La educación ha sido, desde la aprobación de la Constitución de 1978, uno de los pilares fundamentales del pacto democrático en España. El artículo 27 consagra el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Desde entonces, la escolarización universal hasta los 16 años, la extensión de la universidad y la progresiva integración en las dinámicas europeas han transformado la sociedad española de manera profunda.
En apenas cuatro décadas, España ha pasado de tasas de analfabetismo notables a situarse en los estándares europeos de cobertura educativa. La proporción de jóvenes que acceden a la educación superior ha crecido de forma sostenida y la presencia de la mujer en todos los niveles educativos se ha normalizado. Sin embargo, el balance no es plenamente satisfactorio: a pesar de los avances, persisten desafíos estructurales que condicionan el futuro.
Este artículo introductorio se propone enmarcar el sistema educativo español actual y señalar algunas de las tensiones más significativas que enfrenta: la insuficiente dotación presupuestaria; la inflación legislativa y la inestabilidad normativa; la descoordinación derivada del reparto competencial; el avance de la privatización; y, de fondo, la persistencia de desigualdades y exclusiones que limitan el carácter verdaderamente universal del derecho a la educación.
El espejo europeo y global: una comparación necesaria
España no puede analizarse al margen de su entorno. En el marco de la Unión Europea y de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el derecho a la educación se concibe como un derecho humano básico y, al mismo tiempo, como una palanca para el desarrollo económico, social y democrático. El ODS 4 de la Agenda 2030 plantea la necesidad de garantizar “una educación inclusiva, equitativa y de calidad” para todas las personas.
En ese escenario, España presenta luces y sombras. Entre las luces, destacan la universalización de la enseñanza obligatoria y gratuita, la reducción de la brecha de género en el acceso, y la apuesta creciente por la educación inclusiva para alumnado con necesidades especiales. Entre las sombras, sobresalen el abandono escolar temprano, todavía de los más altos de la UE, las fuertes diferencias entre comunidades autónomas, y una creciente segregación entre la educación pública y la privada concertada.
La cuestión presupuestaria: invertir o resignarse
Uno de los grandes desafíos del sistema educativo español es su insuficiente dotación financiera. La inversión pública en educación ronda el 4,53 % (2023) del PIB, lejos del 6 % recomendado por organismos internacionales y de la media de países europeos con los que España aspira a compararse.
Las consecuencias son visibles: plantillas docentes con altos niveles de interinidad, infraestructuras desiguales, recursos limitados para atender a la diversidad, o dificultades para extender de forma universal la educación de 0 a 3 años. En tiempos de transformación digital, esta carencia se nota especialmente en la brecha tecnológica: no todas las escuelas tienen acceso suficiente a dispositivos, conectividad o formación docente en competencias digitales.
El debate no es únicamente contable. Se trata de una elección política y social: ¿queremos un sistema que garantice igualdad real de oportunidades o aceptamos que la calidad de la educación dependa cada vez más del poder adquisitivo de las familias?
Inflación legislativa e inestabilidad normativa
En cuatro décadas de democracia, España ha tenido ocho grandes leyes orgánicas de educación, a las que se suman innumerables reformas parciales. Cada cambio de signo político en el gobierno ha venido acompañado de una nueva ley, lo que ha generado una sensación de “inestabilidad crónica” entre el profesorado, las familias y el alumnado.
Esta inflación legislativa ha provocado dos efectos perniciosos. En primer lugar, la dificultad de evaluar de manera sostenida las políticas: cuando un modelo comienza a asentarse, es sustituido por otro. En segundo lugar, la desmotivación de docentes y directivos escolares, que se ven obligados a adaptarse a reformas curriculares continuas sin un horizonte claro de estabilidad.
Lo paradójico es que, a pesar de tantos cambios, algunos de los problemas de fondo como la desigualdad social en los resultados educativos o el abandono escolar temprano, permanecen prácticamente intactos.
