Cada cierto tiempo, se agita un fantasma en el debate público: el de la “quiebra inminente” del sistema de pensiones. El argumento es conocido: vivimos más años, nacen menos niños y hay menos cotizantes por jubilado. Por tanto —dicen— el sistema es insostenible. Y con ello se justifica una batería de reformas orientadas a retrasar la edad de jubilación, reducir prestaciones o privatizar parcialmente el modelo.
Pero ¿qué hay de cierto en ese discurso catastrofista? ¿Está realmente en peligro el sistema público de pensiones en España? ¿O estamos ante una narrativa interesada que oculta las verdaderas causas del problema y margina las alternativas viables?
En este artículo analizamos el presente y el futuro de las pensiones desde una perspectiva crítica, desmontando mitos y proponiendo enfoques centrados en la justicia social y la sostenibilidad real.
Una conquista social, no un privilegio
Las pensiones públicas son uno de los mayores logros del Estado del bienestar. En España, más de 10 millones de personas reciben algún tipo de pensión contributiva. Para muchas de ellas, se trata de su única fuente de ingresos. No hablamos de un gasto superfluo, sino de una red básica de seguridad, construida tras décadas de cotización y trabajo.
El sistema español, basado en el modelo de reparto, funciona con un principio solidario: las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de quienes ya se han jubilado. Es, en esencia, un pacto intergeneracional. Pero ese pacto se ha visto tensionado por el aumento de la longevidad, la baja natalidad y, sobre todo, la precarización del mercado laboral.
Porque, aunque se hable mucho del envejecimiento poblacional, se habla poco de los bajos salarios, la temporalidad y el fraude en la cotización. Esas son las verdaderas grietas del sistema.
La amenaza no es demográfica, sino política y laboral
El argumento más repetido para justificar reformas regresivas es que “cada vez hay más jubilados y menos trabajadores”. Pero esta relación, conocida como tasa de dependencia, no debe analizarse en términos brutos. Lo que importa no es solo cuántas personas trabajan, sino cuánto aportan (en salarios, cotizaciones e impuestos) y cómo se reparte la riqueza generada.
España no es más pobre que hace 40 años, pero el reparto de la riqueza es hoy mucho más desigual. Si el empleo es precario, los salarios bajos y la fiscalidad regresiva, es lógico que el sistema tenga dificultades para financiarse.
Por eso, hablar solo de demografía sin hablar de estructura laboral es engañoso. De hecho, varios países con población más envejecida que España (como Alemania o Suecia) mantienen sistemas de pensiones robustos gracias a un mercado laboral más estable, salarios más altos y una mayor recaudación fiscal.
Más productividad, menos alarmismo
Uno de los argumentos que suele ignorarse en el debate es el aumento continuado de la productividad. Es decir, hoy una persona puede producir mucho más en menos tiempo que hace 30 años, gracias a la innovación tecnológica, la digitalización y los avances organizativos.
Esto significa que el mismo nivel de riqueza puede generarse con menos horas de trabajo o con menos trabajadores activos, siempre que exista una política adecuada de redistribución. Si la riqueza nacional crece, también lo puede hacer la base de financiación del sistema de pensiones, aunque la proporción de jubilados aumente.
El problema no es la falta de recursos, sino cómo se distribuyen los frutos del progreso. Y si la productividad sigue creciendo —como ha ocurrido históricamente—, entonces es razonable pensar en un modelo donde trabajemos menos, pero todos vivamos mejor, incluyendo el derecho a una jubilación digna a una edad razonable.
Cotizar por las máquinas: automatización con responsabilidad social
En este contexto, ha surgido una propuesta con cada vez más respaldo: gravar o cotizar por aquellas máquinas, algoritmos o sistemas de automatización que sustituyen empleos humanos. Es decir, si una empresa prescinde de trabajadores gracias a un software o robot que realiza la misma tarea, debería contribuir a la Seguridad Social como si esa fuerza laboral siguiera ahí.
Esta idea, apoyada por economistas y pensadores como Yanis Varoufakis o incluso el propio Bill Gates, parte de una premisa básica: si el trabajo cotizado disminuye por efecto de la automatización, pero la riqueza empresarial aumenta, el sistema debe capturar parte de ese valor para sostener el modelo social.
No se trata de frenar la innovación, sino de evitar que el progreso técnico sirva solo para concentrar riqueza, desmantelar derechos o debilitar los sistemas de protección. Cotizar por las máquinas no es castigar el avance, sino hacerlo compatible con la justicia social.
