Dependencia y cuidados: un derecho mercantilizado

En 2006, la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006) fue celebrada como el “cuarto pilar del Estado del Bienestar” en España. Por primera vez, se reconocía legalmente el derecho subjetivo a recibir cuidados y apoyos para la vida diaria, independientemente de la renta familiar.

Sin embargo, casi dos décadas después, el desarrollo real de este sistema ha sido muy inferior a las expectativas. A pesar del aumento progresivo de personas reconocidas como dependientes, el sistema arrastra una infradotación crónica, desigualdades territoriales y una creciente privatización de los servicios que lo sustentan.

Cifras que muestran un fracaso estructural

A junio de 2025, según datos del IMSERSO:

• Más de 1,5 millones de personas tienen reconocida la situación de dependencia en España.
• Sin embargo, casi 270.000 personas están a la espera de recibir una prestación o servicio (la llamada “lista de espera de la dependencia”).
• Cada día mueren en España alrededor de 100 personas en situación de dependencia sin haber recibido ningún tipo de ayuda.

Además, más del 70% de los cuidados que reciben las personas dependientes siguen siendo asumidos por familiares —mayoritariamente mujeres— sin remuneración o con prestaciones mínimas, perpetuando un modelo informal y feminizado de cuidados.

El peso creciente de la privatización

Uno de los elementos más preocupantes del actual sistema es su creciente dependencia del sector privado, especialmente en el ámbito residencial y de atención domiciliaria. La red de servicios de dependencia en España está compuesta, en más del 70%, por centros y empresas de titularidad privada, muchas veces concertadas con la administración pública.

Esta externalización ha dado lugar a un ecosistema dominado por grandes corporaciones (fondos de inversión, aseguradoras, grupos internacionales) que gestionan cientos de residencias y servicios bajo una lógica empresarial: maximizar beneficios con el menor coste posible. Esto se traduce en:

• Condiciones laborales precarias para las trabajadoras del sector (bajos salarios, alta rotación, falta de formación).
• Ratios de personal por residente muy por debajo de lo recomendado.
• Falta de atención individualizada y modelos masificados e institucionalizados, especialmente en residencias.

La tragedia vivida durante la pandemia de COVID-19 en las residencias, con más de 30.000 personas mayores fallecidas, puso en evidencia la fragilidad y desprotección estructural del sistema, pero no ha habido reformas de calado desde entonces.

La atención domiciliaria: dispersa, insuficiente y fragmentada

El modelo de atención a la dependencia apostaba por la permanencia de las personas en sus hogares, con apoyos adecuados y servicios de proximidad. Sin embargo, la atención domiciliaria en España sigue siendo minoritaria, de baja intensidad y gestionada de forma muy desigual por los ayuntamientos.

En muchas ciudades, los servicios de ayuda a domicilio (SAD) están externalizados a empresas con criterios de coste mínimo en los concursos públicos, lo que degrada la calidad del servicio y las condiciones laborales de las cuidadoras.

Este modelo impide avanzar hacia un verdadero “ecosistema de cuidados” basado en la autonomía, la dignidad y el vínculo comunitario.

El trabajo de cuidados: precarizado y feminizado

La mayoría de las personas que trabajan en el sector de la dependencia en España son mujeres (más del 85%) y muchas de ellas, migrantes. Su labor es imprescindible pero socialmente invisibilizada, económicamente devaluada y profesionalmente infravalorada.

Los cuidados no pueden seguir siendo tratados como un nicho de empleo precario. Urge un pacto estatal por la dignificación del trabajo de cuidados, con:

• Convenios colectivos justos y homogéneos en todo el territorio.
• Planes de formación continua.
• Estabilidad contractual y reconocimiento profesional.
• Integración plena en los servicios públicos de salud y servicios sociales.

Territorios desiguales: una dependencia según el código postal

El sistema de atención a la dependencia está descentralizado, y las comunidades autónomas tienen un alto grado de competencia en su gestión. Esto ha derivado en grandes desigualdades territoriales en tiempos de espera, intensidad de las ayudas, calidad de los servicios y nivel de inversión.

Una persona dependiente en Galicia, Madrid o Andalucía puede tener derechos formales similares, pero vivencias y oportunidades completamente distintas, dependiendo del presupuesto autonómico, la voluntad política local y la estructura de servicios existente.

Hacia un modelo de cuidados centrado en las personas

Los organismos internacionales y muchas organizaciones sociales coinciden en señalar que el modelo institucional clásico de residencias está obsoleto. La atención a la dependencia debe evolucionar hacia modelos basados en:

• Unidades de convivencia pequeñas y descentralizadas.
• Atención domiciliaria de calidad, personalizada y con seguimiento profesional.
• Redes comunitarias de apoyo y participación social.
• Enfoque centrado en los derechos, las preferencias y la dignidad de cada persona.

Estos modelos ya existen en países como Dinamarca, Países Bajos o Alemania, e incluso en algunas iniciativas piloto en España, pero requieren una transformación profunda del sistema actual.

No hay Estado del bienestar sin derecho al cuidado

La atención a la dependencia no es un lujo ni un gesto solidario: es un derecho que emana directamente del principio de igualdad y del deber público de garantizar vidas dignas a todas las personas, en todas las etapas de la vida.

Defender este derecho pasa por reforzar lo público, garantizar la financiación suficiente, frenar la lógica mercantil, y construir un sistema de cuidados profesionalizado, digno y humano.

Porque el cuidado no puede seguir siendo lo que queda cuando todo lo demás falla. Tiene que estar en el centro del contrato social.