El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal de 1948 y desarrollado en tratados posteriores. No se trata solo de poder acudir a un tribunal, sino de contar con un sistema imparcial, accesible y eficaz que garantice derechos, proteja a los más vulnerables y sancione a quienes los violan.
Sin embargo, en la práctica, millones de personas en todo el mundo viven en un escenario muy distinto: la justicia es cara, lenta, corrupta o simplemente inexistente. En muchos países, se convierte en un privilegio para quienes tienen recursos, mientras que los pobres, las mujeres, los migrantes y las minorías se ven excluidos.
Hablar de paz y justicia en el horizonte 2030 obliga a analizar estas desigualdades globales y a preguntarnos: ¿qué significa realmente que la justicia sea para todos?
La justicia como pilar de la paz
No puede haber paz sostenible sin justicia. La paz negativa, la ausencia de guerra, puede mantenerse durante un tiempo, pero si las personas no confían en que las instituciones protegen sus derechos, la violencia acaba resurgiendo.
En países donde la justicia es débil o parcial, se alimenta la impunidad, se consolidan las desigualdades y crece la desconfianza en el Estado. La corrupción, la represión política y la falta de rendición de cuentas son combustible para los conflictos armados y la violencia social.
Por ello, el ODS 16 de la Agenda 2030 vincula explícitamente la paz, la justicia y la existencia de instituciones sólidas.
Barreras estructurales al acceso a la justicia
A escala global, podemos identificar varias barreras recurrentes que impiden a millones de personas acceder a la justicia:
- Costes económicos: tasas judiciales, honorarios de abogados y gastos de procedimiento excluyen a quienes no tienen recursos.
- Corrupción: en muchos países, jueces y funcionarios se dejan influir por sobornos o presiones políticas.
- Débil infraestructura judicial: tribunales saturados, falta de personal y ausencia de oficinas en áreas rurales.
- Lenguaje y formalismos: los procesos son incomprensibles para la mayoría de la población.
- Discriminación estructural: mujeres, minorías étnicas, pueblos indígenas y migrantes enfrentan prejuicios que limitan sus derechos.
En conjunto, estos factores hacen que la justicia, en lugar de ser un derecho, se perciba como un sistema ajeno e inaccesible.
África: justicia en contextos de fragilidad
En gran parte de África subsahariana, los sistemas judiciales enfrentan desafíos estructurales. En países como Somalia, Sudán del Sur o la República Centroafricana, el Estado apenas controla el territorio y la justicia formal es inexistente. En otros, como Nigeria o Kenia, la corrupción mina la confianza ciudadana en los tribunales.
Ante esta situación, muchas comunidades recurren a sistemas tradicionales de justicia. Aunque pueden ofrecer soluciones rápidas y culturalmente reconocidas, a menudo reproducen desigualdades de género y no garantizan derechos fundamentales.
América Latina: violencia e impunidad
América Latina es la región más violenta del mundo en tiempos de paz, con tasas altísimas de homicidios y feminicidios. Sin embargo, la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Según la ONU, en algunos países más del 90 % de los homicidios no llegan a resolverse judicialmente.
Las causas son múltiples: corrupción, colapso de los sistemas judiciales, connivencia entre autoridades y grupos criminales. En países como México, El Salvador o Honduras, la violencia del narcotráfico se combina con la debilidad institucional, dejando a las víctimas en la indefensión.
Al mismo tiempo, los pueblos indígenas y comunidades rurales enfrentan obstáculos adicionales para reclamar derechos frente a empresas extractivas o proyectos estatales que afectan sus territorios.
Asia: entre sistemas autoritarios y desigualdades sociales
En Asia coexisten realidades muy diversas. En países autoritarios como China o Myanmar, el sistema judicial está subordinado al poder político, lo que impide hablar de verdadera independencia. En India, la saturación de los tribunales provoca que millones de casos se acumulen durante décadas, dejando sin resolución a generaciones enteras.
Además, en muchos contextos, las mujeres y las minorías religiosas o étnicas carecen de garantías reales para acceder a un juicio justo. Los delitos de violencia de género son sistemáticamente minimizados, y los periodistas que denuncian abusos enfrentan persecuciones judiciales.
