La energía no es un lujo. Es una condición de vida digna, un derecho básico que permite cocinar, calentarse, estudiar, trabajar, conservar alimentos o conectarse al mundo. Sin embargo, en pleno siglo XXI, millones de personas en el planeta y cientos de miles en España viven sin acceso estable, asequible y seguro a este recurso esencial.
¿Qué es la pobreza energética?
El concepto de pobreza energética se refiere a la situación de los hogares que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, o que dedican una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar la energía, o bien han tenido que restringir su consumo por motivos económicos.
No se trata solo de un problema de renta, sino de una combinación de factores:
- Bajos ingresos.
- Alta factura energética (tarifas, impuestos, consumo elevado).
- Mala eficiencia de las viviendas (mal aislamiento, sistemas de calefacción ineficientes).
- Falta de información y opciones de consumo energético.
En España, la pobreza energética se ha convertido en un problema estructural que se agrava cada año, y aunque en 2024 descendió más de 3 puntos (el 17,6 % de la población no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada) según el XV Informe sobre el Estado de la Pobreza de EAPN-ES, la pobreza energética ha aumentado un 65,9 % respecto a 2014 y prácticamente se triplica desde 2008 (sube un 196,3 %). La pobreza energética tiene especial incidencia en mujeres solas con hijos, personas mayores, familias numerosas y hogares en zonas rurales o periféricas.
Esta problemática se replica también a nivel europeo: según Eurostat, en 2023, el 10,6 % de la población de la UE no podía permitirse mantener adecuadamente la temperatura de sus hogares, frente al 9,3% en 2022. Sin embargo, esta problemática divide en dos realidades muy diferentes a los países de la UE, con una horquilla que va desde tasas muy elevadas: Portugal, España (20,8 %) y Bulgaria (20,7 %), a otros muy reducidas, respecto a los anteriores: Luxemburgo (2,1 %), Finlandia (2,6 %) y Eslovenia (3,6 %) registraron las más bajas.
Frío en invierno, calor en verano
La pobreza energética no solo implica incomodidad. Tiene efectos directos en la salud física y mental, especialmente en personas mayores o con enfermedades crónicas. Viviendas frías aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y depresivas. Las olas de calor, cada vez más frecuentes y severas por el cambio climático, agravan aún más la situación.
También genera aislamiento social, pérdida de oportunidades laborales y educativas, y perpetúa el círculo de pobreza. En muchos hogares, las decisiones cotidianas son brutales: ¿poner la calefacción o comprar alimentos?
Una injusticia estructural
La pobreza energética es una forma de injusticia ambiental y social: quienes menos consumen y contaminan, pagan proporcionalmente más, y sufren más sus consecuencias.
Además, el sistema energético actual penaliza al consumidor vulnerable:
- Tarifas complejas y poco transparentes.
- Imposibilidad de acceder a tecnologías de eficiencia (aerotermia, autoconsumo, aislamiento).
- Trámites burocráticos para acceder a ayudas o bono social.
- Falta de voz en la toma de decisiones sobre energía.
La transición energética debe invertir esta lógica. No puede ser solo verde: debe ser socialmente justa.
¿Qué se está haciendo en España?
Desde 2019, España cuenta con una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que plantea objetivos como:
- Reducir el número de hogares afectados.
- Aumentar el conocimiento del problema.
- Coordinar políticas estatales, autonómicas y locales.
- Impulsar medidas estructurales de eficiencia y acceso a renovables.
Algunas medidas destacadas:
- Bono social eléctrico y térmico, para reducir la factura a hogares vulnerables.
- Prohibición de cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad.
- Programas de rehabilitación energética en barrios desfavorecidos.
- Fondos europeos (Next Generation) destinados a eficiencia y autoconsumo.
Sin embargo, muchas de estas políticas tienen carácter paliativo y no abordan las causas profundas. Además, hay barreras administrativas y un bajo nivel de ejecución en algunos programas. La pobreza energética sigue siendo una realidad crónica para cientos de miles de familias.
Comunidades energéticas y justicia social
Uno de los caminos más prometedores para enfrentar la pobreza energética desde una perspectiva estructural es la creación de comunidades energéticas inclusivas, que permitan a los hogares vulnerables participar en la generación, distribución y gestión de energía renovable, beneficiándose directamente de los ahorros y los retornos sociales.
De las 659 comunidades energéticas constituidas en España al cierre de 2024, el 33% abordan o tienen previsto abordar algún aspecto social de su comunidad. Entre ellos, el aspecto social más abordado, con un 29%, es la pobreza energética.
Estas iniciativas muestran que es posible combinar transición ecológica con cohesión social, generando redes de apoyo mutuo y resiliencia energética.
Energía como derecho
Uno de los debates fundamentales es si la energía debe seguir considerándose una mercancía sujeta al mercado, o debe reconocerse como un derecho básico, al igual que la educación o la sanidad.
Desde múltiples organizaciones sociales, se defiende la necesidad de:
- Blindar por ley el derecho al acceso mínimo garantizado a energía segura y limpia.
- Establecer una tarifa social estructural y permanente, que no dependa de coyunturas.
- Reconocer la vulnerabilidad energética como un criterio clave en políticas de vivienda y urbanismo.
- Promover un sistema público o cooperativo de suministro básico, con participación ciudadana y enfoque no lucrativo.
Políticas para erradicar la pobreza energética
Una verdadera transición energética justa debe incluir:
- Reforma de tarifas eléctricas, para hacerlas más progresivas, transparentes y accesibles.
- Plan masivo de rehabilitación energética, con prioridad en hogares vulnerables.
- Bonos verdes sociales para financiar autoconsumo en vivienda social.
- Simplificación administrativa para acceder al bono social y otras ayudas.
- Capacitación ciudadana en derechos energéticos y consumo eficiente.
- Colaboración entre ayuntamientos, entidades sociales y cooperativas para crear proyectos integradores.
Justicia climática, justicia energética
El cambio climático y la transición energética no impactan a todos por igual. Las personas en situación de pobreza energética no solo están más expuestas a sus consecuencias, sino que también tienen menos capacidad de adaptación. Por eso, cualquier política climática debe incorporar la justicia energética como principio rector.
El modelo 5D no solo busca reducir emisiones y modernizar infraestructuras, sino también reparar desigualdades históricas y garantizar derechos. Una sociedad baja en carbono que no garantice el acceso universal a la energía, simplemente no será justa ni viable.
Luchar contra la pobreza energética es una cuestión de derechos, salud pública y justicia climática. La energía debe ser entendida como un bien común al que todas las personas tienen derecho, sin excepción.
Preguntas para el debate
- ¿Debe reconocerse legalmente el derecho a la energía? ¿Qué implicaría eso?
- ¿Cómo se puede diseñar una transición energética que beneficie a las personas más vulnerables?
- ¿El bono social actual es suficiente? ¿Qué alternativas existen?
- ¿Qué papel puede jugar la eficiencia energética en la lucha contra la pobreza energética?
- ¿Las soluciones al problema deben ser públicas, comunitarias o mixtas?