El siglo XXI nos enfrenta a una paradoja inquietante. Por un lado, la humanidad ha alcanzado niveles de desarrollo tecnológico, científico y jurídico sin precedentes, con un marco global de derechos humanos consolidado y con instituciones internacionales que aspiran a garantizar la convivencia pacífica. Por otro, asistimos a una proliferación de violencias: guerras abiertas, desplazamientos forzados, regresiones democráticas, desigualdades extremas y un deterioro ambiental que exacerba los conflictos.
En este contexto, reflexionar sobre paz y justicia no es un ejercicio retórico, sino una necesidad urgente. La Agenda 2030 de Naciones Unidas lo reconoce en su ODS 16, que insta a promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso universal a la justicia y fortalecer instituciones eficaces y responsables. Sin embargo, los informes de seguimiento revelan un panorama sombrío: lejos de avanzar, muchos indicadores retroceden.
Entre los ejemplos más vergonzantes se encuentra el genocidio en Palestina, donde la respuesta internacional ha sido, en gran medida, tibia o ambigua. Este silencio cómplice evidencia una doble vara de medir en la defensa de los derechos humanos: la retórica de la legalidad internacional choca con los intereses geopolíticos y las alianzas estratégicas. La incapacidad del sistema multilateral para frenar estas atrocidades muestra hasta qué punto la paz y la justicia siguen siendo proyectos frágiles, sujetos a presiones políticas.
El concepto de paz: de la ausencia de guerra a la justicia social
Durante siglos, la paz se entendió como la mera ausencia de guerra. Sin embargo, autores como Johan Galtung propusieron distinguir entre paz negativa (no violencia directa) y paz positiva, que incluye justicia social, igualdad y respeto a los derechos humanos.
Una sociedad puede no estar en guerra y, sin embargo, vivir bajo violencias estructurales (desigualdad, racismo, represión) que impiden el pleno desarrollo humano. Por eso, hablar de paz en el siglo XXI significa hablar también de redistribución, participación democrática, igualdad de género y protección del planeta.
Europa ha sido un laboratorio de estas tensiones. La Unión Europea surgió como proyecto de paz tras dos guerras mundiales devastadoras. Pero el resurgir de discursos ultranacionalistas y la militarización del continente ponen de nuevo en entredicho estos logros.
Justicia como institución e ideal normativo
La justicia tiene dos dimensiones inseparables. En primer lugar, es una institución: un sistema judicial que garantiza derechos, sanciona delitos y media en conflictos. Pero, además, es un ideal normativo: el horizonte de una sociedad equitativa en la que todas las personas puedan vivir con dignidad.
Hoy, esta doble dimensión está en crisis. A escala global, la justicia internacional se muestra impotente ante crímenes flagrantes, como en Gaza. En Europa y España, aunque los sistemas judiciales son más robustos, se enfrentan a problemas de saturación, desigualdad de acceso y tensiones políticas que socavan la confianza ciudadana.
Violencias múltiples: más allá de la guerra
Las violencias contemporáneas adoptan formas diversas, muchas veces invisibles:
- Violencia de género, aún persistente en sociedades con marcos legales avanzados.
- Maltrato y explotación infantil, que afecta tanto al Sur global como a países europeos.
- Discriminación contra migrantes y refugiados, convertidos en chivos expiatorios de crisis económicas y políticas.
- Trata de personas, una de las industrias criminales más lucrativas del mundo.
Todas estas violencias socavan la paz y la justicia, porque deshumanizan a los más vulnerables y perpetúan estructuras de dominación.
Desigualdad y violencia: una relación estructural
Cuando hablamos de violencia solemos pensar en guerras, terrorismo o criminalidad. Pero una de las raíces más profundas de la violencia es la desigualdad. No solo la económica, sino también la social, cultural y política. La desigualdad es un caldo de cultivo que fragiliza los vínculos sociales y erosiona la cohesión comunitaria.
Los datos son contundentes: según la Organización Mundial de la Salud, las sociedades con mayores niveles de desigualdad presentan tasas de homicidio significativamente más altas. Oxfam alerta de que el 1 % más rico del planeta acumula más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, una brecha que no deja de crecer.
La desigualdad alimenta la violencia de múltiples formas:
- Desigualdad económica: la pobreza y la exclusión generan frustración, alimentan el crimen organizado y convierten a comunidades enteras en caldo de cultivo para la violencia.
- Desigualdad de género: mantiene a las mujeres en relaciones de dependencia, facilitando la persistencia de la violencia machista.
- Desigualdad territorial: pueblos indígenas, minorías étnicas o migrantes sufren discriminación estructural que los expone a violencia y explotación.
- Desigualdad política: cuando la justicia es privilegio de unos pocos y no se garantiza igualdad ante la ley, crece la desconfianza en el Estado y aumenta la conflictividad social.
