La educación española ha protagonizado avances indudables: la escolarización universal, la extensión de la educación superior, la inclusión progresiva de alumnos con necesidades especiales. Sin embargo, los logros alcanzados conviven con desigualdades persistentes y con una amenaza estructural: el debilitamiento progresivo de la red pública frente al crecimiento de la oferta privada y concertada.
Este número de Desafíos 2030 ha mostrado cómo, en cada etapa, el derecho a la educación tropieza con límites materiales (financiación insuficiente), institucionales (inestabilidad normativa y falta de coordinación entre comunidades autónomas) y sociales (brechas de renta, segregación escolar, diferencias territoriales). En el caso universitario, se añade una dinámica preocupante: la expansión acelerada de universidades privadas frente al estancamiento de la red pública, que reconfigura el equilibrio del sistema.
La educación no puede ser entendida como un bien de consumo sujeto a la lógica del mercado: es un derecho fundamental y un bien común. De ahí que la defensa y el fortalecimiento de lo público deban situarse en el centro de cualquier propuesta seria de reforma.
1. Inversión educativa: alcanzar y superar el 6 % del PIB
La educación española no puede seguir funcionando con niveles de inversión por debajo de la media europea. Situar el gasto educativo en al menos el 6 % del PIB es condición necesaria para reforzar todas las etapas, con especial atención a la pública y a la reducción de desigualdades.
2. Pacto social y estabilidad normativa
Es imprescindible dotar de estabilidad normativa y regulatoria los aspectos estructurantes del sistema educativo, con independencia de los cambios de gobierno.
3. Defensa de la educación pública como eje vertebrador
El sector público debe ser el garante de la universalidad y la equidad. No basta con convivir con la red privada y concertada: hay que blindar la prioridad de la escuela pública, garantizando su suficiencia de recursos, su gratuidad real y su capacidad de innovación.
4. Regulación estricta de la red concertada y privada
Es necesario revisar el modelo de conciertos para evitar prácticas selectivas que generan segregación. La concertada debe estar sometida a los mismos criterios de admisión, transparencia y rendición de cuentas que la pública. La privada, por su parte, no debe ocupar los espacios que deja una red pública infrafinanciada, sino complementar el sistema bajo criterios claros de interés general.
5. Universalización del 0-3 y refuerzo de la primaria
El acceso gratuito y universal a la educación de 0 a 3 años es una de las políticas más eficaces para combatir desigualdades desde el inicio. La primaria debe contar con más recursos, reducción de ratios y programas de refuerzo que aseguren la adquisición plena de competencias básicas.
6. Secundaria inclusiva y orientadora
La secundaria no puede seguir siendo el punto de fuga donde se concentra el fracaso escolar. Hace falta reforzar la orientación académica y profesional, reducir la repetición de curso y crear itinerarios flexibles que no segreguen al alumnado según su origen social.
7. Formación Profesional dignificada y estratégica
La FP debe dejar de ser un itinerario de segunda categoría. Se necesita habilitar más plazas en sectores emergentes (digitalización, cuidados, transición ecológica), impulsar la expansión de la FP Dual con garantías de calidad y desarrollar campañas de comunicación para mejorar su percepción por parte de la sociedad.
8. Universidad pública: financiación y democratización del acceso
La universidad pública no puede seguir con una financiación crónicamente insuficiente (en torno al 0,79% del PIB). Es necesario un refuerzo presupuestario estable. La igualdad de oportunidades en educación superior exige que la renta no condicione el acceso ni la permanencia. El objetivo inmediato (quedan cinco años) es alcanzar en 2030 el 1% del PIB en gasto educativo. Lo marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
9. Proliferación de universidades privadas: riesgos y regulación
El dato es claro: en los últimos diez años, el crecimiento neto del sistema universitario ha estado protagonizado casi exclusivamente por el sector privado, mientras la red pública permanecía estable. Este fenómeno responde, en parte, a la incapacidad de la pública para ampliar plazas y títulos ante la demanda, fruto de su infrafinanciación.
Las privadas aprovechan los huecos que deja el sistema público en tres frentes:
- Notas de corte altísimas en titulaciones tensionadas (como Medicina o Psicología), que expulsan a estudiantes con expedientes brillantes pero insuficientes por décimas.
- Escasez de plazas en másteres habilitantes, imprescindibles para ejercer profesiones como la docencia o la psicología sanitaria.
- Modalidades online y semipresenciales donde la pública avanza más lentamente.
El resultado es un sistema dual: público, masivo pero tensionado, y privado, expansivo pero accesible solo a quienes pueden pagarlo. Esto introduce un criterio de renta en el acceso a profesiones reguladas, lo que desvirtúa el principio de igualdad de oportunidades.
Propuesta: regular la expansión privada para evitar duplicidades innecesarias, exigir estándares de calidad y, sobre todo, reforzar la red pública para que no quede en desventaja estructural.
10. Másteres habilitantes: servicio público esencial
Los másteres que habilitan para ejercer profesiones reguladas deben ser entendidos como parte del derecho a la educación. La oferta pública debe ampliarse drásticamente y sus precios deben ser accesibles, con becas suficientes para garantizar que nadie quede excluido.
11. Carrera profesional docente
Reformar la formación inicial, reforzar las prácticas y reducir la precariedad. La docencia debe contar con una carrera profesional escalonada que premie la innovación y la formación continua.
12. Ciudadanía mundial y sostenibilidad en el currículo
El currículo debe integrar de forma transversal la educación para la sostenibilidad, los derechos humanos, la igualdad y la ciudadanía global, sin relegarlos a asignaturas marginales.
13. Alfabetización mediática y digital como alfabetización básica
En la era de la desinformación, la alfabetización mediática es esencial. Debe formar parte del currículo desde primaria, con formación específica para el profesorado.
14. Reducción de desigualdades territoriales
Las diferencias autonómicas en recursos y resultados son inaceptables. El Estado debe garantizar un suelo común de calidad mediante financiación redistributiva y programas de cohesión.
15. Evaluación justa y aprendizaje significativo
El sistema de evaluación debe combinar la garantía de estándares comunes con una valoración real de competencias y aprendizajes significativos. El objetivo no puede ser preparar para pruebas estandarizadas, sino para la vida ciudadana, social y laboral.
Conclusión
El futuro de la educación en España depende de una decisión fundamental: apostar por una red pública fuerte, equitativa y de calidad, o resignarse a un modelo dual donde el derecho a la educación se fragmente en función de la renta y del territorio.
La proliferación de universidades privadas, la escasez de plazas en másteres habilitantes, la infrafinanciación crónica y la segregación escolar no son fenómenos aislados: son síntomas de un sistema que necesita una reforma estructural.
El horizonte 2030 puede ser una oportunidad histórica para consolidar un modelo inclusivo y sostenible. Pero ello exige voluntad política, compromiso social y un pacto intergeneracional: invertir en educación pública como la mejor garantía de igualdad, democracia y futuro compartido.
Preguntas para el debate
- ¿Debe limitarse el crecimiento de la universidad privada o regularse de manera más estricta?
- ¿Cómo garantizar que los másteres habilitantes sean accesibles en la red pública?
- ¿Es realista alcanzar el 6 % del PIB en educación antes de 2030?
- ¿Qué papel debe jugar la escuela pública en un sistema mixto con concertada y privada?
- ¿Cómo asegurar estabilidad regulatoria en un contexto político polarizado?