En toda democracia, la transparencia es un principio fundamental: los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen sus representantes, cómo se gastan los recursos públicos y bajo qué criterios se toman las decisiones colectivas. La transparencia, sin embargo, no es un valor abstracto: se traduce en leyes, instituciones, prácticas administrativas y también en cultura política.
Se distinguen dos grandes dimensiones cuando se habla del principio de transparencia:
- Transparencia pasiva: el derecho de la ciudadanía a solicitar información pública.
- Transparencia activa: la obligación de las instituciones de publicar información de forma proactiva, sin necesidad de solicitud.
Ambas son pilares de la rendición de cuentas, es decir, de la capacidad de la sociedad de controlar a sus gobernantes y exigir responsabilidades. En un tiempo de desconfianza institucional y auge de populismos, la transparencia se convierte en una herramienta indispensable para sostener la gobernanza democrática.
¿Por qué importa la transparencia?
La transparencia cumple tres funciones esenciales:
- Fortalece la confianza ciudadana: saber qué ocurre detrás de las puertas del poder reduce sospechas de arbitrariedad o corrupción.
- Previene abusos: la publicación de datos financieros, contratos o agendas limita la discrecionalidad de gobernantes y funcionarios.
- Mejora la calidad de las decisiones: ciudadanos, periodistas y organizaciones sociales pueden detectar errores, proponer mejoras y vigilar el interés público.
En ausencia de transparencia, crece el riesgo de corrupción, opacidad y captura de las instituciones por intereses privados.
La transparencia pasiva: el derecho a saber
La transparencia pasiva se basa en el derecho de acceso a la información pública, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocido por más de 120 países mediante leyes específicas.
En España, la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno regula este derecho. Dispone que cualquier persona puede solicitar información pública a las administraciones sin necesidad de justificar interés personal ni dar explicaciones sobre el motivo de la petición.
Principios clave del derecho de acceso:
- Universalidad: cualquier persona, física o jurídica, puede ejercerlo.
- Amplitud: afecta a toda la información elaborada o custodiada por administraciones, organismos y entidades públicas.
- Gratuidad: en principio no tiene coste (salvo copias o soportes materiales).
- Limitaciones tasadas: solo se puede denegar el acceso por motivos concretos recogidos en la ley, como la seguridad nacional, la defensa, la prevención de delitos, la protección de datos personales o intereses económicos y comerciales.
Procedimiento:
- Plazo de respuesta: la administración debe contestar en un máximo de 1 mes (prorrogable otro más en casos complejos).
- Silencio administrativo: si no hay respuesta en plazo, se entiende desestimada la solicitud.
- Recurso: el solicitante puede recurrir ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano independiente encargado de garantizar este derecho.
Pese a los avances, existen limitaciones:
- En España, el silencio administrativo desestimatorio ha sido criticado porque desincentiva solicitudes.
- Persisten problemas de calidad y actualización en los portales de transparencia que no facilitan la información adecuada para el ejercicio efectivo del derecho de acceso.
- A nivel europeo, aunque el Reglamento 1049/2001 es avanzado, las instituciones de la UE aún restringen el acceso a ciertos documentos clave de negociación (ej. trilogos legislativos, acuerdos comerciales).
La transparencia activa: publicar antes de ser preguntados
La transparencia activa busca que la información pública no dependa solo de la iniciativa ciudadana. Gobiernos, parlamentos y organismos deben publicar de forma regular datos sobre:
- Presupuestos y ejecución del gasto.
- Contrataciones y licitaciones públicas.
- Agendas de altos cargos.
- Estadísticas e indicadores de políticas públicas.
La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que esta información debe cumplir con los siguientes principios:
- Accesibilidad tecnológica: los portales deben ser accesibles para todas las personas, cumpliendo estándares como la accesibilidad para personas con discapacidad.
- Publicidad permanente: la información debe estar accesible de forma estable y actualizada.
- Acceso gratuito y universal: cualquier persona puede consultarla sin tener que justificar un interés concreto.
- Formatos reutilizables: la información debe publicarse en formatos abiertos y estructurados, que permitan su reutilización y análisis (ej. hojas de cálculo, bases de datos).
- Veracidad y calidad: la información debe ser completa, clara y veraz, evitando opacidad o datos sesgados.
Para garantizar la accesibilidad, la Ley 19/2013 impone a todas las administraciones (Estado, CCAA, entes locales, organismos autónomos y entidades dependientes) la obligación de contar con un portal de transparencia en internet.
Estos portales deben cumplir con los siguientes estándares:
- Interoperabilidad: integrarse en la Plataforma de Intermediación de Datos y con otros sistemas de información pública.