En este sentido, la desigualdad no es un simple “contexto”, sino un determinante estructural de la violencia. Sin políticas redistributivas, sin justicia fiscal, sin equidad de género y sin inclusión social, cualquier intento de construir paz será superficial y frágil. La paz no puede florecer en un suelo marcado por la exclusión.
El nuevo clima bélico global
La invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó el retorno de la guerra a Europa y precipitó un incremento del gasto militar en la UE y en España. Pero no es el único conflicto: Siria, Yemen, Etiopía o el Sahel siguen siendo escenarios de violencia masiva.
A esto se suma el genocidio en Gaza, que ha reabierto un debate crucial: ¿qué eficacia tiene el derecho internacional si la comunidad internacional es incapaz de frenar bombardeos indiscriminados, desplazamientos forzados y violaciones masivas de derechos humanos? El genocidio palestino evidencia los límites del sistema multilateral y la selectividad con que se aplican sus principios.
La consecuencia es una peligrosa normalización de la violencia. La seguridad, entendida en términos militares, desplaza a la diplomacia y a la cooperación, mientras que los movimientos pacifistas y humanitarios deben luchar contra la indiferencia y la desinformación.
La crisis del multilateralismo
El multilateralismo, piedra angular de la paz tras la Segunda Guerra Mundial, atraviesa una profunda crisis. Organismos como la ONU o el Tribunal Penal Internacional son cuestionados por su incapacidad para actuar con independencia de los intereses de las grandes potencias.
A esta debilidad se suma una ola ultraderechista global que impulsa la deslegitimación de las instituciones internacionales. Desde Washington hasta Varsovia, pasando por Roma o Madrid, los discursos nacional-populistas defienden un retorno a la soberanía absoluta de los Estados, rechazan la cooperación y relativizan los derechos humanos en nombre de la “seguridad” o la “identidad nacional”.
El resultado es una erosión de la confianza ciudadana en el sistema multilateral y un retroceso en la gobernanza global. Sin reglas comunes y sin instituciones creíbles, los conflictos se intensifican y la justicia queda relegada a un ideal abstracto.
Acceso desigual a la justicia
A escala global, millones de personas viven sin posibilidad real de acudir a un tribunal imparcial. La corrupción, la pobreza y la discriminación impiden que la justicia sea un derecho universal. En Europa, aunque el acceso es mayor, persisten barreras económicas y burocráticas que penalizan a los sectores más vulnerables. En España, los problemas de saturación judicial y la insuficiente atención a víctimas de violencia de género o migrantes ponen en evidencia la necesidad de reformas profundas.
La justicia no puede ser un privilegio: debe ser un servicio público eficaz, cercano y equitativo. Sin justicia accesible, no hay paz sostenible.
Educación, ciudadanía y cultura de paz
Más allá de las instituciones, la paz y la justicia requieren una cultura ciudadana que las sostenga. La educación en derechos humanos, la formación crítica en las universidades y la participación social son pilares indispensables.
Los jóvenes, en particular, tienen un papel clave en el cuestionamiento de las violencias naturalizadas y en la creación de nuevas narrativas de convivencia. España y Europa cuentan con programas de educación para la paz, pero necesitan mayor alcance y continuidad.
Retos y oportunidades hacia 2030
De aquí a 2030, los desafíos son inmensos:
- Frenar los genocidios y crímenes de guerra, como el de Palestina, con mecanismos efectivos de sanción internacional.
- Revertir la crisis del multilateralismo, dotando a las instituciones internacionales de legitimidad y eficacia.
- Contener la ola ultraderechista que erosiona la cooperación global.
- Reducir las desigualdades, que son fuente estructural de violencia.
- Garantizar acceso real a la justicia para todos.
- Impulsar una cultura de paz desde la educación y la ciudadanía.
La oportunidad está en la Agenda 2030, en la articulación creciente de la sociedad civil global y en los movimientos feministas, ecologistas y pacifistas, que han demostrado capacidad de transformar agendas políticas.
Conclusión: entre la fragilidad y la esperanza
Hablar de paz y justicia en 2030 significa reconocer la fragilidad de los avances y la urgencia de actuar. El genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania, el auge de la ultraderecha y la crisis del multilateralismo son señales alarmantes. Pero también existen resistencias, propuestas y movimientos que apuestan por un futuro distinto.
Este número de Desafíos 2030 se concibe como un espacio de debate y reflexión. No pretende ofrecer soluciones cerradas, sino plantear preguntas incómodas y abrir horizontes de acción. Porque la paz y la justicia no son utopías lejanas: son tareas colectivas, aquí y ahora.
Preguntas para el debate
- ¿Qué entendemos hoy por “paz positiva” y en qué se diferencia de la “paz negativa”?
- ¿Por qué la tibieza internacional frente al genocidio palestino revela una crisis del multilateralismo?
- ¿Es posible construir paz sin justicia social?
- ¿Qué papel debería jugar Europa (y España en particular) en la defensa de los derechos humanos globales?
- ¿Qué importancia tienen los estudiantes y las universidades en el debate sobre paz y justicia?