La universidad española ha recorrido un camino de masificación y democratización en las últimas cuatro décadas. De ser una institución elitista reservada a minorías, pasó a convertirse en un espacio de acceso generalizado: la mayoría de jóvenes acceden hoy a estudios superiores, con un sistema de becas que, aunque insuficiente, ha permitido que la renta no sea un obstáculo insalvable. Sin embargo, bajo esta expansión se esconden tensiones profundas: la infrafinanciación crónica, la precariedad del profesorado joven, la creciente competencia de la oferta privada y la dificultad de las universidades públicas para absorber la demanda en titulaciones de alta presión.
La misión de la Universidad como mediadora. Trascendencia vs inmanencia
Antes de profundizar en la situación de la universidad en España conviene recordar el papel de la universidad pública como garante de una sociedad crítica e informada que contribuye a profundizar en los avances democráticos. Este papel solo puede preservarse si aplicamos una visión que vaya más allá del mero interés individual o del mero análisis coste-beneficio.
Cuando reducimos la educación a una lógica estrictamente individualista, la universidad se convierte en una mera «inversión» donde calculamos costos (matrícula, tiempo) versus beneficios (salario futuro). Los estudiantes se vuelven «clientes» que buscan el máximo retorno individual, y el conocimiento se mercantiliza según su utilidad inmediata para cada persona.
Trascendencia frente a inmanencia: La universidad pública nos conecta con propósitos que van más allá del beneficio personal inmediato (la búsqueda del conocimiento, el servicio público, el avance científico). No todo se puede reducir a «¿qué gano yo con esto?»
La universidad es un antídoto contra la lógica de suma cero; en la universidad, el conocimiento se multiplica cuando se comparte. Tu aprendizaje no es mi pérdida; al contrario, enriquece el debate colectivo y genera nuevas ideas.
La universidad realiza una mediación necesaria entre individuo y sociedad. Sin universidades públicas, cada persona tendría que «inventar» su propio conocimiento o comprárselo al mejor postor privado. La universidad media entre las demandas individuales de formación y las necesidades sociales de investigación, cultura y ciudadanía crítica.
La universidad pública se convierte, de este modo, en un espacio de resistencia al «control directo» populista: los populistas prometen eliminar intermediarios, pero la universidad pública es precisamente el tipo de mediador que necesitamos, ni el mercado puro ni el Estado autoritario, sino una institución que cultiva el pensamiento crítico y la deliberación informada.
Las sociedades prósperas han creído que el conocimiento público y accesible beneficia a toda la comunidad. Cuando eliminamos esta mediación institucional, regresamos a la ley del más fuerte: solo quienes pueden pagar acceden al saber.
Defender la universidad pública no es defender la burocracia, sino defender la idea de que algunas cosas, como el conocimiento y la formación ciudadana, trascienden el cálculo individual y requieren instituciones mediadoras que piensen a largo plazo y en el bien común.
Democratización y crecimiento desigual
El crecimiento universitario en España ha sido notable, pero no homogéneo. Entre 2015-2016 y 2023-2024 el número total de universidades activas pasó de 82 a 91. El dato clave es que el número de universidades públicas se ha mantenido estable en torno a 50, mientras que el de universidades privadas ha crecido un 28 % en menos de una década. En términos de titulaciones, la oferta privada aumentó más de un 35 % entre 2015 y 2022, con una demanda creciente del 70 %, mientras la oferta pública apenas varió.
Esto significa que la expansión universitaria de los últimos años ha estado protagonizada casi exclusivamente por el sector privado, especialmente en titulaciones presenciales de salud y psicología, o en la modalidad online.
La matrícula total sigue dominada por la universidad pública (donde estudian tres de cada cuatro universitarios), pero el peso privado crece cada año en segmentos estratégicos.
Infrafinanciación: un sistema eficiente al límite
La universidad pública española ha logrado una buena posición en rankings internacionales con menos recursos que sus homólogas europeas. Más del 70 % de nuestras universidades públicas figuran entre las mil mejores del mundo según ARWU, a pesar de que la financiación pública es inferior a la media europea.
Esta “eficiencia” es, en realidad, un síntoma de tensión: infraestructuras con poca renovación, plantillas docentes envejecidas, fuga de talento joven y rigidez en la apertura de nuevas plazas. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) plantea como objetivo alcanzar ese 1 % del PIB en 2030, pero sigue siendo modesto si lo comparamos con países de referencia y genera dudas sobre su cumplimiento efectivo.
En la práctica, esta infrafinanciación se traduce en que la universidad pública no crece al mismo ritmo que la demanda, lo que repercute en la saturación de algunas titulaciones y en la proliferación de notas de corte extremadamente altas.