- Centralización: ser la vía principal para publicar toda la información de transparencia activa.
- Usabilidad: estar diseñados para facilitar la búsqueda y comprensión de la información por parte de cualquier ciudadano.
- Actualización periódica: los datos deben revisarse y actualizarse con frecuencia para ser útiles.
Casos paradigmáticos: luces y sombras
- Suecia, pionera en el mundo, aprobó ya en 1766 la primera ley de acceso a documentos públicos. Su modelo combina transparencia activa con cultura institucional de apertura.
- Reino Unido introdujo en 2000 la Freedom of Information Act. Gracias a ella, periodistas y ciudadanos han destapado escándalos como los gastos indebidos de parlamentarios en 2009.
- España, aunque dio un paso importante en 2013, sigue enfrentando críticas por su bajo cumplimiento y falta de sanciones a las instituciones que incumplen.
- Unión Europea: la transparencia ha mejorado, pero los lobbies mantienen gran influencia en Bruselas. Las iniciativas como el Register of Lobbyists buscan limitar esa opacidad, aunque aún hay camino por recorrer.
Transparencia y lucha contra la corrupción
La transparencia no elimina la corrupción por sí sola, pero es una condición necesaria para combatirla. En América Latina, iniciativas como el portal de datos abiertos de México han permitido detectar irregularidades en contratos públicos. En Europa, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha recuperado millones de euros desviados gracias a auditorías basadas en información pública.
En España, diversos casos de corrupción han evidenciado cómo la falta de controles transparentes facilitó prácticas corruptas durante años. La lección es clara: cuando la información se oculta, la corrupción prolifera; cuando se abre, la corrupción se reduce o al menos se detecta antes.
El papel de la tecnología: oportunidades y riesgos
La digitalización ha multiplicado las posibilidades de transparencia: portales de datos abiertos, aplicaciones móviles de rendición de cuentas, plataformas ciudadanas de control presupuestario. Sin embargo, también plantea riesgos:
- Sobrecarga de información: publicar miles de documentos sin organización puede generar “opacidad por saturación”.
- Brecha digital: no toda la ciudadanía tiene acceso ni habilidades para usar los datos.
- Manipulación algorítmica: la selección de qué datos publicar y cómo presentarlos puede sesgar la percepción pública.
El reto es combinar apertura de datos con accesibilidad, pedagogía y garantías de integridad.
Transparencia en tiempos de crisis
Las crisis son pruebas de fuego para la transparencia. Durante la pandemia de la COVID-19, muchos gobiernos fueron acusados de opacidad en datos de mortalidad, contratos de material sanitario y decisiones de confinamiento. En España, la publicación tardía y fragmentada de datos alimentó la desconfianza ciudadana.
En contraste, países como Nueva Zelanda o Finlandia reforzaron la comunicación clara y la publicación inmediata de datos, lo que contribuyó a una mayor confianza social.
La lección es clara: en contextos de emergencia, la transparencia no es un lujo, sino una necesidad para mantener la legitimidad de las medidas adoptadas.
Retos pendientes en Europa y España
- Independencia de los órganos de control: España carece de una autoridad de transparencia con capacidad sancionadora equiparable a la de otros países europeos.
- Homogeneidad y accesibilidad: cada comunidad autónoma y municipio tiene portales propios con criterios distintos, lo que dificulta el acceso.
- Regulación del lobby: España no cuenta con una ley integral que regule la actividad de los grupos de presión, a diferencia de Bruselas o Washington.
- Transparencia judicial y parlamentaria: instituciones clave aún mantienen áreas opacas, como nombramientos o gestión presupuestaria.
Conclusión: más transparencia para más democracia
La transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones de los gobiernos, sino derechos fundamentales de la ciudadanía. Son el antídoto contra la corrupción, la desinformación y el desencanto democrático.
De cara a 2030, Europa y España enfrentan el desafío de pasar del discurso a la práctica: consolidar sistemas de transparencia activa y pasiva, dotar de independencia a las instituciones de control y garantizar que la información pública sea accesible, comprensible y útil para la ciudadanía.
Solo así la gobernanza democrática podrá sostenerse frente a los riesgos que hoy la amenazan y recuperar la confianza social perdida.
Preguntas para el debate
- ¿Qué diferencias prácticas existen entre transparencia activa y pasiva?
- ¿Cómo se puede garantizar que las leyes de transparencia tengan efectos reales y no solo simbólicos?
- ¿La transparencia excesiva puede afectar a la eficacia gubernamental o la privacidad?
- ¿Qué rol deberían jugar los medios de comunicación en el control de la transparencia institucional?
- ¿Qué lecciones puede aprender España de otros países europeos en materia de acceso a la información?