El emprendimiento social necesita un ecosistema cultural y educativo que lo fomente. No basta con tener buenas ideas; es necesario contar con formación adecuada, valores compartidos y un entorno que anime a arriesgar, colaborar y crear con propósito.
En este artículo exploramos el papel de la educación, la universidad y la formación continua en el desarrollo de una cultura emprendedora orientada al bien común. También analizamos las competencias clave para los futuros emprendedores sociales, los avances normativos que permiten experimentar jurídicamente en entornos universitarios y los desafíos que plantea la construcción de esta cultura.
Cultura emprendedora: más allá del mito individualista
Tradicionalmente, la figura del emprendedor se ha asociado al mito del “hombre hecho a si mismo”: alguien que, con talento y esfuerzo individual, levanta una empresa desde cero. Este relato ha inspirado a muchos, pero también ha reforzado una visión individualista y competitiva del emprendimiento.
La cultura emprendedora social propone una mirada distinta:
- El éxito no se mide solo en beneficios económicos, sino en impacto social y ambiental.
- La innovación no es patrimonio de genios solitarios, sino fruto de procesos colectivos.
- La prosperidad no se concentra en unos pocos, sino que se comparte y distribuye.
Generar esta cultura requiere educación, referentes y políticas que transmitan otros valores: cooperación, solidaridad, sostenibilidad y participación democrática.
La universidad como semillero de emprendimiento social
Las universidades tienen un papel fundamental en la construcción de esta nueva cultura emprendedora. No solo por su función de formar profesionales, sino también porque son espacios de experimentación y ciudadanía crítica.
Algunas líneas de acción:
- Asignaturas y programas específicos sobre emprendimiento social, presentes ya en varias universidades españolas y europeas.
- Incubadoras universitarias de proyectos sociales, que ofrecen apoyo técnico, espacios de coworking y acompañamiento a estudiantes con ideas transformadoras.
- Aprendizaje-servicio (ApS), metodología que combina formación académica con proyectos de impacto social en el territorio.
- Investigación aplicada, que vincula a equipos universitarios con entidades sociales para co-crear soluciones a problemas reales.
Ejemplo: la Universidad de Mondragón, en el País Vasco, integra el cooperativismo y el emprendimiento social en su modelo educativo, fomentando experiencias de creación colectiva desde los grados.
Cooperativas junior: una forma jurídica concreta para emprender desde la universidad
En España, algunas leyes autonómicas de cooperativas han dado un paso más y han regulado expresamente las cooperativas junior, pensadas para que los estudiantes puedan emprender colectivamente en un marco protegido y pedagógico.
La Ley 4/2022 de Sociedades Cooperativas de Canarias incorpora la figura de la cooperativa junior (artículos 10 y 132). Se trata de cooperativas constituidas por estudiantes con el objetivo de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en su formación. Su carácter es principalmente educativo y pierden esa clasificación si la mayoría de socios deja de ser estudiante.
Este marco jurídico permite a jóvenes universitarios facturar, organizarse democráticamente y experimentar con la autogestión empresarial, sin renunciar al acompañamiento educativo.
La Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, también reconoce las cooperativas junior como una modalidad específica. El espíritu es similar: fomentar la cultura cooperativa entre los estudiantes, facilitar la transición de las aulas al emprendimiento real y promover valores como la democracia, la solidaridad y el trabajo en equipo.
La existencia de estas figuras legales es muy significativa:
- Ofrecen seguridad jurídica a proyectos estudiantiles.
- Refuerzan el vínculo entre educación y práctica emprendedora colectiva.
- Generan espacios de experimentación que, de otra forma, se perderían en la informalidad.
- Promueven la cultura cooperativa en edades tempranas, asegurando continuidad al tejido de la economía social.
Se trata, en definitiva, de un ejemplo claro de cómo la legislación puede convertirse en aliada de la innovación educativa y social.
Educación superior y competencias clave
Más allá de estas figuras jurídicas, el emprendimiento social requiere un conjunto de competencias transversales que deberían formar parte de cualquier itinerario universitario:
- Pensamiento crítico y ético, para identificar problemas y proponer soluciones justas.
