En cualquier conversación sobre el problema de la vivienda en España, tarde o temprano aparece una pregunta inevitable: ¿por qué no hay más vivienda pública? La respuesta es compleja, pero parte de una realidad clara: España tiene uno de los parques de vivienda social más reducidos de toda Europa.
Mientras países como Austria, Países Bajos o Francia han consolidado redes robustas de vivienda pública, social o asequible, España ha apostado históricamente por la promoción de la vivienda en propiedad, incluso cuando se trataba de vivienda protegida. El resultado es un sistema desequilibrado, incapaz de ofrecer alternativas estables y asequibles a quienes no pueden acceder al mercado libre.
¿Cómo se construyó el parque público? ¿Qué pasó con las viviendas sociales construidas en el pasado? ¿Por qué no ha crecido? ¿Y qué papel debería tener en el futuro?
Un parque público escaso y erosionado
Los datos son elocuentes: la vivienda social en alquiler representa apenas el 2-3% del parque total en España, frente al 15-20% de la media europea. En Países Bajos llega al 30%; en Austria, al 25%; en Francia, al 17%.
Además, ese porcentaje no ha dejado de disminuir en los últimos 20 años. No porque no se haya construido, sino porque buena parte del parque se ha vendido, descalificado o deteriorado.
España tiene, por tanto, un parque residual, disperso y frágil, con escasa capacidad para intervenir en el mercado o atender la demanda social creciente.
La vivienda de protección oficial (VPO): un modelo fallido
Durante décadas, la principal política de vivienda pública en España fue la vivienda de protección oficial, promovida por administraciones públicas o promotores privados, con precios limitados y condiciones de acceso reguladas.
Pero había un problema estructural: la mayoría de estas viviendas eran en propiedad, no en alquiler. Es decir, se subvencionaba la compra, y una vez transcurrido un periodo legal (normalmente 15 a 30 años), la vivienda podía venderse a precio de mercado. El parque, por tanto, no se consolidaba: se desvanecía con el tiempo.
Muchas VPO acabaron siendo revendidas con plusvalías. En otras ocasiones, fueron ocupadas de forma irregular o abandonadas. Apenas una minoría quedó en manos públicas y destinada a alquiler social permanente.
Este modelo ha sido ampliamente criticado por su ineficiencia a largo plazo: mucha inversión pública acabó convertida en beneficio privado.
Privatización: el desmantelamiento silencioso
Una parte fundamental del fracaso del parque público en España tiene que ver con las privatizaciones masivas llevadas a cabo desde los años 90 y, sobre todo, tras la crisis de 2008.
Casos como el del Ayuntamiento de Madrid —que vendió en 2013 unas 5.000 viviendas públicas a fondos buitre como Blackstone— ilustran un patrón que se repitió en varias ciudades: en lugar de ampliar el parque, se malvendió lo que ya existía, bajo el pretexto de sanear cuentas o hacer caja a corto plazo.
Estas operaciones, hoy en los tribunales o bajo investigación, han tenido un coste social enorme: desahucios, pérdida de vivienda asequible y desconfianza hacia la administración.
Demanda creciente, oferta congelada
Mientras el parque público se reduce o permanece estancado, la necesidad de vivienda asequible no ha dejado de crecer. Según los datos más recientes:
- Más de 350.000 hogares en España están en lista de espera para acceder a una vivienda pública.
- El alquiler medio supera el 30-40% del salario en muchas ciudades, lo que según organismos internacionales es insostenible.
- La emergencia habitacional afecta a miles de familias vulnerables, que no encuentran alternativa al mercado privado.
Ante esta situación, los recursos públicos son insuficientes, dispersos y muchas veces ineficaces. Faltan presupuestos, coordinación entre administraciones y voluntad política sostenida.
¿Qué se necesita para revertir la situación?
El diagnóstico es claro: sin un parque público potente, no es posible garantizar el derecho a la vivienda. La clave no está solo en construir más, sino en cambiar la lógica con la que se gestiona la vivienda pública.
Apostar por el alquiler social permanente. Abandonar el modelo de VPO en propiedad y centrarse en viviendas públicas de alquiler a largo plazo, no sujetas a descalificación ni venta.
Inversión pública sostenida. Cumplir con los objetivos europeos y destinar al menos el 1,5% del PIB anual a políticas de vivienda, frente al 0,1-0,2% actual.
Rehabilitación del parque existente. No solo se necesita construir: también rehabilitar viviendas públicas deterioradas o vacías, e incorporarlas de nuevo al parque activo.
Captación de vivienda vacía. Establecer mecanismos para incorporar al parque público viviendas vacías, ya sea mediante incentivos, cesión temporal o expropiación en casos de uso antisocial.
Planificación metropolitana. Evitar que la vivienda pública se construya solo en zonas periféricas mal comunicadas. Se necesita un parque público integrado en la ciudad, que garantice diversidad social y acceso a servicios.
¿Qué dicen los expertos?
Numerosos urbanistas, sociólogos y economistas coinciden en que la única forma de equilibrar el mercado del alquiler es con una intervención pública significativa. Los países que han logrado estabilizar precios y evitar burbujas no lo han hecho dejando actuar al mercado, sino construyendo un parque público fuerte, estable y bien gestionado.
Además, los efectos positivos no se limitan a los beneficiarios directos: un parque público sólido actúa como regulador del conjunto del mercado, bajando la presión sobre la vivienda privada y ofreciendo un modelo alternativo de tenencia.
¿Y qué se está haciendo ahora? ¿Hay señales de cambio?
La Ley por el Derecho a la Vivienda (2023) reconoce por primera vez la necesidad de ampliar el parque público y establecer protecciones legales para que no pueda venderse o descalificarse fácilmente. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, incluye compromisos para construir o movilizar al menos 20.000 viviendas públicas hasta 2026.
Pero muchos expertos advierten: es un avance insuficiente. Para alcanzar la media europea, España necesitaría crear más de 1 millón de viviendas públicas en alquiler en los próximos 15-20 años.
Conclusión: la vivienda pública, clave del derecho a habitar
La vivienda pública es una herramienta imprescindible para garantizar que nadie quede fuera del sistema por no poder pagar un alquiler de mercado.
El parque público no solo debe crecer: debe recuperar su función social, blindarse frente a la especulación y ofrecer estabilidad, dignidad y diversidad. Sin esa base, cualquier otra política será insuficiente.
Preguntas para el debate
- ¿Por qué España tiene tan poca vivienda pública en comparación con Europa?
- ¿Qué consecuencias ha tenido la venta de vivienda pública a fondos de inversión?
- ¿Debería la vivienda pública estar siempre en alquiler y no en propiedad?
- ¿Qué papel debe jugar el Estado en la construcción de un parque público?
- ¿Crees que la vivienda pública debe estar distribuida en todos los barrios?