Uno de los rasgos menos visibles pero más determinantes del modelo turístico actual es la falta de participación efectiva de las comunidades locales en las decisiones que afectan su presente y su futuro. A pesar de ser las principales receptoras del impacto del turismo, estas comunidades suelen ser tratadas como meros escenarios o recursos disponibles, no como sujetos con derechos, conocimiento y agencia.
Este artículo aborda la ausencia estructural de las comunidades locales en la gobernanza turística: desde la planificación urbana hasta la promoción de destinos, pasando por la distribución de recursos y los modelos de negocio. Analizaremos cómo se construye esta exclusión, sus consecuencias en términos de injusticia territorial y social, y algunas experiencias que apuntan hacia formas más democráticas y equitativas de gestión del fenómeno turístico.
Gobernanza turística: ¿quién decide?
La gobernanza turística, en teoría, debería ser un proceso participativo que involucre a todos los actores implicados: administraciones públicas, empresas, trabajadores, turistas y comunidades receptoras. Sin embargo, en la práctica, las decisiones clave sobre cómo, dónde y con qué fines se desarrolla el turismo son tomadas de forma vertical, opaca y excluyente.
En muchos casos, los principales actores con voz y voto en la planificación turística son:
- Grandes cadenas hoteleras y grupos inversores.
- Plataformas digitales de alojamiento, transporte o actividades.
- Agencias de promoción turística y consultoras privadas.
- Administraciones públicas centradas en atraer inversión externa.
Por el contrario, quienes habitan los territorios, cuidan del entorno, sostienen la cultura local y experimentan día a día las transformaciones que impone el turismo, quedan fuera del proceso de toma de decisiones o son consultados de forma meramente simbólica.
Formas de exclusión
La exclusión de las comunidades locales de la gobernanza turística se manifiesta de diversas maneras:
1. Falta de información y transparencia. Muchas decisiones sobre proyectos turísticos —nuevos desarrollos, licencias, ordenamientos— se toman sin consulta pública ni acceso a información clara y comprensible. La población se entera tarde, cuando el proyecto ya está aprobado o en marcha.
2. Procesos participativos vacíos. En algunos casos se organizan procesos de participación formal (encuestas, talleres, foros), pero sin capacidad vinculante. Las opiniones de la comunidad se recogen, pero no se integran realmente en las decisiones.
3. Desigualdad en la representación. Cuando existen espacios formales de concertación, suelen estar dominados por representantes empresariales o institucionales. Los colectivos vecinales, ambientales o de trabajadores tienen poca voz y menos recursos.
4. Deslegitimación del saber local. Los conocimientos, experiencias y valores de las comunidades locales son muchas veces ignorados o considerados poco técnicos. El expertise es monopolizado por “expertos” externos o empresas consultoras.
5. Criminalización de la protesta. Cuando las comunidades alzan la voz mediante movilizaciones, campañas o acciones legales, suelen ser etiquetadas como “antiturismo”, “retrógradas” o “contrarias al progreso”, en lugar de ser reconocidas como actores legítimos.
Consecuencias de la exclusión
La exclusión de las comunidades locales de la gobernanza turística no es solo un problema democrático; tiene efectos muy concretos y destructivos sobre el territorio y la vida de las personas:
1. Turistificación descontrolada. Sin regulación desde abajo, los barrios y pueblos se convierten en productos turísticos, perdiendo sus funciones residenciales, culturales y sociales. El modelo se impone por lógica de mercado, no por el bien común.
2. Conflictos sociales. La ausencia de diálogo y participación genera tensiones crecientes entre residentes y visitantes, y entre comunidades locales y autoridades. La conflictividad aumenta, pero las soluciones estructurales no llegan.
3. Pérdida de identidad y cohesión comunitaria. Cuando las comunidades no participan en la definición del turismo, este suele imponer representaciones estereotipadas y experiencias prefabricadas. La cultura local se banaliza y se fragmentan los vínculos sociales.