Jubilarse más tarde: ¿una solución justa o un castigo?
Una de las medidas estrella de las reformas ha sido el aumento progresivo de la edad de jubilación. En España, se alcanzarán los 67 años en 2027, salvo para quienes hayan cotizado más de 38 años y medio. Pero esta medida, presentada como inevitable, genera graves desigualdades.
- No todos los trabajos permiten alargar la vida laboral. No es lo mismo jubilarse desde una oficina que desde un andamio, un hospital o una cadena de montaje.
- Muchas personas mayores ya están fuera del mercado antes de los 60, por enfermedad, despido o agotamiento. Forzarlas a retrasar la jubilación implica condenarlas a años de paro, precariedad o pérdida de derechos.
- Jubilarse más tarde puede bloquear la entrada de jóvenes al mercado, agravando el desempleo juvenil si no se acompaña de políticas de relevo generacional.
La clave no es simplemente “trabajar más años”, sino cómo, en qué condiciones y con qué alternativas reales. La flexibilidad de entrada y salida del mercado laboral, la jubilación parcial y los itinerarios personalizados son vías mucho más justas que imponer reglas rígidas para todos.
El fracaso de la capitalización y los fondos privados
Ante las dificultades del sistema público, algunos actores promueven el modelo de capitalización individual (fondos privados de pensiones), ya sea como complemento o sustitución del sistema público. Pero este enfoque presenta múltiples problemas:
- Depende de la capacidad individual de ahorro, algo imposible para millones de personas con ingresos bajos o inestables.
- Traslada el riesgo a los individuos, ya que las rentabilidades no están garantizadas y dependen de los mercados financieros.
- Debilita el sistema público, al reducir las cotizaciones y segmentar aún más la protección social.
Los países que apostaron por este modelo, como Chile, enfrentan hoy serios problemas de desigualdad y pobreza entre sus mayores. Incluso instituciones como el FMI o el Banco Mundial reconocen los límites de este enfoque. Apostar por sistemas de capitalización es, en realidad, abrir la puerta a una jubilación desigual y mercantilizada.
Sostenibilidad sí, pero con justicia social
El sistema de pensiones puede y debe adaptarse, pero desde una lógica de sostenibilidad social y económica, no solo contable. Algunas medidas viables e imprescindibles para fortalecer el modelo incluyen:
- Mejorar los salarios y reducir la precariedad: más cotizaciones y más ingresos para el sistema.
- Luchar contra el fraude y la economía sumergida, que reduce la base contributiva.
- Aumentar los ingresos vía impuestos, especialmente sobre grandes fortunas y beneficios empresariales, para complementar la financiación del sistema.
- Revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida, como ya se ha hecho en parte desde la reforma de 2021, para proteger el poder adquisitivo de los mayores.
- Garantizar pensiones mínimas suficientes, especialmente para mujeres y trabajadores con trayectorias interrumpidas o precarias.
Una cuestión de dignidad y contrato social
Las pensiones no son un regalo, sino un derecho. Son la materialización de décadas de trabajo, cotización y contribución al bien común. Su sostenibilidad es una cuestión de voluntad política, no de fatalismo demográfico.
La narrativa de la quiebra, cuando se presenta como inevitable, busca desmovilizar, culpabilizar y abrir la puerta a la privatización. Frente a ella, es necesario recordar que lo que está en juego no es solo la viabilidad de un sistema, sino el tipo de sociedad que queremos construir.
En Desafíos 2030, creemos que una sociedad decente no abandona a sus mayores ni les impone condiciones inalcanzables para envejecer con dignidad. Defender las pensiones es, también, defender un modelo de ciudadanía basado en la solidaridad, la equidad y la memoria del trabajo colectivo.
Preguntas para el debate
- ¿Está realmente en peligro el sistema público de pensiones? ¿Por qué se dice que está en “quiebra”?
- ¿Es justo que todas las personas trabajen hasta los 67 años, independientemente de su profesión o salud?
- ¿Cómo puede aprovecharse el aumento de la productividad para sostener las pensiones sin aumentar la edad de jubilación?
- ¿Deberían las empresas cotizar cuando automatizan y eliminan empleos humanos?
- ¿Qué alternativas hay a la privatización o a los recortes como vía para reforzar el sistema?