- Capacidad de innovación y creatividad, para imaginar modelos distintos a los establecidos.
- Gestión de proyectos y finanzas sociales, para diseñar iniciativas viables y sostenibles.
- Trabajo en equipo y liderazgo colaborativo, para coordinar grupos diversos.
- Comunicación y narrativa de impacto, para transmitir con claridad el propósito y movilizar apoyos.
- Competencias digitales, esenciales en un mundo interconectado.
- Sensibilidad intercultural y de género, para trabajar en contextos diversos y con perspectiva inclusiva.
Estas competencias no son “opcionales”: son habilidades para la vida ciudadana en sociedades complejas y globalizadas.
La dimensión ciudadana: más allá de la universidad
No toda la formación ocurre en la educación formal. La cultura emprendedora social se construye también en espacios comunitarios, asociaciones, movimientos sociales y proyectos de base.
- Centros de educación de personas adultas incorporan programas de autoempleo cooperativo.
- Entidades de la economía social organizan talleres, cursos y capacitaciones abiertas al público.
- Movimientos juveniles y colectivos vecinales generan experiencias de innovación social que, aunque informales, son auténticas escuelas de ciudadanía.
Esta dimensión recuerda que la formación no es solo preparación laboral, sino también aprendizaje para la participación social.
Desafíos y obstáculos
La formación y la cultura emprendedora social enfrentan varios retos:
- Predominio del enfoque empresarial tradicional. La mayoría de programas de emprendimiento se centran en modelos de negocio lucrativos, dejando en segundo plano la dimensión social.
- Falta de profesorado especializado. No todos los docentes tienen formación en economía social, innovación social o metodologías participativas.
- Desigual acceso a recursos. No todas las universidades ni comunidades cuentan con incubadoras, fondos o redes de apoyo.
- Precariedad juvenil. Muchos jóvenes, pese a formarse, encuentran enormes dificultades para materializar proyectos por falta de financiación o estabilidad vital.
- Reconocimiento social insuficiente. A menudo se valora más la creación de una “startup tecnológica” que un proyecto social comunitario.
Superar estos obstáculos requiere políticas públicas coherentes y un cambio cultural profundo.
Ejemplos inspiradores
- Ashoka Learning Ecosystem, una plataforma de aprendizaje, inspiración y conexión sobre emprendimiento e innovación social.
- CoopCamp en Cataluña, una incubadora de cooperativas que trabaja en colaboración con universidades y municipios.
- Programas Erasmus+ de juventud, que financian proyectos internacionales de innovación social impulsados por estudiantes y asociaciones.
- Laboratorios ciudadanos donde ciudadanos experimentan soluciones colectivas con apoyo institucional.
Estos casos muestran que es posible crear entornos de aprendizaje vivo donde teoría y práctica se combinan para generar impacto.
Una cultura emprendedora para el siglo XXI
La cultura emprendedora social no se limita a formar profesionales competentes, sino que busca ciudadanos comprometidos, críticos y creativos.
En este sentido, su relevancia trasciende al mundo laboral. En un contexto de crisis climática, desigualdad y transformación tecnológica, formar a jóvenes con capacidad para imaginar y construir futuros más justos es una tarea urgente.
La formación en emprendimiento social debe concebirse como política pública estratégica, al mismo nivel que la alfabetización digital o la educación ambiental.
Conclusión
El emprendimiento social necesita raíces firmes en una cultura educativa y ciudadana que lo sostenga. La universidad, los centros educativos, las entidades sociales y los propios movimientos ciudadanos tienen un papel esencial en transmitir valores y competencias orientados al bien común.
La regulación de las cooperativas junior en Canarias y el País Vasco ejemplifica cómo los marcos legales pueden apoyar de forma concreta la formación y la práctica emprendedora en entornos educativos. Son experiencias que muestran el camino hacia una ciudadanía innovadora, democrática y comprometida con lo social.
La pregunta no es si debemos fomentar la cultura emprendedora, sino qué tipo de emprendimiento queremos promover. La opción social y colectiva se presenta como la más coherente con los desafíos del siglo XXI: un emprendimiento que no solo innova en productos o servicios, sino que innova en formas de vivir, convivir y cuidar.