I+D y acceso a medicamentos

La investigación biomédica ha permitido avances extraordinarios en las últimas décadas: tratamientos eficaces contra el cáncer, terapias genéticas, vacunas desarrolladas en tiempo récord y herramientas diagnósticas de alta precisión. Pero estos logros no llegan a todas las personas por igual. A menudo, lo que separa la innovación del acceso es una brecha económica, política y estructural.

En el ámbito de los medicamentos y las vacunas, la lógica del mercado se impone con fuerza: patentes, precios inasumibles, opacidad en los costes de desarrollo, y negociaciones bilaterales entre Estados y multinacionales. La pandemia de COVID-19 dejó esto dolorosamente claro: mientras países ricos acumulaban millones de dosis, otros luchaban por vacunar a su personal sanitario.

España no escapa a esta tensión. Aunque forma parte de los mecanismos europeos de compra conjunta y tiene un sólido sistema de sanidad pública, la dependencia de la industria farmacéutica privada, la escasa producción nacional de fármacos estratégicos y los límites en el acceso a algunos tratamientos de última generación siguen siendo un problema estructural.

¿Quién decide qué se investiga?

El modelo actual de investigación biomédica está dominado, en gran medida, por el interés comercial. La mayoría de los recursos (especialmente en fase avanzada) proceden de grandes compañías farmacéuticas, lo que condiciona los temas de investigación, la velocidad de desarrollo y la forma en que se fijan los precios.

Como consecuencia, enfermedades poco frecuentes o que afectan sobre todo a países empobrecidos reciben menos atención y financiación, al no ser “rentables”. Las enfermedades olvidadas, la resistencia antimicrobiana o los tratamientos pediátricos son algunos de los grandes ausentes de la agenda de I+D.

En España, el gasto en investigación sanitaria representa en torno al 1,49% del PIB, aún por debajo de la media europea (2.22%). El sistema público de I+D biomédica, sostenido en gran parte por universidades y centros de investigación, funciona con presupuestos ajustados, contratos temporales y una excesiva dependencia de convocatorias competitivas.

Vacunas y tratamientos: ¿bien público o mercancía?

Durante la pandemia, se invirtieron miles de millones de euros públicos en el desarrollo de vacunas. La Comisión Europea, los gobiernos nacionales y organismos multilaterales financiaron gran parte de la investigación y la infraestructura necesaria. Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual permanecieron en manos privadas, lo que limitó la transferencia de tecnología, aumentó los precios y generó desigualdad en el acceso global.

En España, se vivió con frustración el retraso y la escasa apuesta por un modelo propio de vacuna pública. Algunos proyectos liderados desde el CSIC y otras instituciones avanzaron con dificultades, sin el respaldo político y económico necesario para competir con las grandes farmacéuticas.

La lección es clara: la innovación financiada con fondos públicos debe generar productos de acceso público, sin barreras económicas ni patentes que dificulten su distribución. La producción nacional de vacunas y medicamentos esenciales debe ser una prioridad estratégica y sanitaria, no solo industrial.

Fijación de precios: el debate que nadie quiere abrir

Uno de los aspectos más opacos del sistema farmacéutico es la fijación de precios de nuevos medicamentos. Las compañías argumentan que los precios reflejan el coste de la innovación, pero rara vez se hacen públicos los costes reales de investigación y desarrollo. Además argumentan que la confidencialidad en los acuerdos permite a países más pobres negociar precios más ventajosos.

En los últimos años, varios medicamentos aprobados en España (especialmente tratamientos oncológicos o terapias avanzadas) han alcanzado precios de más de 100.000 euros por paciente, lo que obliga al sistema público a limitar su uso o a negociar acuerdos confidenciales.

Esta situación puede poner en tensión la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y obliga a repensar el equilibrio entre incentivar la innovación y garantizar el acceso universal.

Hacia una soberanía sanitaria europea y nacional

La pandemia impulsó en la Unión Europea el concepto de “soberanía sanitaria”, es decir, la capacidad de producir, almacenar y distribuir los insumos médicos y farmacéuticos esenciales sin depender totalmente de terceros países.

España, como parte de esta estrategia, debe:

• Reforzar su capacidad industrial en medicamentos estratégicos.
• Apoyar alianzas público-privadas transparentes y con retorno social garantizado.
• Dotar de recursos estables y estructurales a su sistema público de I+D biomédica.
• Promover licencias abiertas, patentes compartidas y cooperación científica internacional.

Un medicamento estratégico es aquel cuya falta podría tener consecuencias graves para los pacientes y para el sistema sanitario. Estos fármacos son esenciales porque no disponen de alternativas terapéuticas eficaces o porque se emplean en situaciones de urgencia vital. Se trata, en definitiva, de medicamentos cuya ausencia sería inadmisible para un país que aspire a proteger a su población. Y, además suelen tener una característica común: son baratos y sus precios no han subido en términos generales por lo que deberían ser excluidos de las medidas generales de ahorro, no aplicándose para ellos descuentos, subastas o incluirles en el sistema de precios de referencia. Es decir, deberían ser incentivados para permanecer en el mercado.

Recuperar lo público: una agenda para el acceso

Garantizar el acceso equitativo a medicamentos y vacunas en España y a nivel global requiere:

• Exigir transparencia en los contratos públicos con la industria farmacéutica.
• Condicionar la financiación pública a cláusulas de acceso asequible.
• Impulsar centros públicos de producción de medicamentos esenciales, especialmente para enfermedades desatendidas.
• Reforzar la evaluación independiente de medicamentos desde agencias públicas como la AEMPS y fomentar la investigación clínica pública.
• Potenciar mecanismos multilaterales como el Medicines Patent Pool o iniciativas europeas de compra conjunta con criterios sociales.

La salud no es un negocio: es un derecho

En un contexto donde las amenazas sanitarias son globales y los recursos públicos son limitados, resulta inaceptable que el acceso a medicamentos y vacunas dependa de la capacidad de pago o de la lógica del beneficio privado.

La innovación debe estar al servicio de la vida, y no del mercado. Eso implica cambiar el modelo, democratizar la investigación y poner la salud pública en el centro.

Lo que está en juego no es solo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, sino la dignidad y la equidad de las sociedades democráticas.