Cuando hablamos de trabajo precario, solemos pensar en contratos temporales, bajos salarios o jornadas imprevisibles. Pero más allá de la precariedad regulada, existe un mundo laboral que no figura en las estadísticas, que escapa a la inspección y que se sostiene en la explotación directa y sistemática de personas vulnerables. Es el trabajo informal, y, en su forma más extrema, la esclavitud moderna.
En España y Europa, miles de personas trabajan cada día sin contrato, sin salario mínimo, sin horario, sin derechos. Son empleadas domésticas encerradas en hogares, jornaleros explotados en campos agrícolas, repartidores sin cobertura ni salario fijo, costureras invisibles de talleres clandestinos. No es el pasado: es el presente. Y su existencia pone en cuestión el valor real de la ciudadanía laboral en nuestras democracias.
Trabajo informal: más común de lo que parece
La economía informal representa, según estimaciones del Banco Mundial, cerca del 20% del PIB en España. Eso incluye actividades no declaradas, empleos sin contrato, falsos autónomos, pagos en “B” y situaciones irregulares de todo tipo. Aunque afecta a diferentes perfiles, es especialmente frecuente entre:
- Personas migrantes en situación administrativa irregular.
- Trabajadores sin cualificación o en sectores con alta estacionalidad (como la hostelería o la agricultura).
- Mujeres dedicadas a los cuidados y al trabajo doméstico.
- Jóvenes que comienzan su trayectoria laboral sin experiencia ni red de protección.
En muchos casos, el trabajo informal no es una elección, sino la única opción frente a un mercado laboral excluyente y un sistema burocrático que pone más trabas que soluciones. La informalidad reproduce la pobreza y perpetúa la invisibilidad, negando a millones de personas el derecho a un salario justo, una pensión futura o la simple tranquilidad de acudir al médico sin miedo.
Esclavitud moderna: cuando el trabajo se convierte en encierro
El concepto de “esclavitud moderna” puede parecer exagerado. Pero organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo utilizan para describir formas de explotación laboral en las que las personas no pueden abandonar su trabajo sin sufrir amenazas, coacciones o represalias.
En España, aunque el término rara vez se emplea en el discurso político, los casos son conocidos:
- Jornaleros migrantes viviendo en chabolas en condiciones insalubres, trabajando jornadas extenuantes sin contrato ni descanso, a cambio de salarios de miseria.
- Mujeres extranjeras internas en hogares donde trabajan 12 o 14 horas al día, sin derecho a descanso, a veces con documentación retenida.
- Víctimas de trata obligadas a trabajar en talleres clandestinos o en condiciones de servidumbre en sectores como la prostitución, el textil o la agricultura.
- Trabajadores contratados en origen y endeudados para costear su traslado, atrapados en un sistema de dependencia económica que roza el trabajo forzado.
Estas realidades no ocurren en países lejanos, sino en el sur de España, en polígonos industriales, en pisos particulares. Y, en muchos casos, al servicio de cadenas de producción o consumo perfectamente legales.
Las grietas del sistema: cuando la ley no llega
El trabajo informal y la esclavitud moderna se alimentan de vacíos institucionales, legislaciones inadecuadas y una débil fiscalización. Las inspecciones de trabajo en España son insuficientes: según datos de CCOO, en 2023 había menos de 2.000 inspectores para todo el país, una cifra muy inferior a la media europea.
Además, las barreras para regularizar la situación de las personas migrantes (por ejemplo, el requisito de contrato previo para obtener la residencia) empujan a miles de personas a la economía informal como única vía de supervivencia.
Las víctimas de explotación, muchas veces, no denuncian por miedo a ser expulsadas, a perder su única fuente de ingresos o a represalias por parte de sus empleadores. El sistema no les ofrece vías de salida ni garantías efectivas de protección.
Consumidores, empresas e instituciones: una cadena de responsabilidad
La informalidad y la esclavitud moderna no son fenómenos aislados, sino parte de una cadena de valor que incluye a empresas legales, consumidores desprevenidos y políticas públicas ineficaces.
- Grandes distribuidoras se benefician de precios bajos que solo son posibles con explotación laboral en origen.
- Hogares que contratan a empleadas sin contrato porque “sale más barato”.
- Administraciones que externalizan servicios sin supervisar las condiciones laborales de las subcontratas.
- Ciudadanos que no se preguntan cómo se producen las frutas, la ropa o los envíos exprés que consumen.
Luchar contra la informalidad y la esclavitud moderna requiere reconocer que todos participamos, directa o indirectamente, en ese sistema. Y que revertirlo exige actuar sobre toda la cadena.
Alternativas y soluciones: del control a la inclusión
Combatir el trabajo en las sombras implica combinar fiscalización y garantía de derechos. Algunas medidas clave incluyen:
- Refuerzo de la Inspección de Trabajo, con más recursos, personal y capacidad sancionadora.
- Reforma de la Ley de Extranjería, facilitando la regularización por arraigo y el acceso al trabajo legal.
- Ampliación de los derechos laborales al trabajo doméstico, incluyendo el reconocimiento pleno del desempleo y la protección frente al despido.
- Campañas públicas de información y concienciación, dirigidas tanto a empleadores como a consumidores.
- Cláusulas sociales en la contratación pública, exigiendo condiciones laborales dignas en todas las fases de la cadena.
Y, sobre todo, reconocer a los trabajadores informales como sujetos de derechos, no como “ilegales” ni como beneficiarios de caridad, sino como personas que ya sostienen con su esfuerzo una parte esencial de nuestra economía y nuestro bienestar.
Una ciudadanía laboral sin exclusiones
En Desafíos 2030 defendemos que el trabajo digno debe ser un derecho universal, no un privilegio condicionado por la nacionalidad, la situación administrativa o el tipo de contrato. Una sociedad democrática no puede tolerar que millones de personas trabajen sin derechos, sin voz y sin reconocimiento.
La esclavitud moderna y el trabajo informal no son anomalías del sistema: son el reflejo de su estructura desigual. Abolirlas no es solo una cuestión moral, sino una exigencia de justicia social y de cohesión democrática. Porque nadie debería tener que elegir entre trabajar en la sombra o no trabajar en absoluto. Y porque el futuro del trabajo, si quiere ser verdaderamente humano, debe empezar por sacar a la luz lo que hoy permanece oculto.
Preguntas para el debate
- ¿Por qué persiste el trabajo informal en sectores clave de la economía española?
- ¿Qué medidas concretas podrían proteger a quienes trabajan sin contrato?
- ¿Debería penalizarse más duramente a quienes explotan a trabajadores vulnerables?
- ¿Qué papel juega la ciudadanía como consumidora en perpetuar o combatir esta realidad?
- ¿Cómo garantizar derechos laborales a quienes hoy están completamente fuera del sistema?