- Excesiva dependencia de fondos europeos, en lugar de una política nacional robusta y sostenida.
El discurso oficial insiste en la importancia de la innovación para la competitividad y la transición ecológica. Sin embargo, en la práctica, los presupuestos no siempre acompañan, y muchas veces las prioridades responden más a coyunturas económicas o electorales que a un proyecto de largo plazo.
¿Quién decide realmente?
Responder a esta pregunta implica analizar los distintos actores que influyen en la agenda de la innovación:
- Gobiernos y administraciones públicas: establecen programas, financian proyectos y fijan marcos regulatorios.
- Empresas privadas: especialmente grandes corporaciones tecnológicas y farmacéuticas, que invierten recursos propios pero también condicionan prioridades con su capacidad de presión.
- Instituciones internacionales: como la UE, que marca líneas de financiación comunes para los Estados miembros.
- Comunidad científica: que aporta conocimiento y define, desde la práctica, las líneas de investigación emergentes.
- Ciudadanía: que debería tener un papel más activo, aunque a menudo está ausente de estos procesos de decisión.
El riesgo es que la agenda se defina de manera opaca, dominada por quienes tienen más recursos y capacidad de influencia. La innovación, en ese caso, deja de ser un bien común y se convierte en un instrumento al servicio de intereses particulares.
Innovación y sostenibilidad: ¿alineación o contradicción?
La innovación suele presentarse como aliada natural de la sostenibilidad. Sin embargo, no siempre es así. Muchas tecnologías innovadoras generan nuevos problemas ambientales (por ejemplo, el alto consumo energético de las criptomonedas o el impacto de ciertos materiales en la minería).
De ahí la importancia de preguntarse no solo qué innovaciones impulsamos, sino también para qué y con qué consecuencias. La transición verde requiere tecnologías limpias, pero también cambios en hábitos de consumo, regulaciones y políticas públicas. La innovación, por sí sola, no garantiza sostenibilidad.
El papel de la ciudadanía: hacia una innovación democrática
Si la innovación afecta a toda la sociedad, ¿no debería la sociedad tener voz en su orientación? En los últimos años han surgido propuestas de innovación abierta y participativa, que buscan incorporar a la ciudadanía en el diseño y evaluación de proyectos.
Ejemplos:
- Consultas públicas sobre prioridades de investigación en salud o medio ambiente.
- Procesos de deliberación ciudadana sobre tecnologías controvertidas (como la inteligencia artificial o la energía nuclear).
- Ciencia ciudadana aplicada a proyectos de innovación social.
En España, estas experiencias son aún incipientes, pero representan una oportunidad para democratizar la innovación y evitar que se convierta en patrimonio exclusivo de élites políticas y corporativas.
Desafíos de futuro
De cara a 2030, Europa y España se enfrentan a varios desafíos clave:
- Definir agendas claras y estables que trasciendan los ciclos electorales.
- Incrementar la inversión pública y privada en I+D, acercándose a los niveles de los países líderes.
- Garantizar transparencia y participación ciudadana en la fijación de prioridades.
- Evaluar el impacto social y ambiental de la innovación, más allá de indicadores puramente económicos.
- Evitar la captura corporativa, que convierte la inversión pública en beneficios privados sin retorno social.
Conclusión: la innovación como elección colectiva
La innovación no es un fenómeno natural, sino el resultado de elecciones políticas, económicas y sociales. Decidir hacia dónde orientar la investigación y la tecnología es decidir, en el fondo, qué tipo de sociedad queremos construir.
Si Europa y España logran alinear la innovación con los grandes retos de sostenibilidad, equidad y democracia, habrán convertido la ciencia en un verdadero motor de futuro. Pero para ello es necesario un debate amplio, informado y plural sobre las prioridades colectivas. Porque la innovación, en última instancia, no debería ser un fin en sí misma, sino un medio al servicio del bien común.
Preguntas para el debate
- ¿Quién debería tener más peso en la definición de la agenda de innovación: gobiernos, empresas, científicos o ciudadanía?
- ¿Hasta qué punto es realista la propuesta de innovación orientada a misiones de Mariana Mazzucato en el contexto español y europeo?
- ¿Cómo evitar que los intereses corporativos capturen la agenda de innovación financiada con fondos públicos?
- ¿Qué mecanismos de participación ciudadana podrían incorporarse en la definición de prioridades de I+D?
- ¿Cómo evaluar si una innovación contribuye realmente a la sostenibilidad y al bienestar social?