Durante años, la narrativa dominante en Europa fue que el Estado debía “hacerse pequeño” en la economía, limitándose a regular y dejando la iniciativa a las empresas privadas. Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas (crisis financieras, pandemia, tensiones geopolíticas) ha devuelto al sector público al centro del debate industrial.
¿Debe el Estado limitarse a arbitrar un marco competitivo o debe también ser un actor directo en sectores estratégicos, invirtiendo, tomando participación e incluso controlando empresas clave? Esta cuestión divide opiniones, pero la historia y la actualidad ofrecen ejemplos reveladores.
El Estado empresario: una tradición europea
En Europa, la presencia pública en la industria tiene una larga trayectoria.
- Francia: la energía nuclear fue impulsada por el Estado a través de la empresa pública EDF. También Airbus nació como un consorcio europeo con fuerte participación gubernamental.
- Italia: el IRI (Instituto para la Reconstrucción Industrial) gestionó durante décadas un amplio conglomerado de empresas públicas en sectores como acero, automoción y telecomunicaciones.
- España: el INI (Instituto Nacional de Industria) creado en 1941 controlaba empresas como SEAT, Ensidesa o Endesa. Tras las privatizaciones de los 80 y 90, algunas ramas se mantuvieron bajo control público parcial, como Navantia (astilleros de defensa) o AENA (aeropuertos).
Estos ejemplos muestran que el Estado ha sido históricamente un motor de industrialización, especialmente en sectores de gran inversión inicial y riesgo tecnológico.
De la ola privatizadora al debate actual
Con la liberalización de los 80 y 90, buena parte de estas empresas fueron privatizadas. Telefónica, Repsol, Endesa o Iberia pasaron a manos privadas en España; British Telecom o British Airways en Reino Unido. El discurso era que la competencia aseguraría eficiencia y que el Estado debía retirarse.
Sin embargo, la crisis de 2008 y, más aún, la pandemia de 2020, reabrieron el debate:
- Los Estados tuvieron que rescatar empresas estratégicas (como Lufthansa en Alemania o Alitalia en Italia).
- Se planteó la necesidad de asegurar el control de sectores básicos como energía, telecomunicaciones o sanidad.
- El auge de China como potencia industrial reavivó la discusión sobre hasta dónde debe llegar el intervencionismo.
China: un modelo de doble cara
China constituye un caso paradigmático y desafiante para Europa.
- Hacia dentro, su política industrial es fuertemente proteccionista y estatal: subvenciones masivas, bancos públicos que financian a empresas nacionales, planificación estratégica a largo plazo (Made in China 2025).
- Hacia fuera, en cambio, adopta una actitud casi neoliberal, presentándose como un socio global abierto al comercio e invirtiendo agresivamente en mercados internacionales (África, América Latina, Europa).
El resultado es que China ha logrado en apenas cuatro décadas pasar de ser la “fábrica barata del mundo” a liderar sectores de frontera como telecomunicaciones, energías renovables o inteligencia artificial.
Para Europa, la comparación es incómoda: mientras en Bruselas se recelaba de la intervención estatal, Pekín construía campeones nacionales capaces de competir globalmente.
Europa: entre la ortodoxia y la necesidad
Tradicionalmente, la Unión Europea ha defendido una visión liberal en todos los ámbitos: prohibición de ayudas de Estado que distorsionen la competencia, apertura comercial sin reservas, limitación del intervencionismo.
Sin embargo, en los últimos años esta postura se ha suavizado:
- Los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI) permiten excepciones a la normativa de competencia para financiar sectores estratégicos (baterías, hidrógeno, semiconductores).
- La crisis energética de 2022 llevó a varios países a nacionalizar parcial o totalmente empresas de energía para garantizar el suministro (caso de Uniper en Alemania).
- Francia mantiene una participación pública relevante en EDF, mientras Italia ha reforzado el control en ENI (energía) o Leonardo (defensa).
Europa empieza a aceptar que cierto grado de intervención estatal es imprescindible en un mundo donde las grandes potencias no dudan en proteger a sus industrias.
El caso español: entre privatizaciones y PERTE
España, tras las privatizaciones de los 90, redujo mucho el peso directo del Estado en la industria. Sin embargo, conserva presencia en sectores estratégicos a través de:
- SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que controla Navantia, Correos y participa en Indra o Airbus.
- AENA, principal operador aeroportuario.
- Red Eléctrica, con participación pública relevante en la gestión de infraestructuras críticas.
En los últimos años, el Estado ha recuperado un papel activo a través de los PERTE (Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica), financiados con fondos europeos, que buscan impulsar la automoción eléctrica, el hidrógeno verde o la salud de vanguardia.
El debate: ¿hasta dónde intervenir?
La comparación entre modelos muestra los dilemas del intervencionismo:
- Ventajas de la presencia pública: permite orientar inversiones a largo plazo, garantizar servicios esenciales, mantener empleos estratégicos y defender la autonomía nacional.
- Riesgos: peligro de ineficiencia, politización de decisiones empresariales, captura de recursos por parte de grupos de interés.
El caso chino demuestra que la planificación estratégica y el apoyo estatal pueden ser enormemente eficaces en términos de competitividad global. Pero también plantea preguntas sobre transparencia, derechos laborales o sostenibilidad.
Europa, en cambio, se enfrenta a la necesidad de encontrar un equilibrio: intervenir lo suficiente para no quedar atrás, pero sin renunciar a los principios de mercado y competencia que definen su proyecto.
Conclusión: el Estado como actor imprescindible
En un mundo en el que la industria vuelve a ser terreno de competencia geopolítica, el sector público ya no puede limitarse a ser un árbitro pasivo. La pandemia, la crisis energética y la pugna tecnológica entre potencias lo han demostrado: sin un Estado activo, la autonomía industrial es una quimera.
El reto es diseñar un modelo de intervención que combine visión estratégica y eficiencia, evitando tanto el dogmatismo liberal como el dirigismo ineficaz. La pregunta que Europa debe responder en esta década es clara: ¿será capaz de articular un Estado industrial inteligente, capaz de guiar la transición ecológica y digital sin sacrificar sus valores democráticos?
Preguntas para el debate
- ¿Qué enseñanzas dejan experiencias históricas como INI en España o EDF en Francia?
- ¿Hasta dónde debe llegar la participación directa del Estado en empresas industriales?
- ¿Qué ventajas y riesgos tiene el modelo chino de intervencionismo industrial?
- ¿Cómo debería equilibrar Europa la tradición liberal con la necesidad de soberanía?
- ¿Es posible un “Estado industrial inteligente” que combine eficiencia y visión estratégica?