Si el siglo XIX se caracterizó por la lucha por el control de los territorios y el XX por el acceso a los recursos energéticos, el siglo XXI está marcado por la disputa por los datos. Cada clic, búsqueda, compra o desplazamiento deja un rastro digital que, procesado por algoritmos, se convierte en información valiosa para empresas y gobiernos. En este escenario, hablar de soberanía digital implica preguntarnos quién controla esos datos, cómo se utilizan y en beneficio de quién.
Este artículo explora los riesgos de la concentración de datos en manos privadas, el auge del llamado capitalismo de vigilancia, las medidas que se discuten para proteger la privacidad y, finalmente, las posibilidades de pensar los datos como un recurso común al servicio de la sociedad.
¿Qué es la soberanía digital?
El concepto de soberanía digital alude a la capacidad de los Estados, instituciones y comunidades para decidir sobre el uso de infraestructuras, plataformas y datos en el entorno digital. En otras palabras:
- ¿Quién almacena nuestros datos?
- ¿Dónde se procesan?
- Bajo qué reglas y con qué fines se utilizan?
La soberanía digital no es solo una cuestión de autonomía tecnológica, sino también de justicia social y democracia. Sin ella, los países y las personas quedan subordinados a decisiones tomadas en centros corporativos lejanos y opacos.
El capitalismo de vigilancia
La investigadora Shoshana Zuboff acuñó el término capitalismo de vigilancia para describir el modelo económico de las grandes plataformas digitales. Su lógica es clara:
- Extraer datos personales de la actividad cotidiana de los usuarios.
- Analizarlos mediante algoritmos para predecir y modelar comportamientos.
- Monetizarlos a través de la publicidad personalizada o la venta de servicios.
En este modelo, los datos no son un simple subproducto, sino la materia prima de un sistema económico global. El problema es que esta extracción se realiza, en gran medida, sin consentimiento informado y con escasa transparencia.
Riesgos de la concentración de datos
La acumulación masiva de datos en manos de unas pocas corporaciones plantea múltiples riesgos:
- Privacidad individual: la información sobre nuestras búsquedas, contactos, gustos o ubicaciones revela más de lo que imaginamos. Puede ser usada para manipularnos o vigilarnos.
- Asimetrías de poder: las empresas que concentran datos tienen una ventaja competitiva desproporcionada frente a nuevos actores. Esto refuerza los oligopolios tecnológicos.
- Dependencia estatal: incluso gobiernos y servicios públicos dependen de proveedores privados de nube y software, con el riesgo de que información sensible quede bajo control externo.
- Seguridad nacional: el acceso a infraestructuras críticas y a datos de la ciudadanía puede convertirse en un factor de vulnerabilidad geopolítica.
Datos para el bien común
No todo uso de datos es negativo. En realidad, los datos bien gestionados pueden convertirse en una herramienta poderosa para el bien común:
- Salud pública: bases de datos masivas permiten anticipar epidemias, mejorar diagnósticos y diseñar tratamientos personalizados.
- Ciencia abierta: compartir datos de investigación acelera el progreso científico.
- Políticas públicas: los datos agregados ayudan a comprender mejor problemas sociales y a diseñar soluciones más efectivas.
- Sostenibilidad: la monitorización ambiental y climática depende del acceso a datos de calidad.
La cuestión no es, por tanto, eliminar la recopilación de datos, sino establecer reglas claras y democráticas sobre su uso.
Marcos regulatorios existentes
En los últimos años, distintos marcos legales han buscado equilibrar la innovación con la protección de derechos:
- Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea: pionero en garantizar derechos como la portabilidad de datos, el consentimiento explícito y el “derecho al olvido”.
- Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA): otorga a los residentes mayor control sobre la información que recopilan las empresas.
- Debates en América Latina: países como Brasil y Argentina han avanzado en normativas de protección de datos, aunque con desafíos de implementación.
No obstante, estas regulaciones enfrentan límites importantes:
- Dificultad de fiscalizar a corporaciones globales.
- Asimetría entre países con capacidad de regulación (como la UE) y otros con menor poder político y económico.
- Falta de cultura ciudadana en torno a la protección de datos.
Hacia una gobernanza democrática de los datos
Distintas propuestas intentan repensar el modelo de gestión de datos más allá del capitalismo de vigilancia:
- Data commons o comunes de datos
- Los datos se entienden como un recurso compartido, gestionado de manera colectiva y con acceso abierto para fines sociales.
- Ejemplo: repositorios de datos científicos abiertos a toda la comunidad investigadora.
- Soberanía comunitaria
- Iniciativas locales o regionales donde comunidades gestionan sus propios datos (por ejemplo, en agricultura, transporte o salud).
- Infraestructuras públicas de datos
- Creación de plataformas estatales o supranacionales para almacenar y procesar datos estratégicos.
- Garantizar que servicios básicos (salud, educación, seguridad) no dependan de proveedores privados extranjeros.
- Ética y transparencia algorítmica
- Obligar a las empresas y a los gobiernos a explicar cómo se usan los datos y cómo funcionan los algoritmos que los procesan.
Datos y geopolítica
El debate sobre soberanía digital no es solo interno. Se enmarca en una competencia global, especialmente entre Estados Unidos, China y la Unión Europea.
- EE. UU. domina gran parte de las plataformas y servicios digitales.
- China impulsa gigantes tecnológicos propios y controla férreamente el flujo de datos dentro de su territorio.
- La UE intenta posicionarse como referente en regulación y ética digital, pero depende en gran medida de infraestructuras externas.
Esta disputa geopolítica pone en evidencia que los datos no son un tema meramente técnico, sino un recurso estratégico comparable al petróleo o al agua en otras épocas.
Conclusión
Los datos son hoy la materia prima de la economía digital y un recurso estratégico para las sociedades contemporáneas. En manos privadas y sin regulación, alimentan un capitalismo de vigilancia que erosiona derechos y concentra poder. Pero gestionados de manera democrática, pueden convertirse en un motor de progreso social, científico y ambiental.
La soberanía digital no significa aislarse del mundo, sino garantizar que los datos de la ciudadanía y de las instituciones estén protegidos, gestionados con transparencia y orientados al bien común. Hacia 2030, la pregunta central será: ¿seguiremos entregando nuestros datos a cambio de servicios “gratuitos”, o seremos capaces de construir un modelo de gobernanza que priorice la democracia y la justicia social?
Preguntas para el debate
- ¿Hasta qué punto los datos personales deberían ser considerados una extensión de los derechos humanos básicos?
- ¿Es posible construir un modelo de “datos como bien común” en un mundo dominado por corporaciones globales?
- ¿Qué papel deberían desempeñar los Estados en la protección de los datos frente a intereses privados y geopolíticos?
- ¿Cómo fomentar una cultura ciudadana de protección y uso consciente de los datos?
- ¿Qué riesgos y oportunidades abre la utilización de datos masivos en áreas como salud, educación o sostenibilidad?