Notas de corte y el “efecto desborde” hacia la privada
El acceso a determinadas titulaciones se ha convertido en un auténtico embudo. Medicina, Psicología o algunos dobles grados STEM presentan notas de corte altísimas y un número de solicitudes muy superior a las plazas disponibles.
En 2023-2024 se ofrecieron 245.956 plazas para más de 475.000 preinscripciones. Muchos expedientes brillantes se quedaron fuera por décimas. En ese contexto, la alternativa privada se convierte en la única salida posible para quienes pueden pagarla.
Este fenómeno erosiona la igualdad: el derecho de acceso deja de depender del mérito académico y se convierte en un asunto de renta. La universidad privada ocupa el espacio que deja la pública con precios elevados y mayor flexibilidad para ampliar plazas y abrir nuevas titulaciones.
Másteres habilitantes: el cuello de botella más invisible
El problema no termina con el grado. En los másteres habilitantes, imprescindibles para ejercer profesiones reguladas, la oferta pública es claramente insuficiente:
- Psicología General Sanitaria (PGS): en 2024-25, el 85 % de las plazas se ofrecieron en universidades privadas, mientras que la pública solo cubrió un 15 %. La mayoría de graduados, sin embargo, procede de universidades públicas. El resultado: listas de espera interminables en lo público y desplazamiento a la privada con precios prohibitivos.
- Máster en Formación del Profesorado (MUP): en Aragón, por ejemplo, más de 4.000 graduados se quedaron sin plaza en cinco años. En 2024-25, más de 500 solicitantes quedaron excluidos. La alternativa privada, con precios entre 5.000 y 8.000 euros, introduce una barrera económica para acceder a la docencia.
- Ingeniería Industrial, Arquitectura y otros habilitantes: aunque existen programas públicos, la oferta es limitada y la privada aprovecha los huecos, especialmente en modalidad online.
Los motivos son claros: estos másteres requieren convenios de prácticas clínicas o profesionales, tutores acreditados y coordinación con sectores como sanidad o educación. Sin una inversión pública que expanda esa capacidad, el cuello de botella se mantiene, y con él la oportunidad de negocio para la oferta privada.
Una estructura dual en riesgo de consolidarse
La combinación de infrafinanciación, rigidez de cupos y expansión privada está derivando en un sistema de dos velocidades:
- Público: masivo, tensionado, con gran prestigio y alta calidad, pero limitado en su capacidad de absorber toda la demanda.
- Privado: más flexible y dinámico en su oferta, pero con precios altos que seleccionan por renta y abren brechas de desigualdad.
Este modelo plantea un dilema: si la universidad pública no se refuerza, seguirá expulsando a una parte del estudiantado que, pese a cumplir requisitos, solo encuentra su oportunidad pagando en el sector privado.
Retos y propuestas
- Ampliar plazas públicas en titulaciones y másteres tensionados, con financiación finalista y acuerdos entre universidad, sanidad y educación para generar más capacidad de prácticas.
- Regular precios de másteres habilitantes en la pública y dotarlos de becas reforzadas, al tratarse de títulos de interés general.
- Planificar la oferta universitaria con criterios de necesidad social y laboral, no solo de demanda coyuntural.
- Reformar la carrera académica y financiar de manera estable la investigación y la docencia para retener talento.
- Cumplir y superar el objetivo del 1 % del PIB en financiación universitaria pública, acercándose a la media europea y evitando que la brecha entre público y privado se agrande.
Conclusión
La universidad española ha democratizado el acceso, pero se enfrenta a un riesgo de mercantilización. La oferta privada crece allí donde la pública no llega, lo que abre una fractura entre quienes pueden pagar y quienes dependen de un sistema tensionado.
Si queremos que la universidad siga siendo un motor de movilidad social y no un filtro de desigualdad y preservar su papel de institución mediadora que piensa a largo plazo y en el bien común, la solución pasa, a nivel cultural, por interiorizar social y políticamente la misión clave de las universidades públicas como garantes de los valores democráticos. A nivel menos conceptual, ello implica reforzar la inversión pública, ampliar plazas en áreas críticas y asegurar que el derecho a la educación superior no dependa de la renta familiar.
Preguntas para el debate
- ¿Cómo garantizar que la expansión privada no genere un sistema universitario de dos velocidades?
- ¿Debe el Estado financiar de manera finalista la ampliación de plazas en grados y másteres habilitantes?
- ¿Hasta qué punto la universidad pública puede mantener su prestigio internacional si no se corrige su infrafinanciación?
- ¿Es justo que la renta determine el acceso a profesiones reguladas como la docencia o la psicología sanitaria?
- ¿Cómo equilibrar libertad de oferta privada con un verdadero derecho a la educación superior inclusiva?