4. Desigualdad en el acceso a beneficios. La falta de participación impide que las comunidades puedan decidir cómo se distribuyen los beneficios del turismo. Así, muchas veces se ven obligadas a soportar los costes sin recibir compensación alguna.
¿Por qué no participan las comunidades?
La exclusión no es fruto de la casualidad, sino de una estructura de poder y conocimiento que favorece a actores con capacidad de inversión, influencia política o dominio técnico. Las comunidades locales, en cambio, suelen enfrentar:
- Falta de tiempo y recursos para organizarse.
- Desconfianza hacia procesos institucionales desgastados.
- Fragmentación interna y ausencia de espacios comunes.
- Presión constante por sobrevivir en condiciones de precariedad habitacional o laboral.
Además, existe una falta de voluntad política real para transferir poder a las comunidades. La participación no es neutra: supone redistribuir capacidad de decisión, y eso choca con intereses consolidados.
Experiencias de participación transformadora
A pesar del panorama general, existen experiencias que muestran que una gobernanza turística participativa y comunitaria es posible. A continuación, destacamos algunos ejemplos:
Cherán (México)
Este municipio indígena de Michoacán expulsó a los partidos políticos y asumió el autogobierno. Cualquier propuesta turística pasa por las asambleas comunitarias, y se priorizan proyectos que respetan el bosque, el territorio y la cultura purépecha.
Islas Galápagos (Ecuador)
Tras años de sobreexplotación turística, se han establecido mecanismos de participación local para definir los límites de carga y promover iniciativas de turismo comunitario y regenerativo.
Boipeba (Brasil)
Frente a megaproyectos turísticos, la comunidad local ha impulsado una campaña de defensa del territorio con amplio respaldo social, articulando saberes tradicionales y estrategias jurídicas participativas.
Estos casos muestran que cuando las comunidades son escuchadas y tienen poder efectivo de decisión, el turismo puede convertirse en una herramienta de valorización territorial, empoderamiento y cuidado mutuo.
Recomendaciones para una gobernanza democrática
Avanzar hacia una gobernanza turística justa y participativa requiere voluntad política, cambios institucionales y nuevas formas de relación entre los actores. Algunas claves fundamentales:
Dotar de poder real a las comunidades locales: no basta con consultar; es necesario que puedan vetar, proponer y cogestionar.
Establecer marcos normativos con enfoque de derechos: asegurar la participación comunitaria en todo proyecto que impacte el territorio.
Fomentar estructuras locales de coordinación y representación: asambleas, consejos ciudadanos, comités mixtos con carácter vinculante.
Reconocer el saber territorial: integrar los conocimientos, prácticas y prioridades de las comunidades como base legítima para la planificación.
Redistribuir recursos para fortalecer capacidades comunitarias: apoyo técnico, legal y organizativo a los colectivos locales.
Garantizar transparencia e información pública: acceso real a datos sobre planes turísticos, licencias, impactos y rendimientos.
Conclusión
La exclusión de las comunidades locales de la gobernanza turística es una forma de violencia estructural que reproduce desigualdades, fragiliza los territorios y erosiona la democracia. Si queremos un turismo que no sea extractivo ni excluyente, necesitamos poner en el centro la voz, el conocimiento y la capacidad de decisión de quienes habitan los lugares.
No se trata solo de corregir excesos, sino de cambiar la lógica del modelo: pasar de una gobernanza vertical, orientada al mercado, a una gobernanza comunitaria, orientada al bien común.
Preguntas para el debate
- ¿Por qué están excluidas las comunidades locales de las decisiones turísticas que las afectan?
- ¿Qué mecanismos de participación efectiva existen o podrían existir para democratizar la planificación turística?
- ¿Cómo se mide el “consentimiento” de una comunidad ante un proyecto turístico?
- ¿Es compatible el turismo con la autodeterminación territorial?
- ¿Qué ejemplos muestran que la participación comunitaria puede producir mejores resultados?