Cuando pensamos en cooperación al desarrollo, lo primero que suele venir a la mente son proyectos de educación, salud o infraestructuras financiados con ayuda internacional. Sin embargo, la realidad es más compleja. La cantidad de recursos movilizados por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es relativamente modesta si se compara con el impacto que tienen otras políticas (comerciales, fiscales, migratorias, medioambientales o de seguridad) sobre los países en desarrollo.
De ahí surge el concepto de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), una idea que invita a mirar más allá de la ayuda y a examinar cómo todas las decisiones de política pública influyen en las posibilidades de desarrollo sostenible en el mundo. Este artículo explora el origen, los avances y los desafíos de la CPD en el ámbito internacional, europeo y español.
El origen del concepto
El término CPD empezó a tomar fuerza en los años noventa, cuando se comprobó que la ayuda destinada a apoyar el desarrollo en un país podía quedar neutralizada por otras políticas que actuaban en sentido contrario.
Algunos ejemplos claros:
- Un país europeo financia proyectos agrícolas en África subsahariana, pero al mismo tiempo mantiene subsidios a su agricultura que distorsionan los precios y dificultan la competitividad de los productores africanos.
- Se promueven programas de formación universitaria en países del Sur, mientras que las políticas migratorias restrictivas impiden la movilidad laboral cualificada.
- Se financian proyectos de salud, pero las normas internacionales de propiedad intelectual encarecen el acceso a medicamentos.
Estos y otros casos evidenciaron que la cooperación debía ir más allá de la ayuda, planteándose como un enfoque transversal que involucra a todos los ámbitos de la política pública.
De la teoría a la práctica: instituciones y compromisos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), fue una de las primeras en promover la CPD como principio rector. En 2002, la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible subrayó la necesidad de coherencia entre políticas económicas, sociales y ambientales.
En el ámbito europeo, la Unión Europea incorporó en el Tratado de Lisboa (2009) la obligación de garantizar la coherencia de sus políticas con los objetivos de desarrollo. Desde entonces, la UE ha publicado informes periódicos de seguimiento, aunque con resultados desiguales.
España, por su parte, incluyó la CPD como principio básico en la Ley de Cooperación Internacional de 1998 y lo ha reforzado en la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (2022), que habla explícitamente de “coherencia de políticas para el desarrollo sostenible”.
La Agenda 2030 y el salto cualitativo
La aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 dio un nuevo impulso a la CPD. El ODS 17 habla de “coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible”, reconociendo que el éxito de la Agenda depende de la alineación de políticas en ámbitos como comercio, medio ambiente, energía, migraciones o fiscalidad.
La Agenda 2030 supone un salto cualitativo porque plantea que la coherencia no es solo entre países donantes y receptores, sino también dentro de cada sociedad. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza en España está ligada a políticas de empleo, vivienda o igualdad, del mismo modo que el combate al cambio climático requiere coherencia entre energía, transporte y agricultura.
Ámbitos clave de incoherencia
Aunque la idea de CPD está ampliamente aceptada, en la práctica persisten incoherencias notables. Entre las más relevantes destacan:
- Comercio y agricultura: los subsidios agrícolas de la Unión Europea dificultan la competitividad de productores de países del Sur, especialmente en África.
- Migraciones y movilidad: las restricciones migratorias chocan con los discursos de codesarrollo y con la necesidad de mano de obra en sectores estratégicos.
- Fiscalidad internacional: la evasión y elusión fiscal de multinacionales priva a los países en desarrollo de miles de millones de dólares que podrían destinarse a servicios públicos.
- Cambio climático y energía: mientras se financian proyectos de adaptación en el Sur, algunos países continúan exportando combustibles fósiles o financiando infraestructuras contaminantes.
- Seguridad y exportación de armas: los programas de paz y gobernanza pueden verse comprometidos si los países donantes venden armamento a regímenes autoritarios o a zonas en conflicto.
La experiencia europea
La Unión Europea es uno de los actores que más ha impulsado la CPD, al menos en el plano normativo. Sus informes bienales de coherencia examinan cómo las políticas comunitarias afectan a los países en desarrollo.
Algunos avances:
- Inclusión de cláusulas de sostenibilidad en acuerdos comerciales.
- Programas para facilitar la migración circular y la transferencia de remesas.
- Compromisos en materia de reducción de emisiones y financiación climática.
Sin embargo, también abundan las contradicciones: la externalización del control migratorio hacia países del norte de África, la política pesquera europea en aguas africanas, o la exportación de armas a países con conflictos abiertos.
El caso español
España ha incorporado la CPD en sus marcos normativos y de planificación, pero la práctica muestra todavía importantes retos.
En 2014 se creó la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CICID), concebida como espacio para coordinar a los distintos ministerios y garantizar la coherencia. Sin embargo, su capacidad real ha sido limitada, debido a la falta de recursos y de mecanismos de seguimiento efectivos.
Ejemplos de incoherencias en la política española:
- Venta de armas a países implicados en conflictos, como Arabia Saudí en Yemen.
- Tensiones entre políticas migratorias restrictivas y programas de codesarrollo con comunidades migrantes.
- Contradicciones entre políticas energéticas que siguen apoyando combustibles fósiles y compromisos climáticos internacionales.
La nueva ley de 2022 refuerza el principio de coherencia y prevé mecanismos de evaluación, pero su implementación efectiva dependerá de la voluntad política y de la presión de la sociedad civil.
La sociedad civil como motor de coherencia
Las ONGD y movimientos sociales han sido actores clave en la promoción de la CPD, señalando incoherencias y exigiendo mayor transparencia. Campañas como “No con mi dinero”, que denuncia la venta de armas a países en conflicto, o iniciativas sobre comercio justo y fiscalidad responsable, han contribuido a visibilizar el impacto de políticas aparentemente ajenas al desarrollo.
Las universidades y centros de investigación también han desempeñado un papel importante, elaborando estudios comparativos y metodologías para evaluar la coherencia. España cuenta con observatorios y grupos académicos que producen informes periódicos sobre la materia.
Desafíos para avanzar en coherencia
A pesar de los avances normativos, lograr una verdadera coherencia sigue siendo una tarea compleja. Algunos de los principales desafíos son:
- Fragmentación institucional: cada ministerio tiene sus propias prioridades y resistencias.
- Presiones económicas y geopolíticas: los intereses comerciales, energéticos o de seguridad a menudo priman sobre los compromisos de desarrollo.
- Falta de indicadores claros: evaluar la coherencia no es sencillo; se requieren herramientas de medición y seguimiento comparables.
- Déficit de voluntad política: la CPD exige decisiones valientes que a veces suponen costes políticos en el corto plazo.
- Necesidad de participación ciudadana: sin una ciudadanía informada y exigente, la coherencia corre el riesgo de quedar en meras declaraciones.
Mirando hacia el futuro: coherencia para la sostenibilidad
La CPD no es un lujo académico ni un ideal utópico. Es una condición indispensable para enfrentar los retos globales: la emergencia climática, la desigualdad creciente, las migraciones, las pandemias. Sin coherencia, la ayuda puede convertirse en un parche, incapaz de revertir dinámicas estructurales.
El futuro de la cooperación española y europea pasa necesariamente por reforzar la coherencia, integrando la perspectiva de desarrollo sostenible en todas las áreas de gobierno. Esto implica, entre otras cosas, revisar las políticas de exportación de armas, garantizar la fiscalidad justa, avanzar hacia una transición energética equitativa y reconocer la movilidad humana como derecho y oportunidad.
Conclusión
La coherencia de políticas para el desarrollo nos recuerda que la solidaridad no se mide solo en euros de ayuda, sino también en las reglas de comercio, en las leyes migratorias, en la fiscalidad internacional o en la política energética. Es, en definitiva, un espejo que refleja hasta qué punto estamos dispuestos a alinear nuestros intereses nacionales con los desafíos globales de justicia y sostenibilidad.
España y la Unión Europea han dado pasos importantes, pero aún queda un largo camino por recorrer. La CPD no debe entenderse como un añadido a la cooperación, sino como su condición de posibilidad: sin coherencia, no hay desarrollo sostenible.
Preguntas para el debate
- ¿Tiene sentido hablar de cooperación si las políticas comerciales, migratorias o energéticas contradicen sus objetivos?
- ¿Cómo puede un país garantizar coherencia entre ministerios con intereses distintos?
- ¿Qué ejemplos de incoherencia entre políticas y cooperación conoces en la UE o en España?
- ¿Deberían existir mecanismos legales para obligar a cumplir la coherencia de políticas?
- ¿Qué papel puede jugar la sociedad civil en vigilar la coherencia?