Desde la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, cientos de miles de personas han sido desahuciadas en España. Al principio, fueron sobre todo ejecuciones hipotecarias. Más tarde, desahucios por impago del alquiler. Hoy, conviven ambos procesos, agravados por la falta de vivienda pública, el encarecimiento del alquiler y la ausencia de alternativas reales.
Este artículo pone el foco en una realidad que, aunque a menudo silenciada, sigue afectando a miles de personas cada año, y plantea una pregunta urgente: ¿cómo puede haber desahucios en un país con millones de viviendas vacías?
¿Cuántos desahucios hay en España? Las cifras hablan
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2008 y 2023 se ejecutaron más de 1.000.000 de desahucios en España. Aunque el ritmo ha descendido desde el pico de la crisis hipotecaria, el problema persiste:
- En 2023 se produjeron más de 38.000 lanzamientos (el término técnico para los desahucios efectivos).
- De ellos, casi el 70% fueron por impago del alquiler, y el resto por ejecuciones hipotecarias o finalización de contrato.
- En muchas ocasiones, los datos no reflejan la realidad total: muchos desahucios se producen sin intervención judicial directa, mediante presiones, amenazas o desalojos extrajudiciales.
Estas cifras revelan una emergencia habitacional estructural, no un fenómeno puntual ni coyuntural.
¿Quiénes son las personas desahuciadas?
Aunque puede afectar a casi cualquiera, los desahucios tienen rostro de desigualdad. Afectan sobre todo a:
- Mujeres solas con hijos, que sufren discriminación en el acceso al alquiler y mayor vulnerabilidad económica.
- Familias migrantes, con trabajos inestables y condiciones precarias de arrendamiento.
- Personas mayores que avalaron hipotecas de sus hijos o que viven con pensiones bajas en alquileres antiguos.
- Trabajadores pobres, que aunque tienen ingresos, no pueden hacer frente a alquileres cada vez más altos.
El desahucio es, en muchos casos, la culminación de una cadena de exclusión previa: precariedad laboral, alquiler abusivo, falta de ayudas, ausencia de vivienda pública y nula protección jurídica.
¿Qué consecuencias tiene un desahucio?
Perder la vivienda no es solo perder un techo. Tiene efectos devastadores a nivel personal, familiar y social:
- Impacto psicológico. Desalojos forzados o inminentes generan altos niveles de ansiedad, depresión, insomnio y estrés postraumático, especialmente en menores.
- Ruptura de la vida cotidiana. Un desahucio interrumpe escolarización, tratamientos médicos, vínculos comunitarios. A menudo supone perder también el trabajo o medios de subsistencia.
- Alternativas inadecuadas o inexistentes. Muchas familias desahuciadas terminan en viviendas ocupadas, realojamientos temporales o recursos de emergencia, sin garantías ni estabilidad.
- Estigmatización y exclusión. Los desahuciados sufren un doble castigo: perder la vivienda y ser considerados «culpables» o «incapaces», lo que dificulta su acceso posterior a ayudas, contratos o alquileres privados.
¿Qué respuestas institucionales existen?
Pese a la gravedad del problema, la respuesta institucional ha sido, en general, tardía, fragmentada y limitada. Algunos hitos importantes:
Moratorias temporales
Durante la pandemia, el Gobierno aprobó suspensiones de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional, vigentes hasta 2024. Sin embargo, estas moratorias:
- No siempre se cumplen (se ejecutan desahucios pese a estar protegidos).
- Son temporales y excepcionales, no una solución estructural.
- Requieren procedimientos burocráticos complejos que muchas familias no pueden afrontar.
Ley por el Derecho a la Vivienda (2023)
Incluye avances relevantes:
- Obliga a ofrecer alquiler social obligatorio por parte de grandes tenedores antes del desahucio.
- Refuerza la coordinación entre juzgados y servicios sociales.
- Prohíbe desahucios sin fecha ni hora determinada.
Sin embargo, su eficacia depende de su aplicación efectiva por parte de comunidades autónomas y jueces, y no garantiza alternativas habitacionales reales en muchos casos.
Servicios sociales desbordados
Ayuntamientos y comunidades tienen competencias clave, pero carecen de medios suficientes, y los dispositivos de emergencia habitacional están saturados, fragmentados o directamente ausentes en muchas zonas.
Ocupación, un problema sobredimensionado
En los últimos años, buena parte del debate público sobre vivienda ha estado contaminado por una narrativa alarmista sobre la llamada “ocupación”, impulsada principalmente por sectores de la ultraderecha y amplificada por ciertos medios. Bajo esta retórica, se presenta la idea de que cualquiera puede ser víctima de que su vivienda habitual sea ocupada por desconocidos, generando una sensación de inseguridad generalizada.
