Europa suele presentarse como un espacio de democracia consolidada, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es más compleja. Aunque los sistemas judiciales europeos se sitúan entre los más sólidos del mundo, persisten desigualdades profundas en el acceso a la justicia.
En España, estas tensiones se hacen especialmente visibles: saturación de los tribunales, procesos interminables, falta de recursos y, en algunos casos, percepciones de falta de independencia judicial. Además, colectivos como las mujeres víctimas de violencia de género, los migrantes o las personas con pocos recursos enfrentan barreras adicionales para hacer valer sus derechos.
El reto hacia 2030 es garantizar que la justicia no sea solo un principio constitucional, sino un derecho real y efectivo para todos.
Europa: un mapa de contrastes
El continente europeo alberga algunos de los sistemas judiciales más avanzados, pero también enfrenta serios problemas. Según el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project:
- Los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia) ocupan los primeros puestos mundiales en independencia judicial, acceso a derechos y ausencia de corrupción.
- En el otro extremo, países como Hungría y Polonia han visto deteriorarse sus sistemas judiciales debido a injerencias políticas y reformas que socavan la separación de poderes.
- En muchos Estados del Este y del Sur de Europa, la lentitud de los procesos judiciales y la corrupción siguen siendo problemas estructurales.
La Unión Europea ha intentado reaccionar mediante mecanismos de supervisión y sanción, pero su capacidad para garantizar la independencia judicial dentro de los Estados miembros es limitada.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: un referente con límites
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, es uno de los instrumentos más poderosos para proteger a la ciudadanía frente a abusos estatales. Cualquier persona que considere vulnerados sus derechos puede acudir a él tras agotar las instancias nacionales.
Gracias a sus sentencias, se han corregido violaciones en ámbitos como la libertad de expresión, la prohibición de la tortura o el derecho a un juicio justo. Sin embargo, el TEDH enfrenta dos problemas:
- La saturación: recibe decenas de miles de demandas al año.
- La falta de cumplimiento: algunos Estados ignoran o retrasan la aplicación de sus sentencias.
Esto refleja una tensión creciente entre el derecho europeo común y los nacionalismos jurídicos de ciertos países.
España: fortalezas y debilidades
España cuenta con un marco constitucional que garantiza la independencia judicial y el acceso universal a la justicia. Además, ha impulsado leyes pioneras en ámbitos como la violencia de género (Ley Integral de 2004) o la protección de la infancia (LOPIVI de 2021).
No obstante, los desafíos son significativos:
- Saturación de los tribunales: según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados españoles tramitan cada año más de 6 millones de asuntos, lo que provoca retrasos crónicos.
- Recursos insuficientes: el gasto en justicia en España se sitúa por debajo de la media europea, lo que se traduce en carencia de personal, infraestructuras obsoletas y falta de digitalización.
- Percepción de falta de independencia: las disputas políticas en torno a la renovación del CGPJ han alimentado la desconfianza ciudadana.
- Desigualdad territorial: el acceso a la justicia varía según comunidades autónomas, especialmente en el caso de la asistencia jurídica gratuita.
Mujeres y violencia de género
La violencia de género es un terreno donde las carencias del sistema judicial se hacen evidentes. España cuenta con leyes avanzadas, juzgados especializados y mecanismos de protección, pero los resultados son insuficientes:
- Persisten altos niveles de revictimización, donde las mujeres sienten que su testimonio es cuestionado o minimizado.
- Los recursos de protección no siempre llegan a tiempo: cada año decenas de mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas pese a haber denunciado previamente.
- En Europa, países como Italia, Francia o Polonia muestran cifras alarmantes de feminicidios, en un contexto donde los discursos ultraderechistas intentan debilitar las políticas de igualdad.
La justicia de género sigue siendo una promesa pendiente en el continente.
Migrantes y minorías
Otro de los grandes retos es el acceso a la justicia de migrantes y minorías étnicas. En España, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) han sido denunciados por ONG y organismos internacionales por condiciones precarias y falta de garantías jurídicas. Los migrantes en situación irregular temen denunciar abusos por miedo a la deportación.
En Europa, la externalización de fronteras hacia terceros países ha generado un limbo jurídico donde miles de personas carecen de acceso a procedimientos de asilo efectivos. El genocidio palestino y la tibieza de la respuesta europea también reflejan un doble estándar en la aplicación del derecho internacional.
Corrupción y grandes causas judiciales
La corrupción es otro factor que debilita la confianza en la justicia. En España, casos como Gürtel o Kitchen han puesto a prueba la independencia del poder judicial y han alimentado la percepción de que la justicia actúa con lentitud y de manera desigual según la posición social de los acusados.
En Europa, los escándalos de corrupción en instituciones como el Parlamento Europeo (“Qatargate”) muestran que incluso los espacios que deberían ser referentes de transparencia no están exentos de malas prácticas.
Innovaciones y buenas prácticas
A pesar de estos problemas, también existen avances dignos de mención:
- La digitalización judicial en varios países europeos ha agilizado procedimientos y aumentado la transparencia.
- En España, el sistema de asistencia jurídica gratuita permite a quienes carecen de recursos acceder a defensa, aunque su calidad depende del presupuesto asignado.
- Iniciativas de justicia restaurativa, especialmente en justicia juvenil, ofrecen alternativas más humanas y eficaces que el castigo tradicional.
Estas experiencias muestran que es posible innovar para acercar la justicia a la ciudadanía.
Retos hacia 2030
Los principales retos para Europa y España en materia de acceso a la justicia son:
- Garantizar la independencia judicial, blindando los órganos de gobierno frente a injerencias políticas.
- Invertir más recursos para reducir la saturación y modernizar infraestructuras.
- Asegurar igualdad de acceso para mujeres, migrantes, minorías y colectivos vulnerables.
- Cumplir de manera efectiva las sentencias del TEDH, reforzando la coherencia del sistema europeo.
- Combatir la corrupción mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Conclusión: credibilidad en juego
Europa y España cuentan con sistemas judiciales más sólidos que gran parte del mundo, pero su credibilidad depende de que sean percibidos como independientes, eficaces y accesibles. Cuando los tribunales se saturan, los procesos se eternizan o los poderosos quedan impunes, la confianza ciudadana se erosiona.
En el horizonte 2030, el desafío es garantizar que la justicia deje de ser vista como un privilegio o un obstáculo, y se convierta en un pilar real de la democracia. Porque sin justicia efectiva, la paz es frágil, y sin igualdad ante la ley, los derechos se convierten en papel mojado.
Preguntas para el debate
- ¿Qué factores explican la percepción de falta de independencia judicial en España?
- ¿Cómo afecta la saturación de los tribunales al derecho a un juicio justo?
- ¿Qué desafíos plantea la protección judicial de migrantes y minorías en España?
- ¿Qué riesgos implica la politización de la justicia para la democracia europea?
- ¿Qué innovaciones podrían hacer la justicia más accesible y cercana a la ciudadanía?