En los últimos años, el debate sobre la desigualdad ha ganado terreno en la política europea. La crisis financiera de 2008, la pandemia y la inflación posterior a la guerra de Ucrania han puesto de relieve que el crecimiento económico no basta para garantizar bienestar. En el centro de esta discusión están las políticas redistributivas: desde el salario mínimo hasta el acceso a una educación de calidad, pasando por la fiscalidad progresiva.
En España, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido una de las medidas estrella de los últimos gobiernos progresistas. Sin embargo, garantizar trabajo digno no se consigue solo con subir el sueldo base. Se necesita un conjunto coherente de políticas públicas que actúen sobre las causas estructurales de la desigualdad. Porque lo que está en juego no es solo cuánto se cobra, sino quién accede a qué tipo de empleo, en qué condiciones y con qué perspectivas.
El SMI: una herramienta necesaria, pero insuficiente
Desde 2019, el Salario Mínimo Interprofesional en España ha pasado de 735 € a 1.134 € mensuales en 2024 (en 14 pagas). Este aumento ha sido celebrado por sindicatos y organizaciones sociales, y criticado por parte del empresariado. Sin embargo, los datos han desmentido los augurios catastrofistas: el empleo no solo no ha caído, sino que se ha mantenido, y los sectores más vulnerables han visto una mejora real en sus ingresos.
Aun así, el SMI no llega a todo el mundo. Muchos contratos no lo respetan, especialmente en el trabajo informal, doméstico o agrario. Además, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, el coste de la vida hace que 1.134 € apenas cubran lo básico.
Por tanto, aunque el SMI es una herramienta poderosa para combatir la pobreza laboral, debe complementarse con otras políticas estructurales si queremos construir un modelo laboral verdaderamente digno.
La fiscalidad: redistribuir o perpetuar privilegios
Una de las paradojas del sistema español es que la presión fiscal global es similar a la de nuestros vecinos europeos, pero su estructura es mucho menos progresiva. Mientras que en países como Francia o Alemania los impuestos directos (como el IRPF) y la imposición sobre el capital tienen un mayor peso, en España los impuestos indirectos (como el IVA) —que afectan más a las rentas bajas— siguen dominando.
Además:
- Las grandes fortunas y empresas tienen acceso a mecanismos de elusión fiscal, ingeniería contable y beneficios fiscales que debilitan la capacidad redistributiva del Estado.
- Las comunidades autónomas compiten entre sí en rebajas fiscales, especialmente en impuestos de patrimonio y sucesiones, lo que genera un dumping fiscal interno que favorece a los más ricos.
- La economía sumergida —en torno al 20% del PIB según algunas estimaciones— reduce la base impositiva y agrava las desigualdades.
Una reforma fiscal justa debería perseguir tres objetivos: recaudar más, redistribuir mejor y reducir los incentivos a la evasión. No es posible financiar servicios públicos de calidad ni un sistema de bienestar sólido si las rentas altas y el capital tributan menos proporcionalmente que las rentas del trabajo.
La educación: palanca de igualdad… si es accesible y equitativa
Durante años, la educación fue presentada como la gran vía de movilidad social. Y, en efecto, sigue siendo uno de los factores que más influyen en las oportunidades laborales. Sin embargo, en España, la igualdad formal en el acceso no garantiza una igualdad real de oportunidades.
Entre los principales obstáculos:
- La segregación escolar, tanto por nivel socioeconómico como por origen, sigue siendo alta. Los alumnos de entornos vulnerables tienen menos acceso a centros bien dotados o con expectativas altas.
- La brecha digital y la falta de apoyos educativos afectan de forma desigual al rendimiento escolar.
- El coste de la educación superior —matrículas, alojamiento, materiales— excluye a muchos jóvenes, especialmente en contextos de precariedad familiar.
- La desconexión entre sistema educativo y mercado laboral genera frustración y desempleo entre titulados.
Invertir en educación pública, gratuita y de calidad es una política redistributiva de largo plazo. Pero para que funcione, debe estar acompañada de medidas de apoyo económico, orientación vocacional, integración con el empleo y lucha contra el abandono escolar.
Vivienda, cuidados y servicios públicos: el otro salario
El trabajo digno no se mide solo por el salario nominal, sino por lo que se puede hacer con él. Si el alquiler consume el 60% de los ingresos, si el transporte es caro, si no hay escuelas infantiles asequibles o si los cuidados recaen exclusivamente sobre las familias, entonces el salario no basta.
En ese sentido, es clave entender que los servicios públicos funcionan como una forma de salario indirecto o «social». El acceso gratuito o subvencionado a la educación, la sanidad, el transporte o la vivienda pública permite mejorar el nivel de vida sin necesidad de ingresos monetarios más altos.
Por eso, una política redistributiva debe incluir:
- Inversión sostenida en servicios públicos universales.
- Ampliación del parque de vivienda pública y social.
- Reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidados.
- Revisión del modelo de financiación autonómica para garantizar equidad territorial.
Redistribuir riqueza, no solo oportunidades
Durante mucho tiempo, se asumió que el papel del Estado era ofrecer “igualdad de oportunidades”, mientras el mercado se encargaba del resultado. Pero esta lógica ha demostrado sus límites. No basta con que todos empiecen desde el mismo sitio si, una vez empieza la carrera, el terreno está inclinado.
Una redistribución efectiva debe actuar también sobre los resultados: proteger a quienes quedan atrás, limitar la acumulación excesiva de riqueza y garantizar condiciones mínimas de vida digna para todos.
Esto no es solo una cuestión económica: es una cuestión democrática. Sociedades extremadamente desiguales, donde una minoría concentra la riqueza y la mayoría vive con incertidumbre, tienden a la polarización, la desconfianza y el deterioro institucional.
Una política económica al servicio de la dignidad
En Desafíos 2030 creemos que las políticas redistributivas no son un lujo ni una concesión: son el pilar de cualquier proyecto de sociedad justa y estable. No se trata solo de “compensar” a los perdedores del sistema, sino de reordenar las reglas de juego para que el bienestar no dependa del azar del nacimiento o del ciclo económico.
Un trabajo digno necesita más que un contrato: necesita un entorno que garantice derechos, acceso, equidad y posibilidades reales de vida plena. Y eso se construye con una fiscalidad justa, un Estado fuerte y una ciudadanía comprometida con el bien común.
Preguntas para el debate
- ¿Es suficiente el salario mínimo para garantizar una vida digna en todas las regiones del país?
- ¿Qué reformas fiscales serían necesarias para reducir la desigualdad?
- ¿Cómo se puede garantizar un acceso equitativo a la educación superior?
- ¿Qué papel deberían jugar los servicios públicos como salario indirecto?
- ¿Debería plantearse un impuesto a las grandes fortunas para financiar políticas sociales?