En los debates sobre gobernanza solemos destacar el papel positivo que las empresas pueden desempeñar en la transición hacia sociedades más sostenibles y responsables. Sin embargo, existe también un lado oscuro: cuando las corporaciones utilizan su poder económico para influir en decisiones públicas en beneficio propio, erosionando la democracia, debilitando instituciones y socavando la confianza ciudadana.
Este fenómeno recibe el nombre de captura del Estado: una situación en la que el sector privado, mediante lobbies, puertas giratorias, financiación política o incluso prácticas corruptas, logra orientar las reglas del juego a su favor.
En Europa y en España, este problema no es anecdótico, sino estructural. Y constituye una amenaza directa para la buena gobernanza.
¿Qué entendemos por captura del Estado?
El Banco Mundial define la captura del Estado como el uso de poder e influencia por parte de élites económicas para moldear las políticas, leyes y regulaciones en su beneficio. No se trata solo de corrupción directa (sobornos), sino de formas sofisticadas de influencia que incluyen:
- Lobby intensivo: presión organizada sobre legisladores y reguladores.
- Puertas giratorias: tránsito de responsables públicos a empresas privadas (y viceversa).
- Evasión y elusión fiscal: estructuras financieras complejas que reducen la contribución tributaria.
- Monopolios y oligopolios: concentración de mercados que limita la competencia y condiciona decisiones políticas.
Casos paradigmáticos globales
La captura del Estado tiene expresiones en todos los continentes:
- América Latina: el caso Odebrecht reveló una red continental de sobornos para obtener contratos públicos.
- Estados Unidos: el lobby de la industria farmacéutica y armamentística es uno de los más poderosos, influyendo en decisiones de salud y política exterior.
- África: en varios países, el control de recursos naturales por parte de multinacionales se traduce en pactos con élites gobernantes a costa de la población.
En todos estos casos, la gobernanza se distorsiona: las decisiones no se toman en función del interés público, sino de intereses privados.
Europa: entre la regulación y la influencia corporativa
La Unión Europea ha tratado de regular la influencia de los lobbies mediante el Registro de Transparencia de la UE, donde deben inscribirse los grupos que quieren influir en instituciones comunitarias. Actualmente hay más de 12.000 organizaciones registradas, la mayoría vinculadas a intereses empresariales.
El problema es la asimetría de recursos: mientras grandes corporaciones cuentan con equipos permanentes en Bruselas, las ONG o colectivos ciudadanos tienen capacidades muy limitadas. Esto genera un desequilibrio que favorece la captura regulatoria.
En países como Hungría o Bulgaria, los fondos europeos han sido objeto de uso indebido en beneficio de élites empresariales ligadas a gobiernos autoritarios. En Alemania, la presión de la industria automotriz ha retrasado normativas ambientales más estrictas.
España: aforamientos, puertas giratorias y oligopolios
En el caso español, la relación entre empresas y poder político ha sido fuente constante de controversia:
- Aforamientos: como señalamos en el artículo anterior, la existencia de más de 250.000 personas aforadas crea un marco de privilegio que complica la persecución de casos de corrupción vinculados a la política y al sector privado.
- Puertas giratorias: numerosos ex ministros y altos cargos han pasado a consejos de administración de eléctricas, bancos o constructoras. La presencia de expresidentes del Gobierno en grandes empresas energéticas ha alimentado la percepción de favores cruzados.
- Oligopolios: sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o la banca están altamente concentrados, lo que limita la competencia y otorga a unas pocas empresas una enorme capacidad de presión sobre las decisiones políticas.
- Casos de corrupción: Gürtel, Púnica o los ERE mostraron cómo redes empresariales y políticas se beneficiaban mutuamente de contratos y favores.
La consecuencia es un círculo vicioso: el poder económico condiciona al político, y el político protege al económico, debilitando la confianza ciudadana.
Impacto sobre la democracia y la economía
La captura del Estado y la corrupción empresarial tienen efectos devastadores:
- Económicos: encarecen los contratos públicos, reducen la competencia y limitan la innovación.
