La vivienda ha pasado, en poco tiempo, de ser un tema periférico en la agenda pública a convertirse en una de las principales preocupaciones sociales y políticas en España. El encarecimiento del alquiler, el aumento de los desahucios, la emergencia habitacional, la turistificación y la ausencia de vivienda pública han generado una presión social creciente que ha obligado a los partidos, tanto a nivel estatal como autonómico y local, a posicionarse.
Pero con la visibilidad ha llegado también la polarización política y las contradicciones internas. ¿Qué se está haciendo realmente para garantizar el derecho a la vivienda? ¿Qué fuerzas impulsan cambios? ¿Cuáles los bloquean? ¿Qué propuestas hay sobre la mesa… y cuáles se quedan en papel mojado?
Un nuevo escenario: la vivienda entra en la agenda política
Durante muchos años, la política de vivienda en España giró en torno a la promoción de la propiedad. Pocas inversiones públicas en alquiler, escasa regulación y mucho protagonismo del mercado. Sin embargo, desde la crisis financiera de 2008 —y más aún tras la pandemia—, la presión social ha cambiado el marco del debate.
Hoy, ningún partido puede permitirse ignorar el problema de la vivienda. Pero las soluciones propuestas difieren profundamente según la ideología y el enfoque económico de cada formación.
La Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023
Aprobada en mayo de 2023, tras años de bloqueos y negociaciones, esta ley supuso el primer intento de legislar a nivel estatal el derecho a la vivienda como política pública integral. Sus principales medidas incluyen:
- La posibilidad de declarar “zonas tensionadas”, donde se pueden limitar los precios del alquiler.
- Regulación de grandes tenedores (más de 10 inmuebles) con obligaciones especiales.
- Límites a las actualizaciones del alquiler (máximo 3% anual en 2024).
- Incentivos fiscales para propietarios que alquilen por debajo del precio de referencia.
- Prohibición de desahucios sin fecha ni hora, y obligación de mediación previa en casos de vulnerabilidad.
Limitaciones de la ley:
- Aplicación voluntaria por parte de las comunidades autónomas. Algunas, como Cataluña o Navarra, la están aplicando parcialmente. Otras, como Madrid, Andalucía o Galicia, se han negado a hacerlo.
- Falta de desarrollo reglamentario de los índices de referencia, lo que ralentiza su aplicación efectiva.
- Escaso impacto sobre los pequeños propietarios, que controlan la mayoría del parque en muchas zonas.
- Sin medidas concretas sobre vivienda pública estructural.
La ley es, por tanto, un primer paso relevante pero incompleto, con un fuerte componente simbólico, pero aún con escasa capacidad de transformación estructural si no se acompaña de otras medidas más ambiciosas.
¿Qué proponen, a grandes rasgos, los distintos partidos políticos?
Fuerzas de izquierda (Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG…)
- Aumentar de forma masiva el parque público de alquiler social.
- Intervenir los precios del alquiler de forma más generalizada.
- Prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
- Expropiar viviendas vacías en manos de grandes tenedores.
- Limitar o congelar las licencias de viviendas turísticas.
- Apostar por modelos cooperativos, cesión de uso y vivienda no especulativa.
PSOE (centro-izquierda en el gobierno central)
- Promueve la Ley de Vivienda como “equilibrio” entre protección y seguridad jurídica.
- Impulsa construcción de vivienda pública mediante fondos europeos.
- Incentiva fiscalmente los alquileres asequibles.
- Rechaza medidas como la expropiación o controles generalizados.
PP y partidos de derecha
- Rechazo frontal a la Ley de Vivienda y a la intervención de precios.
- Defensa del derecho de propiedad como principio prioritario.
- Apoyo a la inversión privada y a las SOCIMIs.
- Incentivos fiscales a propietarios.
- Promoción de la construcción y desregulación urbanística.