Descoordinación territorial y reparto de competencias
La descentralización educativa en España responde a la lógica autonómica del Estado. Las comunidades autónomas gestionan competencias amplias en materia de educación, lo que ha permitido adaptar currículos, lenguas y modelos organizativos a la diversidad cultural y lingüística del país.
Sin embargo, este modelo también ha generado fuertes tensiones. Las diferencias en la inversión por alumno entre comunidades, la fragmentación en la política de becas, o la disparidad en programas como la extensión del 0-3, muestran un mapa desigual. En ocasiones, la movilidad del alumnado entre comunidades se ve dificultada por currículos no homologables.
La pregunta de fondo es cómo compatibilizar autonomía territorial y cohesión educativa. El derecho a la educación debería garantizarse con los mismos mínimos de calidad en todo el país, evitando que el código postal determine las oportunidades vitales de un niño o una niña.
Privatización y concertación: un modelo en disputa
Uno de los rasgos diferenciales del sistema español es el peso de la enseñanza concertada, financiada con fondos públicos pero gestionada privadamente. Más de uno de cada cuatro alumnos está escolarizado en centros concertados, un porcentaje muy superior al de la media europea.
Los defensores del modelo argumentan que amplía la libertad de elección de las familias y descarga al sistema público. Los críticos señalan que, en la práctica, contribuye a la segregación escolar, pues los centros concertados tienden a escolarizar menos alumnado con necesidades educativas especiales o de origen migrante.
La expansión de la educación privada pura, aunque minoritaria, añade otro nivel de desigualdad: la brecha entre quienes acceden a colegios de élite y quienes dependen del sistema público. Esta dualidad erosiona el carácter de la educación como bien común y como espacio de convivencia social.
Exclusión y desigualdades persistentes
Más allá de la estructura institucional, la gran amenaza al derecho a la educación en España es la persistencia de desigualdades sociales, territoriales y culturales.
El abandono escolar temprano afecta todavía al 13 % de los jóvenes, con tasas mucho más altas en comunidades concretas y entre alumnado de origen inmigrante o de familias con bajo nivel socioeconómico. El rendimiento escolar está fuertemente correlacionado con la renta de las familias, lo que contradice la promesa de igualdad de oportunidades.
A estas desigualdades se suman otras: la brecha digital, que se evidenció con crudeza durante la pandemia de la COVID-19; las dificultades de inclusión del alumnado con discapacidad en entornos ordinarios; o la falta de atención suficiente a la diversidad cultural y lingüística de un país cada vez más plural.
Una encrucijada hacia 2030
El panorama descrito muestra un sistema educativo que, pese a los avances, se encuentra en una encrucijada. España ha logrado garantizar la escolarización básica, pero no ha resuelto los problemas estructurales que limitan el pleno ejercicio del derecho a la educación.
De cara a 2030, los retos son claros:
- Incrementar la inversión educativa hasta situarla en la media europea.
- Estabilizar el marco normativo, buscando un pacto de Estado que dé continuidad a las políticas.
- Reducir las desigualdades territoriales, reforzando la cohesión del sistema.
- Replantear la relación entre lo público y lo concertado, para evitar dinámicas de segregación.
- Luchar contra el abandono escolar y la exclusión social, mediante políticas predistributivas y de apoyo integral.
Para abrir el debate
Este artículo introductorio no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino abrir preguntas para el debate ciudadano:
- ¿Queremos un sistema educativo que sea un verdadero ascensor social o asumimos que reproducirá desigualdades?
- ¿Debe la educación ser ante todo un servicio público garantizado por el Estado, o un bien de consumo donde las familias “eligen” según sus recursos?
- ¿Estamos dispuestos a invertir lo necesario para que cada niño y niña, con independencia de su origen, pueda desarrollar su potencial?
Responder a estas preguntas es esencial para entender qué educación queremos en la España de 2030. La educación no es solo un derecho individual: es también la condición fundamental para avanzar en la prosperidad de una sociedad democrática, justa y cohesionada.