El concepto de gobernanza entendido como el entramado de instituciones, procesos y prácticas a través de los cuales se toman decisiones colectivas y se regulan cuestiones de interés común, atraviesa hoy un momento de gran tensión. En la segunda década del siglo XXI, las promesas de una democracia global más sólida, transparente y participativa se ven amenazadas por fuerzas que apuntan en dirección contraria: el auge de nuevos autoritarismos, la desinformación masiva, la vigilancia digital, la creciente concentración del poder económico y político, y la crisis del multilateralismo.
Lo que está en juego no es solo la calidad de nuestras democracias, sino la capacidad misma de nuestras sociedades para gobernarse de forma legítima, inclusiva y sostenible. A medida que los problemas globales (desde el cambio climático hasta las migraciones, pasando por las pandemias o la revolución tecnológica) se intensifican, se hace más evidente la necesidad de sistemas de gobernanza robustos, confiables y cooperativos. Sin embargo, estamos viendo cómo los pilares de esos sistemas se erosionan.
El resurgir de los autoritarismos y la ultraderecha
En la última década, múltiples informes de organismos internacionales han alertado de una “recesión democrática”. Regímenes que alguna vez se presentaron como democracias consolidadas han empezado a mostrar signos de debilitamiento institucional: ataques a la independencia judicial, restricciones a la libertad de prensa, hostigamiento a la sociedad civil y manipulación de los procesos electorales.
Este fenómeno se expresa con claridad en casos paradigmáticos:
- Brasil con Jair Bolsonaro (2019-2022) mostró cómo un discurso de extrema derecha, basado en el negacionismo climático, el descrédito de las instituciones y la polarización, puede debilitar la confianza social y tensionar la gobernanza de un país continental.
- Argentina con Javier Milei, desde 2023, representa otra vertiente: un proyecto ultraliberal con tintes autoritarios que desafía las instituciones democráticas tradicionales y apuesta por un relato antipolítico que erosiona los consensos básicos.
- Hungría bajo Viktor Orbán se ha consolidado como ejemplo de “democracia iliberal” en Europa, con reformas legales que limitan la independencia judicial, controlan medios de comunicación y restringen derechos fundamentales.
- Estados Unidos con Donald Trump mostró que incluso la democracia más antigua del mundo no está exenta de riesgos: el asalto al Capitolio en 2021 puso en evidencia hasta qué punto los discursos populistas de ultraderecha pueden socavar la legitimidad de las instituciones.
Este resurgir autoritario se vincula a un movimiento más amplio de ultraderecha global. En Europa, Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia, Vox en España y Alternativa para Alemania (AfD) han capitalizado el descontento social con mensajes que combinan nacionalismo, rechazo a la inmigración, euroescepticismo y desconfianza hacia el multilateralismo.
El riesgo es doble: por un lado, se consolidan modelos de gobiernos con prácticas cada vez menos democráticas; por otro, se normaliza un discurso político que presenta el autoritarismo como una respuesta “eficaz” a la complejidad de los problemas actuales.
La desinformación como amenaza sistémica
El ecosistema digital ha multiplicado las oportunidades de acceso a la información, pero también los riesgos. Las noticias falsas (fake news), las campañas de desinformación y la manipulación algorítmica han transformado el modo en que los ciudadanos construyen su visión del mundo.
Los líderes populistas de ultraderecha han sabido aprovechar la desinformación como estrategia política. Bolsonaro negó la gravedad de la COVID-19, Trump impulsó teorías conspirativas sobre el fraude electoral, y Vox en España difunde mensajes sobre inmigración que han sido repetidamente desmentidos. En Europa central, Orbán ha promovido campañas masivas de propaganda contra migrantes y contra la Unión Europea, generando desconfianza hacia las instituciones comunitarias.
En España, en contextos electorales, proliferan bulos difundidos en redes sociales y canales de mensajería, dirigidos a movilizar emocionalmente a los votantes. En Europa, la desinformación vinculada a actores externos influyó en procesos clave como el Brexit o las elecciones al Parlamento Europeo. El desafío para la gobernanza es enorme: ¿cómo garantizar el derecho a la información veraz sin caer en censura o control excesivo de contenidos?
Vigilancia masiva y concentración tecnológica
Las tecnologías digitales también han abierto un nuevo campo de tensiones entre seguridad, privacidad y gobernanza democrática. La vigilancia masiva, tanto estatal como privada, se ha convertido en una práctica común en muchos países. El uso de tecnologías como el reconocimiento facial, el rastreo de datos personales y la inteligencia artificial plantea dilemas éticos y jurídicos de gran calado.
Los gobiernos autoritarios encuentran en estas herramientas un mecanismo para controlar y disciplinar a la ciudadanía. Y al mismo tiempo, las grandes corporaciones tecnológicas —las llamadas Big Tech— acumulan un poder sin precedentes en la esfera económica, política y cultural. Su capacidad para modular el acceso a la información y condicionar los debates públicos las convierte en actores de facto de la gobernanza global.
Europa intenta responder con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley de Inteligencia Artificial, pero la rapidez del avance tecnológico y la magnitud del poder corporativo hacen que estas iniciativas vayan a remolque.
Desigualdad económica y captura del poder
La concentración de la riqueza es otra de las grandes amenazas para la gobernanza. La distancia entre los más ricos y el resto de la población no deja de crecer, y con ella la percepción de injusticia y la erosión de la cohesión social.
