Enfermedades transmisibles: aprender del pasado, proteger el futuro

Las enfermedades transmisibles, desde las infecciones respiratorias comunes hasta virus emergentes como el SARS-CoV-2, siguen siendo una amenaza constante para la salud pública. Aunque en países de ingresos altos como España han sido parcialmente desplazadas por enfermedades crónicas no transmisibles como causa principal de mortalidad, la pandemia de COVID-19 reabrió los ojos al riesgo permanente que representan y a las brechas de preparación y respuesta.

La lección es clara: la amenaza de las enfermedades infecciosas nunca desaparece del todo. Solo cambia de forma, y exige sistemas sanitarios resilientes, vigilancia activa, prevención eficaz y, sobre todo, una fuerte inversión en salud pública.

Una historia de éxitos… y advertencias

España ha logrado avances notables en la lucha contra algunas enfermedades transmisibles:

• La vacunación sistemática ha permitido eliminar enfermedades como la poliomielitis y el sarampión autóctono, aunque este último ha reaparecido esporádicamente por la bajada de coberturas.
• Las campañas de prevención han reducido significativamente la transmisión del VIH en algunos grupos, aunque se detectan aún más de 3.000 nuevos casos al año, muchos de ellos con diagnóstico tardío.
• La tuberculosis, históricamente prevalente, ha descendido, pero España sigue teniendo una de las tasas más altas de Europa Occidental (7,7 casos por 100.000 habitantes en 2022).

Pero estos éxitos no deben ocultar las nuevas amenazas: resistencias antimicrobianas, reemergencia de enfermedades vectoriales (como el dengue), brotes de hepatitis A o viruela del mono (mpox), y el potencial pandémico de virus zoonóticos como el H5N1 o nuevos coronavirus.

Las resistencias antimicrobianas: una pandemia silenciosa

Uno de los mayores riesgos para la salud global es la resistencia a los antibióticos y otros antimicrobianos. La OMS ya la ha calificado como una de las diez amenazas más graves para la salud humana.

En España, el uso excesivo e inadecuado de antibióticos, tanto en medicina humana como en ganadería, ha contribuido a un aumento alarmante de cepas resistentes. Se estima que en nuestro país mueren más de 4.000 personas al año por infecciones resistentes, una cifra superior a la de los accidentes de tráfico.

Frente a este fenómeno, se han implementado planes nacionales de vigilancia y uso racional, como el PRAN (Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos), pero aún falta una estrategia sostenida y multisectorial, con formación a profesionales, regulación del mercado y concienciación ciudadana.

Vigilancia epidemiológica: necesidad de coordinación

Uno de los puntos débiles que evidenció la pandemia de COVID-19 en España fue la falta de un sistema de vigilancia epidemiológica robusto, ágil y bien coordinado entre comunidades autónomas.

El sistema español está descentralizado, y aunque esto permite cierta capacidad de adaptación territorial, también ha generado problemas de interoperabilidad de datos, diferencias en protocolos y retrasos en la respuesta a brotes.

En este contexto, el Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Esta aprobación representa un hito fundamental para el Sistema Nacional de Salud al establecer un nuevo organismo diseñado para reforzar la capacidad de respuesta del país ante futuras crisis sanitarias y mejorar la vigilancia y evaluación de los problemas de salud de la población.

La AESAP asumirá funciones técnicas clave del Ministerio de Sanidad, tales como:

• Reforzar la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante emergencias sanitarias.
• Coordinar y evaluar la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública.
• Incorporar un enfoque integral y multidisciplinar, conocido como “Una sola salud” (One Health), que considera la relación entre salud humana, animal y medioambiental.
• Promover políticas basadas en la equidad y el bienestar social.

Su éxito dependerá de que disponga de financiación estable, personal especializado y capacidad real de coordinación interterritorial, evitando que se convierta en un órgano meramente consultivo.

La salud pública no es solo un “plan B”

La experiencia reciente ha puesto de relieve que la salud pública no puede seguir siendo el hermano pobre del sistema sanitario. Durante años, las estructuras de prevención, vigilancia y respuesta estuvieron infrafinanciadas, con plantillas menguadas y poco reconocimiento institucional.

Invertir en salud pública significa:

• Fortalecer laboratorios de referencia y redes de detección precoz.
• Impulsar programas de vacunación universales y equitativos.
• Garantizar el acceso rápido a pruebas diagnósticas, tratamientos y medidas de aislamiento o profilaxis postexposición.
• Promover la educación sanitaria y la participación comunitaria como parte de la respuesta.

Dimensión global, impacto local

En un mundo interconectado, la lucha contra enfermedades transmisibles requiere cooperación internacional. El acceso equitativo a vacunas, antivirales y tratamientos, como se evidenció durante la pandemia, no está garantizado.

España, como miembro de la UE y actor en cooperación internacional, debe seguir apoyando mecanismos como:

• COVAX y otras iniciativas de acceso global a vacunas.
• Programas del Fondo Mundial para el VIH, la tuberculosis y la malaria.
• Alianzas en el marco de la salud global y el enfoque One Health.

Además, es fundamental garantizar que las estrategias nacionales se alineen con los compromisos internacionales, pero adaptadas a las realidades sociales, culturales y territoriales de nuestro país.

Prepararse no es alarmismo: es responsabilidad

Las enfermedades transmisibles seguirán siendo una constante en el siglo XXI. No se trata de vivir en estado de alarma, sino de dotar al sistema de herramientas estructurales y estables para anticiparse, responder y proteger sin colapsar.

Los brotes no se pueden evitar siempre. Lo que sí se puede y se debe hacer es reducir su impacto, proteger a los más vulnerables y garantizar el derecho a la salud para toda la población, sin importar su lugar de residencia o situación legal.

Salud pública: una cuestión de justicia y de futuro

Invertir en prevención y control de enfermedades transmisibles no es un lujo ni una opción secundaria, sino una medida de justicia sanitaria y de sostenibilidad del sistema. No hay país justo si hay vidas en riesgo por infecciones evitables, ni sistema sólido si el único plan es improvisar cuando el daño ya está hecho.

La siguiente pandemia o el siguiente brote no es una hipótesis: es una certeza. La cuestión es si estaremos preparados para responder con rapidez, equidad y humanidad.