- Sociales: incrementan desigualdades, ya que los beneficios se concentran en élites y los costos recaen en la ciudadanía.
- Políticos: erosionan la legitimidad democrática y alimentan la narrativa populista de que “todos los políticos son corruptos”.
- Internacionales: reducen la credibilidad del país y dificultan su capacidad de atraer inversiones responsables.
Respuestas regulatorias y ciudadanas
Combatir la captura del Estado requiere un enfoque integral:
- Regulación del lobby: España carece aún de una ley específica que obligue a registrar y transparentar todas las actividades de presión. Una normativa robusta es fundamental.
- Control de puertas giratorias: ampliar los plazos de incompatibilidad (actualmente dos años) y reforzar los mecanismos de supervisión.
- Competencia efectiva: romper oligopolios y garantizar mercados abiertos.
- Transparencia fiscal: exigir informes país por país a las multinacionales para detectar evasión fiscal.
- Fortalecer la sociedad civil: apoyar medios de investigación y organizaciones que fiscalicen las relaciones entre política y empresa.
Europa y España ante el reto 2030
La UE ha dado pasos en la dirección correcta, pero la presión de los lobbies empresariales sigue siendo enorme. España, por su parte, necesita reformas urgentes para recuperar la confianza ciudadana:
- Aprobar una ley integral del lobby.
- Reformar el sistema de aforamientos para evitar privilegios judiciales.
- Endurecer las sanciones por incumplimiento de incompatibilidades en puertas giratorias.
- Reforzar la independencia de organismos reguladores como la CNMC o el Tribunal de Cuentas.
Captura institucional avanzada: el papel del lawfare
La captura del Estado no se limita a la influencia sobre el poder legislativo o ejecutivo. También puede afectar al poder judicial, que debería ser el garante último del Estado de derecho. Aquí emerge la noción de lawfare: cuando el sistema judicial es instrumentalizado, consciente o inconscientemente, para servir a intereses económicos o políticos.
En este contexto, el lawfare puede funcionar como un mecanismo de captura institucional sofisticada:
- Empresas o élites utilizan procesos judiciales para hostigar a competidores o líderes políticos incómodos.
- Se filtran investigaciones en momentos estratégicos para influir en la opinión pública.
- Se sobredimensionan causas judiciales con fines mediáticos mientras otras irregularidades permanecen invisibles.
El efecto es doble: por un lado, se deslegitima la política democrática, y por otro, se protege a intereses empresariales o económicos consolidados que ven reforzado su poder en un marco judicial parcializado o instrumentalizado.
La consecuencia es que la corrupción deja de ser solo cuestión de sobornos o favores cruzados: se convierte en una trama institucionalizada en la que la justicia, en lugar de ser remedio, pasa a ser parte del problema.
Conclusión: el poder económico bajo control democrático
La gobernanza no puede reducirse a lo público frente a lo privado; debe ser un entramado en el que ambos esferas cooperen, pero bajo reglas claras y democráticas. Cuando el sector privado captura al Estado, la democracia se vacía de contenido.
De cara a 2030, el reto es construir un marco en el que las empresas actúen como aliadas de la sostenibilidad y la justicia social, no como beneficiarias de privilegios opacos. Solo así la gobernanza podrá sostenerse en un equilibrio sano entre Estado, mercado y ciudadanía.
El poder económico es indispensable, pero debe estar siempre subordinado al interés común. Ese es el núcleo de una gobernanza democrática real.
Preguntas para el debate
- ¿Qué formas adopta hoy la captura del Estado por intereses económicos?
- ¿Cómo afecta el lawfare a la legitimidad democrática y empresarial?
- ¿Qué mecanismos existen para blindar el poder judicial frente a la captura?
- ¿Cuál es la frontera entre influencia legítima de empresas y captura institucional?
- ¿Qué efectos tiene la captura del Estado en la confianza ciudadana en las instituciones?