Oriente Medio: justicia en tiempos de guerra
En Oriente Medio, la justicia está profundamente condicionada por los conflictos armados. En Siria, Yemen o Irak, los sistemas judiciales han colapsado. En Palestina, el genocidio en Gaza y la ocupación israelí han destruido cualquier posibilidad de un sistema de justicia independiente y han puesto de manifiesto la tibieza internacional para proteger los derechos humanos.
En contextos de guerra, la justicia internacional debería actuar como último recurso. Sin embargo, los mecanismos como el Tribunal Penal Internacional se ven limitados por vetos políticos y falta de cooperación de los Estados.
El papel de la justicia internacional
La justicia internacional surgió para llenar los vacíos cuando los Estados no cumplen con su obligación de proteger derechos. Los tribunales de Núremberg y Tokio, el Tribunal para la ex Yugoslavia o para Ruanda marcaron hitos.
Hoy, el Tribunal Penal Internacional (TPI) representa el esfuerzo más ambicioso en este sentido. Sin embargo, sus limitaciones son claras: no todos los países lo reconocen (EE. UU., China, Rusia, Israel), sus recursos son insuficientes y su capacidad de ejecución depende de la cooperación de los Estados.
Aun así, el TPI y otros mecanismos de justicia internacional siguen siendo fundamentales como espacios de resistencia frente a la impunidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Experiencias innovadoras: justicia comunitaria y restaurativa
Frente a la ineficacia de muchos sistemas judiciales, han surgido iniciativas innovadoras:
- Justicia comunitaria, donde las comunidades locales resuelven conflictos con apoyo de ONG y organismos internacionales.
- Justicia restaurativa, centrada en reparar el daño a las víctimas y reintegrar al agresor en la sociedad, utilizada en países como Canadá o Nueva Zelanda.
- Clínicas jurídicas universitarias, que ofrecen asesoramiento gratuito a colectivos vulnerables, como ocurre en varios países latinoamericanos y africanos.
Estas experiencias muestran que el acceso a la justicia no depende solo de tribunales estatales, sino de múltiples actores que pueden complementar su labor.
Retos hacia 2030
De cara al horizonte 2030, los principales desafíos globales en materia de justicia son:
- Reducir la corrupción en los sistemas judiciales y garantizar su independencia.
- Asegurar acceso económico y geográfico, eliminando barreras de coste y acercando la justicia a las zonas rurales.
- Proteger a los más vulnerables (mujeres, niños, migrantes, minorías) frente a la discriminación estructural.
- Fortalecer la justicia internacional, dotándola de legitimidad y recursos suficientes.
- Incorporar tecnologías digitales para agilizar procesos, sin excluir a quienes carecen de acceso a internet.
Conclusión: justicia como condición de paz
La justicia es mucho más que un sistema de tribunales: es la base de la confianza social y de la legitimidad política. Cuando se convierte en un privilegio para unos pocos, la paz se resquebraja y la violencia se reproduce.
A escala global, garantizar justicia para todos implica reformar instituciones, destinar recursos y, sobre todo, cambiar prioridades políticas. No es solo un desafío técnico, sino un imperativo ético: sin justicia, no hay paz; sin igualdad ante la ley, no hay democracia; sin reparación para las víctimas, no hay futuro sostenible.
El horizonte 2030 nos plantea un reto urgente: hacer que la promesa de “justicia para todos” deje de ser una aspiración abstracta y se convierta en una realidad concreta, especialmente para quienes más la necesitan.
Preguntas para el debate
- ¿Por qué tantos países carecen de sistemas judiciales eficaces y accesibles?
- ¿Qué impacto tiene la corrupción en la confianza ciudadana en la justicia?
- ¿En qué medida la justicia internacional puede suplir la falta de justicia nacional?
- ¿Qué aprendizajes ofrecen experiencias de justicia comunitaria y restaurativa?
- ¿Qué desafíos plantea el uso de tecnologías digitales en la administración de justicia?