Cuando los grandes actores económicos influyen de manera desproporcionada en la toma de decisiones públicas, a través de lobbies, financiación política o presión indirecta, hablamos de captura del Estado.
El discurso de la ultraderecha suele instrumentalizar esta situación. Líderes como Trump, Milei o Le Pen apelan al descontento social, pero al mismo tiempo defienden políticas económicas que profundizan desigualdades. En Europa, la indecisión de muchos gobiernos para revertir políticas de austeridad y recortes y reforzar el estado del bienestar se ha convertido en un terreno fértil para la expansión de estas fuerzas políticas.
La crisis de la cooperación y el multilateralismo
Si la gobernanza democrática enfrenta retos dentro de los Estados, a nivel internacional el panorama no es más alentador. El multilateralismo (el sistema de cooperación internacional basado en instituciones como la ONU, la OMS o la OMC) atraviesa una crisis profunda.
Los liderazgos de Trump, Bolsonaro y Milei comparten un rasgo común: el rechazo al multilateralismo. El primero debilitó acuerdos globales (salida del Acuerdo de París, bloqueo a la OMS durante la pandemia), el segundo rechazó compromisos climáticos, y el tercero cuestiona la utilidad de cualquier espacio de cooperación regional.
En Europa, la ultraderecha también alimenta un discurso que debilita el proyecto común: Vox en España, AfD en Alemania o Le Pen en Francia defienden visiones soberanistas que restan fuerza a la integración europea.
Sin cooperación efectiva, los problemas globales (crisis climática, migraciones, pandemias, ciberseguridad) se agravan y los Estados se refugian en soluciones nacionalistas y de corto plazo.
Gobernanza y ciudadanía: un reto compartido
La suma de todos estos factores (autoritarismos, ultraderecha, desinformación, vigilancia masiva, concentración de poder, desigualdad y debilitamiento del multilateralismo) configura un escenario de riesgo democrático. La gobernanza, entendida como un proceso colectivo que requiere confianza, transparencia y participación, no puede sostenerse en un clima de desconfianza generalizada.
La respuesta pasa por repensar la gobernanza en clave de resiliencia democrática: reforzar instituciones, garantizar el pluralismo mediático, exigir rendición de cuentas a las empresas, proteger y reforzar derechos sociales, reducir el poder de los oligopolios digitales y recuperar el espíritu de cooperación internacional.
Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, un marco imprescindible para un nueva gobernanza
La Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) emerge como principio estructurante de toda la acción pública en el contexto de los retos globales y la Agenda 2030. Lejos de ser un mero instrumento de coordinación administrativa, la CPDS, tal como la han definido la OCDE y las Naciones Unidas, constituye una herramienta política y estratégica que permite alinear las políticas económicas, sociales, ambientales y culturales entre sí y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su finalidad es evitar contradicciones, potenciar sinergias y aumentar la eficacia y legitimidad de las intervenciones públicas.
Esta coherencia se despliega en cuatro dimensiones complementarias que refuerzan su carácter integral:
- Horizontal, al articular las políticas sectoriales para que se refuercen mutuamente.
- Vertical, al garantizar la convergencia entre los diferentes niveles de gobierno: local, regional, nacional e internacional.
- Temporal, al considerar los impactos intergeneracionales y el principio de equidad para las futuras generaciones.
- Cosmopolita, al reconocer los efectos que las decisiones internas producen en otros territorios, contribuyendo a una responsabilidad global compartida.
Sin embargo, la CPDS trasciende lo técnico: implica un enfoque político que interpela la manera en que se diseñan y se implementan las políticas públicas. Requiere identificar y priorizar políticas transformadoras, incluso cuando ello suponga reformar prioridades tradicionales, cuestionar inercias institucionales o confrontar intereses establecidos. De este modo, la CPDS se convierte en un pilar de una nueva gobernanza pública, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común en un contexto de creciente interdependencia, crisis climática y complejidad social.
Conclusión: hacia una gobernanza para el 2030
Nos acercamos a 2030 en una encrucijada. La gobernanza global se enfrenta a amenazas sin precedentes, pero también a oportunidades inéditas. La digitalización, la conciencia ambiental y el empuje de nuevas generaciones más críticas abren la posibilidad de reimaginar la forma en que nos gobernamos colectivamente.
La clave estará en no resignarse a la narrativa del autoritarismo como solución eficaz. La gobernanza democrática, aunque imperfecta, sigue siendo el mejor marco para garantizar derechos, distribuir poder y afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Si queremos llegar a 2030 con democracias más sólidas, empresas más responsables y una ciudadanía más activa, debemos empezar por reconocer los riesgos actuales y abrir debates informados. Este número de Desafíos 2030 busca justamente eso: ofrecer herramientas de reflexión para imaginar y construir una gobernanza más justa, participativa y sostenible.
Preguntas para el debate
- ¿Qué factores explican el auge de movimientos autoritarios en contextos democráticos consolidados?
- ¿Hasta qué punto las redes sociales son responsables de la polarización política actual?
- ¿Podemos hablar de una “crisis global de la democracia” o de fenómenos locales que coinciden en el tiempo?
- ¿Cómo debería responder la UE al crecimiento de partidos ultraderechistas en su interior?
- ¿Qué papel juegan las desigualdades económicas en la erosión de la confianza en la democracia?