¿Quién decide sobre la energía? ¿Quién controla sus infraestructuras, define sus precios, elige sus fuentes? ¿Quién se beneficia de sus excedentes o asume los costes de sus impactos? Estas preguntas, habitualmente relegadas al debate técnico o empresarial, son en realidad profundamente políticas y democráticas. Porque la energía, como el agua, la tierra o el aire, es una condición básica para una vida digna, y su gestión afecta directamente al bienestar, la salud, la economía y la libertad de las personas.
Sin embargo, el actual sistema energético ha sido históricamente construido sobre una lógica opaca, vertical y concentrada: grandes empresas privadas, decisiones centralizadas, ciudadanía pasiva, y escaso control público. Frente a ello, el modelo 5D propone una transformación profunda donde la energía deje de ser una mercancía y se convierta en un bien común, gestionado con criterios de transparencia, equidad y participación democrática.
¿Qué es democratizar la energía?
Democratizar la energía significa:
- Redistribuir el poder en torno a las decisiones energéticas.
- Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la planificación, producción y gestión energética.
- Romper la opacidad y la concentración de mercado, fortaleciendo el control social y la rendición de cuentas.
- Poner la energía al servicio del bien común, y no del lucro de unos pocos.
Se trata de avanzar hacia una gobernanza energética multiescalar y participativa, donde vecinos, municipios, cooperativas, movimientos sociales y administraciones públicas tengan voz, voto y capacidad de acción.
¿Por qué es necesaria la democracia energética?
- Porque la energía es un derecho, no una mercancía. Su gestión no puede quedar al arbitrio de intereses privados o lógicas especulativas.
- Porque el sistema actual es injusto y opaco. Un puñado de empresas controla la generación, distribución y comercialización, con beneficios millonarios mientras millones de personas sufren pobreza energética.
- Porque la transición energética no será justa si no es participativa. Sin democratización, corremos el riesgo de reproducir el viejo modelo fósil con nuevas tecnologías “verdes”.
- Porque la ciudadanía tiene el conocimiento, la experiencia y el compromiso para participar en la gestión energética local.
- Porque los municipios y territorios deben recuperar soberanía sobre sus recursos, sus infraestructuras y su futuro.
¿Qué formas puede adoptar la democracia energética?
1. Remunicipalización de servicios energéticos
Implica que los ayuntamientos recuperen el control sobre redes, distribución o comercialización de energía, como ya ha ocurrido en ciudades como:
- Barcelona: con Barcelona Energia, comercializadora pública de electricidad 100% renovable.
- Cádiz: con Eléctrica de Cádiz, empresa mixta con fuerte control público.
- Pamplona: con proyectos piloto de producción local y consumo público.
La remunicipalización no solo mejora el control público, sino que permite alinear las políticas energéticas con objetivos sociales, climáticos y de justicia territorial.
2. Cooperativas ciudadanas
Son entidades sin ánimo de lucro en las que los socios producen y consumen energía de forma compartida. En España destacan iniciativas como:
- Som Energia (más de 85.000 socios).
- Goiener (País Vasco y Navarra).
Estas cooperativas permiten a los ciudadanos participar directamente en la transición energética y ejercer un consumo consciente, responsable y colectivo.
3. Comunidades energéticas
Ya abordadas en un artículo anterior, son estructuras legales y sociales que permiten a vecinos, empresas o ayuntamientos compartir producción renovable y gobernarla conjuntamente. Es una forma clara de democracia energética aplicada.
4. Participación ciudadana en planificación energética
La democratización también exige procesos participativos en la toma de decisiones públicas: diseño de planes climáticos, ordenación territorial de renovables, elaboración de normativas municipales, etc.
Esto requiere herramientas como:
- Presupuestos participativos energéticos.
- Mesas ciudadanas de energía.
- Observatorios locales de gobernanza energética.
Obstáculos a la democratización
- Concentración del mercado: Cinco grandes empresas siguen controlando la mayoría del sistema energético español.
- Marco legal poco favorable: La legislación aún no reconoce plenamente el derecho a la participación energética ni establece mecanismos claros para ello.
- Falta de recursos municipales: Muchos ayuntamientos carecen de personal técnico, financiación o competencias para liderar procesos de remunicipalización.
- Desigualdades sociales y territoriales: No todas las personas tienen la misma capacidad para participar o acceder a iniciativas energéticas colectivas.
- Cultura política centralista y tecnocrática, poco habituada a compartir poder y decisión.
¿Qué políticas pueden fortalecer la democracia energética?
- Establecer un marco legal nacional para la gobernanza democrática de la energía.
- Impulsar un fondo estatal para remunicipalizaciones energéticas, con apoyo técnico y jurídico.
- Reconocer el derecho ciudadano a participar en decisiones energéticas locales y nacionales.
- Incluir la educación energética y climática en el currículo escolar y campañas públicas.
- Apoyar la creación de estructuras intermunicipales para gestionar redes, producción y comercialización local.
- Garantizar la paridad y diversidad en los órganos de decisión energética, incorporando a mujeres, jóvenes, sectores vulnerables y población rural.
Más allá de la participación: el control
La democratización no puede limitarse a la consulta o a la participación simbólica. Debe incluir control real, poder de decisión y de veto, redistribución de beneficios, y gestión transparente de recursos. Esto implica ir más allá del consumidor informado, y construir un sujeto ciudadano, activo y corresponsable, con herramientas, derechos y estructuras para intervenir en el sistema.
Conclusión
La transición energética no será justa si repite los errores del pasado: concentración, extractivismo, opacidad. Democratizar la energía significa ponerla al servicio de la vida y del bien común, bajo principios de equidad, participación y soberanía colectiva.
El modelo 5D no puede ser completo sin su dimensión política: quién decide, cómo y para qué. Porque la energía no es solo una cuestión técnica: es, sobre todo, una cuestión de poder. Y redistribuir el poder energético es la base de una transición realmente transformadora.
Preguntas para el debate
- ¿Qué mecanismos reales existen hoy para que la ciudadanía participe en las decisiones sobre el modelo energético?
- ¿Debería fomentarse la remunicipalización de los servicios energéticos? ¿Por qué?
- ¿Es suficiente la transparencia del sector energético? ¿Qué debería cambiar?
- ¿Cómo garantizar que la participación sea inclusiva y representativa?
- ¿Qué obstáculos impiden que las cooperativas y las comunidades energéticas escalen?