Ultraderecha (VOX)
- Considera que la vivienda debe resolverse desde el mercado.
- Niega que haya una emergencia habitacional estructural.
- Propone rebajar impuestos y facilitar la autopromoción.
- Se opone a toda intervención estatal, incluidas ayudas públicas directas.
- Discurso centrado en la hipérbole y la confusión en torno a la ocupación y los inquilinos morosos.
Contradicciones entre niveles de gobierno
Uno de los grandes obstáculos para implementar políticas de vivienda en España es la fragmentación competencial. El Estado puede legislar, pero la aplicación depende de comunidades autónomas y municipios, que tienen prioridades políticas diferentes (y en ocasiones opuestas).
Por ejemplo:
- El Gobierno central permite limitar precios, pero la Comunidad de Madrid no lo aplica.
- Algunas ciudades intentan ampliar el parque público, pero dependen de financiación estatal que llega tarde o en cuantía insuficiente.
- Los juzgados pueden autorizar desahucios sin consultar a servicios sociales, generando situaciones de desprotección.
Esto provoca ineficacia, duplicidades y, sobre todo, desigualdades territoriales. El derecho a la vivienda no debería depender del código postal o del color político del gobierno local, pero hoy lo hace.
Presión social y movilización ciudadana
Frente a las resistencias institucionales, los movimientos sociales han sido protagonistas clave del avance legislativo y del cambio cultural en torno a la vivienda:
- La PAH logró visibilizar la injusticia de los desahucios tras la crisis de 2008.
- Los sindicatos de inquilinos han sido impulsores de la Ley de Vivienda y actores clave en el debate público.
- Plataformas como Habitat International Coalition, Red de Ciudades por la Vivienda o REAS impulsan alternativas no especulativas y modelos cooperativos.
Estas organizaciones han pasado de la protesta a la propuesta, y su presión ha sido determinante en muchos avances. Sin embargo, siguen enfrentando la falta de voluntad política, la lentitud institucional y la hegemonía del mercado como único modelo posible.
¿Qué soluciones reales existen a medio plazo?
Para avanzar en el derecho a la vivienda más allá del discurso, se necesitan decisiones políticas valientes y sostenidas en el tiempo. Algunas claves estratégicas:
- Construcción de un parque público de alquiler social de gran escala.
- Financiación estable y suficiente, no solo vía fondos europeos.
- Regulación coordinada del alquiler con criterios sociales, no solo fiscales.
- Protección legal universal frente al desahucio sin alternativa.
- Cesión de suelo público a cooperativas y vivienda no especulativa.
- Moratoria y control de las viviendas turísticas en zonas tensionadas.
- Transparencia del mercado inmobiliario, con registros de grandes tenedores y condiciones contractuales claras.
Conclusión: el derecho a la vivienda exige más que voluntad
La vivienda es el gran reto social del siglo XXI. No se trata solo de construir más, sino de redefinir para quién se construye, cómo se accede y con qué garantías.
Las propuestas existen. El conocimiento técnico también. Lo que falta es coherencia política, planificación a largo plazo y una ruptura con la lógica del beneficio por encima del derecho.
España se enfrenta a una disyuntiva histórica, seguir apostando por un modelo fallido basado en el mercado y la especulación, o construir, por fin, un sistema de vivienda digno, sostenible y justo.
El futuro del país, su cohesión social, su estabilidad democrática, su salud mental y su igualdad de oportunidades, empieza por atacar frontalmente y con decisión el problema de la vivienda.
Preguntas para el debate
- ¿Qué modelo de vivienda defienden los distintos partidos políticos?
- ¿Es suficiente la Ley por el Derecho a la Vivienda para resolver la crisis habitacional?
- ¿Por qué existe tanta desigualdad territorial en el acceso a políticas de vivienda?
- ¿Qué papel tienen los movimientos sociales en la transformación de la política de vivienda?
- ¿Cómo pasamos del discurso al cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda?