Cada vez que estalla una crisis o un conflicto armado, los gobiernos enfrentan el mismo dilema: ¿cómo garantizar la seguridad de la población sin sacrificar derechos fundamentales? La historia muestra que, en momentos de guerra o amenaza, las democracias tienden a restringir libertades en nombre de la seguridad nacional.
Hoy, este dilema se vuelve especialmente relevante. El terrorismo global, la guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina, los ciberataques y la ola de populismos autoritarios han llevado a muchos países europeos, incluida España, a reforzar la lógica securitaria. Sin embargo, ¿hasta qué punto estas medidas protegen realmente a la ciudadanía? ¿Y qué consecuencias tienen para la calidad democrática?
Seguridad: ¿concepto amplio o reductivo?
El término seguridad suele asociarse con el control militar y policial. Pero los expertos en estudios de paz, como Johan Galtung o Barry Buzan, advierten que se trata de un concepto mucho más amplio: incluye la seguridad humana, entendida como protección frente a la pobreza, la enfermedad, la violencia de género, el hambre o la degradación ambiental.
El problema es que, en el discurso político dominante, la seguridad se reduce a seguridad nacional y seguridad fronteriza. Esta visión estrecha alimenta políticas de control, vigilancia y militarización, a menudo en detrimento de los derechos civiles.
El ciclo global de securitización
Desde los atentados del 11-S en 2001, el mundo ha entrado en un ciclo de securitización: fenómenos sociales (migración, protestas, crisis económicas) son tratados como amenazas a la seguridad. Las consecuencias han sido:
- Expansión del estado de excepción: leyes antiterroristas, detenciones sin juicio, vigilancia masiva.
- Militarización de la vida civil: uso del ejército en tareas de seguridad interior.
- Normalización de la vigilancia digital: desde cámaras en espacios públicos hasta la recolección masiva de datos en redes sociales.
Este ciclo no se limita a EE. UU. La Unión Europea ha adoptado directivas antiterroristas y ha reforzado agencias como Frontex. España aprobó en 2015 la llamada Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como “ley mordaza”), que amplió las facultades policiales y restringió derechos de manifestación.
El impacto de la guerra en Ucrania
La guerra en Ucrania ha acelerado estas tendencias. En nombre de la seguridad, Europa ha justificado:
- Un aumento histórico del gasto militar, en detrimento de presupuestos sociales.
- La restricción de libertades para manifestaciones prorrusas o críticas con la OTAN en algunos países.
- La censura mediática a canales considerados instrumentos de propaganda rusa.
Aunque muchas de estas medidas se presentan como excepcionales, tienden a consolidarse y a redefinir los límites de la libertad en democracia.
Palestina: el silencio como política
El genocidio palestino también muestra cómo los gobiernos europeos priorizan la seguridad y la geopolítica sobre los derechos humanos. La tibieza internacional frente a los bombardeos y bloqueos en Gaza refleja un doble estándar: mientras se defiende el derecho de Ucrania a la resistencia y la soberanía, se silencia la lucha de los palestinos por sobrevivir.
Esta incoherencia erosiona la credibilidad de las democracias y alimenta la percepción de que los derechos humanos son instrumentos selectivos, aplicados según intereses estratégicos.
España: entre el consenso y la polémica
En España, la cuestión seguridad vs. derechos se expresa en varios ámbitos:
- La ley mordaza ha sido objeto de críticas de organizaciones como Amnistía Internacional por restringir el derecho de reunión y manifestación.
- Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) funcionan como espacios opacos, donde migrantes en situación irregular son privados de libertad sin haber cometido delitos.
- La gestión de la frontera sur, con episodios como el de Melilla en 2022, ha suscitado denuncias por violaciones de derechos humanos.
Al mismo tiempo, el consenso político en torno al aumento del gasto militar muestra cómo la seguridad se ha convertido en un eje prioritario, incluso en un contexto de precariedad social.
La erosión de derechos en Europa
La deriva securitaria no es exclusiva de España. En toda Europa se observa:
- La criminalización de la protesta: desde los chalecos amarillos en Francia hasta los movimientos ecologistas en Alemania.
- El retroceso en derechos de asilo: externalización de fronteras hacia Turquía, Libia o Marruecos, donde se vulneran sistemáticamente los derechos de migrantes.
- El uso de tecnologías de control: reconocimiento facial, bases de datos biométricas y algoritmos de predicción policial.
El riesgo es que las democracias europeas normalicen prácticas autoritarias bajo la justificación de la seguridad.
La paradoja de la seguridad
El problema de fondo es la paradoja de la seguridad: cuanto más se invierte en control y militarización, más inseguridad subjetiva se genera en la ciudadanía. Las imágenes de muros, soldados y drones transmiten la sensación de vivir en un mundo amenazado.
Además, al destinar enormes recursos a la seguridad militar, se descuida la seguridad social y ambiental. El resultado es una ciudadanía protegida contra amenazas externas, pero vulnerable frente a la precariedad, el desempleo o la crisis climática.
Retos hacia 2030
El desafío es redefinir el equilibrio entre seguridad y derechos en las democracias. Hacia 2030, las prioridades deberían ser:
- Reorientar la seguridad hacia la seguridad humana, abordando pobreza, desigualdad y cambio climático como amenazas centrales.
- Garantizar transparencia y control democrático en las políticas de seguridad, evitando abusos policiales y militares.
- Reformar la ley mordaza en España para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protesta.
- Proteger los derechos de migrantes y refugiados, frente a la lógica securitaria que los criminaliza.
- Frenar la erosión del multilateralismo, impulsando un sistema internacional que priorice derechos humanos sobre intereses estratégicos.
Conclusión: seguridad con derechos o sin democracia
El dilema entre seguridad y derechos no es inevitable: puede resolverse ampliando el concepto de seguridad hacia una visión humana, integral y democrática. La verdadera seguridad no se logra con más muros ni más armas, sino con más justicia social, igualdad y respeto a los derechos fundamentales.
En el horizonte de 2030, las democracias se juegan su credibilidad. Si sacrifican libertades en nombre de la seguridad, corren el riesgo de convertirse en regímenes autoritarios de facto. Si, en cambio, logran proteger a la ciudadanía sin renunciar a los derechos, podrán ofrecer un modelo de paz sostenible y creíble.
En última instancia, la pregunta es clara: ¿queremos sociedades seguras porque están vigiladas o porque son justas?
Preguntas para el debate
- ¿Cómo redefinir el concepto de seguridad para incluir la seguridad humana?
- ¿Qué efectos tiene la “ley mordaza” en la calidad democrática de España?
- ¿Hasta qué punto es legítimo restringir libertades en nombre de la seguridad nacional?
- ¿Cómo combatir la percepción de inseguridad sin recurrir a la militarización?
- ¿Qué riesgos existen si Europa normaliza prácticas autoritarias en sus democracias?