Pero la realidad no avala esta alarma:
- Más del 90% de las ocupaciones denunciadas son en viviendas vacías, muchas en manos de bancos, fondos de inversión o la SAREB.
- Solo un pequeño porcentaje corresponde a allanamientos de morada, un delito grave cuya intervención policial es inmediata.
- Muchos de los llamados «okupas» son, en realidad, personas sin otra alternativa habitacional que ocupan edificios abandonados o vacíos para sobrevivir.
Este discurso alarmista sirve para justificar endurecimientos legales, acelerar desahucios sin distinción y desviar el foco de los verdaderos problemas estructurales: la falta de vivienda pública, los alquileres inasumibles, los desahucios sin alternativa y el abandono institucional.
Sinhogarismo: la cara más extrema de la exclusión habitacional
El sinhogarismo es una problemática específica, compleja y estructural que tiene su raíz en la desigualdad económica, la exclusión social, la falta de acceso a derechos básicos y la invisibilidad de las personas que lo sufren. Según la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar, se estima que unas 37.000 personas carecen de hogar, y muchas más están en situación de vivienda insegura o inadecuada.
Combatir el sinhogarismo requiere políticas públicas estructurales, no solo asistenciales.
El modelo Housing First, impulsado con éxito en países como Finlandia o Canadá, consiste en ofrecer directamente una vivienda estable y permanente a personas sin hogar, sin exigirles condiciones previas. Ni el apoyo ni la permanencia en la vivienda están condicionados al cumplimiento de objetivos previos de intervención social, pues es la persona quien determina sus metas y el grado de apoyo que necesita para alcanzarlas. El programa requiere el seguimiento de algunos compromisos básicos, como aceptar la visita periódica de un profesional y tener buenas relaciones de vecindad.
El principio es claro: no se puede resolver la exclusión social si antes no se garantiza un techo. Los resultados han sido extraordinarios: reducciones del sinhogarismo crónico, mejor salud física y mental, menor uso de recursos de emergencia y mayor integración social.
¿Qué alternativas existen? Experiencias y propuestas
Organizaciones sociales, académicos y plataformas ciudadanas han planteado medidas concretas para abordar el problema de forma estructural:
- Parque público de vivienda en alquiler. Solo con una oferta suficiente de vivienda social estable se podrá evitar que miles de personas caigan en la exclusión residencial. Esto requiere inversión sostenida y planificación a largo plazo.
- Alquiler social obligatorio en todos los desahucios vulnerables. No solo para grandes tenedores. También debe contemplarse en función de la situación de la persona, no del propietario.
- Protección legal efectiva. Una ley estatal contra los desahucios sin alternativa habitacional, con blindaje jurídico y aplicación automática.
- Registro de grandes tenedores y transparencia inmobiliaria. Saber quién posee qué, dónde, y bajo qué condiciones, es clave para negociar realojos y aplicar medidas de control.
- Protocolo unificado entre jueces, servicios sociales y vivienda. No puede haber decisiones judiciales sin evaluación previa de la situación social. Hay que parar el desahucio antes de que se ejecute, no después.
El papel de los movimientos sociales
Frente a la inacción institucional, la sociedad civil ha sido clave para frenar desahucios, proteger derechos y generar conciencia. Desde 2009, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y muchos colectivos locales han logrado:
- Parar miles de desahucios mediante acciones directas.
- Acompañar a familias afectadas.
- Impulsar cambios legales (como la dación en pago o las moratorias).
- Denunciar los abusos de bancos, fondos y administraciones.
Su labor ha sido tan necesaria como incómoda para algunos sectores, pero también ha demostrado que la vivienda es una causa colectiva, no un problema individual.
Ningún hogar sin techo
Los desahucios no son inevitables. Son el síntoma más extremo de un sistema de vivienda mal diseñado y aún peor gestionado. Un sistema que protege más la propiedad que la vida, más los activos que los derechos, y que abandona a quienes más lo necesitan.
Garantizar que nadie sea expulsado de su casa sin alternativa es una exigencia de humanidad, justicia y sentido común.
Preguntas para el debate
- ¿Qué se puede hacer para garantizar que nadie sea desahuciado sin alternativa habitacional?
- ¿Por qué los desahucios siguen siendo tan frecuentes en España?
- ¿Qué papel juegan los servicios sociales, los juzgados y la policía en estos procesos?
- ¿Cómo podemos combatir el discurso alarmista sobre la ocupación sin invisibilizar el sinhogarismo?
- ¿Qué te parece el enfoque de Housing First como solución al sinhogarismo?