La corrupción es una de las amenazas más persistentes y corrosivas para la buena gobernanza. Debilita las instituciones democráticas, erosiona la confianza ciudadana, desvía recursos que deberían destinarse al bien común y perpetúa desigualdades. La corrupción no es un fenómeno aislado: se entrelaza con la concentración de poder, la opacidad institucional y la falta de rendición de cuentas.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparency International, más de dos tercios de los países del mundo obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100, lo que refleja altos niveles de corrupción percibida. Europa y España, aunque en mejor situación relativa, no están exentas del problema.
La pregunta clave es: ¿qué hemos aprendido en la lucha contra la corrupción en las últimas décadas? ¿Qué innovaciones han funcionado y cuáles han fracasado?
El mapa global de la corrupción
La corrupción adopta múltiples formas: sobornos, clientelismo, nepotismo, tráfico de influencias, evasión fiscal o captura de reguladores.
- Casos paradigmáticos globales: el escándalo de Odebrecht en América Latina, que implicó a presidentes y ministros de más de 10 países; el Petrolão en Brasil; o la trama de los Papeles de Panamá, que reveló redes globales de evasión fiscal.
- En Europa: Hungría y Bulgaria figuran entre los países más problemáticos de la UE en el índice de Transparency International, con denuncias de uso indebido de fondos europeos.
- En España: la trama Gürtel, los ERE de Andalucía o la más reciente investigación sobre contratos durante la pandemia han marcado la agenda política y deteriorado la confianza social.
La corrupción no es exclusiva de países con democracias débiles; también se produce en sistemas consolidados cuando fallan los mecanismos de control.
Los costos de la corrupción
El impacto de la corrupción es múltiple:
- Económico: desvía recursos, encarece proyectos y reduce la eficiencia del gasto público. El Banco Mundial estima que la corrupción supone entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial cada año.
- Social: genera desigualdades, ya que los recursos sustraídos son precisamente los que deberían destinarse a servicios esenciales como sanidad, educación o infraestructuras.
- Político: alimenta el desencanto ciudadano y abre espacio a discursos populistas que capitalizan el descontento social.
- Internacional: deteriora la reputación de los países, dificulta la cooperación y desalienta la inversión extranjera.
Innovaciones en la lucha contra la corrupción
En las últimas décadas se han ensayado diversas estrategias, con resultados desiguales:
- Leyes de transparencia y acceso a la información: permiten a periodistas, organizaciones y ciudadanos fiscalizar la acción pública. Han sido clave para destapar escándalos en Reino Unido, México o España.
- Instituciones especializadas: organismos anticorrupción con autonomía, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que aunque cerrada, dejó importantes lecciones.
- Tecnología y datos abiertos: el uso de plataformas digitales para seguir el gasto público (por ejemplo, en Estonia o Chile), o la incorporación de tecnologías como blockchain en contrataciones para reducir discrecionalidad.
- Periodismo de investigación y sociedad civil: proyectos como los Papeles de Panamá o consorcios internacionales han demostrado la importancia de un periodismo libre y de ONG independientes.
Fracasos y limitaciones
No todas las iniciativas han sido exitosas:
- Muchas oficinas anticorrupción han sido cooptadas por los propios gobiernos a los que deberían vigilar.
- Las leyes de transparencia, sin sanciones, se convierten en letra muerta. España es un ejemplo: la Ley 19/2013 carece de un organismo independiente con poder sancionador.
- Las iniciativas tecnológicas pueden convertirse en simulacros de transparencia si los datos no son claros, actualizados o accesibles.
- En algunos países, la lucha contra la corrupción ha sido usada como arma política selectiva, dirigida contra opositores y no como un compromiso sistémico.
El papel de Europa
La Unión Europea ha dado pasos importantes:
- La creación de la Fiscalía Europea (EPPO), activa desde 2021, con competencia para investigar fraudes que afecten al presupuesto comunitario.
- Directivas sobre contratación pública y blanqueo de capitales que refuerzan los controles.
- Iniciativas de transparencia sobre lobbies en Bruselas.
No obstante, persisten desafíos: el uso indebido de fondos europeos en países como Hungría y Polonia muestra las dificultades para aplicar sanciones efectivas sin generar tensiones políticas.
España: avances y temas pendientes
España ocupa posiciones intermedias en el Índice de Percepción de la Corrupción, con una puntuación de 60/100 en 2023. Entre los avances destacan la Ley de Transparencia, la Fiscalía Anticorrupción y la reciente Ley de Protección de Informantes (2023).
Sin embargo, existen peculiaridades del sistema español que alimentan la percepción de impunidad:
- Aforamientos: España es el país europeo con más personas aforadas (más de 250.000 entre cargos políticos, jueces y fuerzas de seguridad). Esto significa que en caso de ser investigados, no son juzgados por tribunales ordinarios sino por instancias superiores, lo que genera sensación de privilegio y frena procesos judiciales. La figura, pensada para proteger la función institucional, se ha convertido en un escudo injustificado frente a la corrupción.
- Puertas giratorias: el tránsito de responsables públicos a grandes empresas privadas, especialmente en sectores regulados (energía, telecomunicaciones, banca), plantea un serio conflicto de intereses. La ciudadanía percibe que muchos de estos fichajes son una contraprestación por favores políticos previos. La regulación en España es débil: existen periodos de incompatibilidad de dos años, pero fácilmente eludibles, lo que erosiona la confianza en la independencia de las decisiones públicas.
A estos problemas se suma la lenta tramitación judicial de los grandes casos de corrupción y la ausencia de una ley integral del lobby, que deja amplias zonas grises en la relación entre política y empresa.
Ciudadanía y cultura anticorrupción
La corrupción no se combate solo con leyes: requiere una cultura ciudadana de integridad. Esto incluye:
- Educación en valores cívicos y éticos.
- Promoción de la denuncia ciudadana mediante canales seguros y protección a denunciantes.
- Empoderamiento de medios y organizaciones sociales para vigilar al poder.
En España, plataformas como Civio o la Fundación Hay Derecho han demostrado cómo la sociedad civil puede ser un actor clave en exigir transparencia y rendición de cuentas.
Lecciones aprendidas y retos para 2030
De las experiencias internacionales se extraen varias lecciones:
- Sin independencia institucional, los mecanismos anticorrupción pierden efectividad.
- La transparencia sin sanciones es insuficiente.
- La cooperación internacional es esencial: la corrupción suele ser transnacional.
- El periodismo libre y la sociedad civil son aliados indispensables.
- La cultura ciudadana de intolerancia a la corrupción es el mejor antídoto a largo plazo.
Conclusión: una lucha permanente
La corrupción no desaparecerá por completo, pero puede reducirse de manera significativa con políticas coherentes, instituciones sólidas y ciudadanía vigilante. La experiencia global demuestra que los avances son posibles, aunque también que las conquistas pueden revertirse si se relajan los controles.
De cara a 2030, Europa y España tienen la oportunidad de convertir la transparencia y la integridad en señas de identidad democrática, no solo como obligación legal, sino como cultura política compartida. Solo así la gobernanza podrá sostenerse frente al desencanto y ofrecer respuestas a los grandes desafíos del siglo XXI.
Preguntas para el debate
- ¿Qué impacto tienen los aforamientos en la confianza ciudadana en España?
- ¿Son suficientes las leyes anticorrupción sin un poder judicial independiente?
- ¿Cómo afectan las puertas giratorias a la percepción pública de la política?
- ¿Qué papel debe jugar la sociedad civil en el control de la corrupción?
- ¿Qué modelos internacionales podrían servir de referencia para España y Europa?