La democracia representativa, basada en elecciones periódicas y el papel de partidos políticos, ha sido el modelo predominante en Europa desde la posguerra y en España desde la transición. Sin embargo, hoy se encuentra en crisis de legitimidad. La participación electoral decrece en muchos países, la desconfianza hacia partidos y parlamentos es creciente, y amplias capas de la población sienten que sus voces no se traducen en decisiones reales.
En este contexto, conceptos como democracia deliberativa y participación pública han ganado relevancia. Frente a un escenario en el que la política se percibe como distante o capturada por élites, la democracia deliberativa propone ampliar los mecanismos que permiten a la ciudadanía debatir, influir y decidir sobre los asuntos colectivos. La pregunta que guía este artículo es clara: ¿cómo devolver la voz a la ciudadanía en un tiempo de polarización, populismos y desencanto democrático?
Más allá de votar: la lógica de la democracia deliberativa
El voto es esencial, pero insuficiente. La democracia deliberativa propone que la legitimidad no depende solo del recuento de votos, sino de la calidad del debate público. Esto implica garantizar que las decisiones se tomen tras un intercambio de argumentos informados, inclusivos y respetuosos.
Ejemplos paradigmáticos son las asambleas ciudadanas sobre el clima en Francia, Irlanda y España, donde un grupo representativo de ciudadanos se reúne para deliberar sobre políticas complejas y presentar recomendaciones a los gobiernos. Estos ejercicios han demostrado que los ciudadanos, cuando reciben información veraz y tienen tiempo para discutir, pueden alcanzar consensos más razonados que los generados en la arena partidista.
La crisis de participación en cifras
Los datos muestran una brecha entre ciudadanía e instituciones:
- En la UE, la participación electoral promedio al Parlamento Europeo fue del 50,7 % en 2019, una mejora respecto al mínimo histórico de 42,6 % en 2014, pero aún baja comparada con elecciones nacionales.
- En España, las elecciones generales de 2023 registraron un 70,4 % de participación, una de las cifras más altas de la última década, pero aún con millones de abstencionistas.
- Según el Eurobarómetro de 2024, solo el 36 % de los europeos confía en sus parlamentos nacionales, frente al 52 % que confía en la Unión Europea.
- En España solo el 18 % de los ciudadanos confía en los partidos políticos, lo que refleja una fractura profunda entre representación y ciudadanía.
Estos datos confirman la necesidad de repensar cómo involucrar a la sociedad más allá del voto.
Mecanismos de participación directa
Diversos países y ciudades han implementado experiencias que buscan acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones:
- Presupuestos participativos: pioneros en Porto Alegre (Brasil), hoy se aplican en ciudades europeas como París, Madrid o Barcelona. Permiten que vecinos decidan cómo gastar una parte del presupuesto municipal. Su impacto es mayor en lo local, donde los ciudadanos ven resultados concretos.
- Iniciativas legislativas populares: permiten que un número mínimo de firmas obligue a los parlamentos a debatir una propuesta. En España se requieren 500.000 firmas; aunque pocas llegan a prosperar, visibilizan demandas sociales (ej. la ILP por la dación en pago en 2013).
- Referéndums y consultas populares: útiles en ciertos casos, pero con riesgos de simplificación excesiva y manipulación. El Brexit en Reino Unido es un ejemplo de cómo una consulta puede polarizar y fracturar sociedades.
La clave está en combinar estos mecanismos con procesos deliberativos que fortalezcan la calidad del debate y eviten caer en decisiones apresuradas o manipuladas.
Tecnología y participación digital
Las herramientas digitales han abierto nuevas oportunidades para la participación, pero también desafíos. A nivel europeo, la Iniciativa Ciudadana Europea permite que con un millón de firmas de varios países se obligue a la Comisión Europea a considerar una propuesta.
No obstante, la participación digital enfrenta problemas de desigualdad de acceso, manipulación algorítmica y baja representatividad. Las experiencias más exitosas son aquellas que combinan espacios digitales con deliberación presencial.
Los riesgos: participación sin impacto
Uno de los principales peligros es el simulacro participativo: procesos abiertos a la ciudadanía que generan expectativas, pero cuyas recomendaciones no se aplican. Esto produce frustración y desconfianza.
La experiencia francesa de la Convención Ciudadana por el Clima (2019–2020) es ilustrativa. Aunque sus 149 propuestas fueron elogiadas, el gobierno aplicó solo una parte de ellas, generando críticas de instrumentalización. En España, algunas consultas municipales han enfrentado la misma crítica: mucho esfuerzo deliberativo sin efectos vinculantes.
Para que la participación tenga sentido, debe ir acompañada de compromisos claros de implementación o, al menos, de justificación pública de por qué no se aplican ciertas propuestas.
Participación y polarización política
El resurgir de fuerzas de ultraderecha en Europa y España plantea un desafío adicional: la participación pública se produce en un contexto de polarización y desinformación. ¿Cómo garantizar debates serenos en sociedades fragmentadas?
Aquí la deliberación tiene un valor añadido: al reunir a ciudadanos de distintas procedencias en espacios estructurados, se fomenta la escucha y la búsqueda de consensos. Estudios en Irlanda sobre las asambleas ciudadanas muestran que los participantes suelen moderar posiciones iniciales y buscar soluciones más equilibradas que los partidos.
España y Europa: avances y pendientes
España ha desarrollado tímidos intentos de participación deliberativa. Además de las experiencias municipales, en 2022 el Gobierno organizó una Asamblea Ciudadana para el Clima, siguiendo el modelo europeo. En Europa, países como Irlanda (sobre aborto y matrimonio igualitario) o Francia (sobre transición ecológica) han explorado estos formatos con mayor continuidad.
Sin embargo, el gran reto sigue siendo integrar estas experiencias en las estructuras permanentes de la gobernanza. Hoy son ejercicios puntuales; para ser transformadores, deberían convertirse en parte estable de los procesos legislativos y de planificación pública.
Retos de futuro: educación, inclusión y confianza
La participación no puede darse por decreto. Requiere:
- Educación cívica: ciudadanos formados en pensamiento crítico y capaces de informarse y deliberar.
- Inclusión social: evitar que la participación quede en manos de élites ilustradas; deben incorporarse jóvenes, migrantes, barrios populares.
- Confianza institucional: la ciudadanía participa cuando percibe que su voz importa. Sin confianza, la participación es mera formalidad.
En este sentido, la participación es inseparable de otros pilares de la buena gobernanza: transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.
Nuevas amenazas a la participación: la sombra del lawfare
Uno de los fenómenos más preocupantes en el debate democrático contemporáneo es el uso instrumental de la justicia como arma política, lo que se ha denominado lawfare. Se trata de la práctica de utilizar procesos judiciales para debilitar a adversarios políticos, movimientos sociales o liderazgos emergentes, erosionando así la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial.
En América Latina, el caso de Lula da Silva en Brasil se convirtió en paradigma: tras una condena cuestionada que le impidió concurrir a las elecciones de 2018, años más tarde la propia Corte Suprema anuló el proceso por irregularidades. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha denunciado reiteradamente ser objeto de un lawfare que busca neutralizarla políticamente.
En Europa, los debates también han tocado a España, donde sectores sociales y académicos han planteado que parte de la gestión judicial del conflicto catalán pudo tener un componente de judicialización política. Más allá de la posición sobre cada caso, lo esencial es que el lawfare debilita la confianza en la justicia y reduce la disposición ciudadana a participar políticamente, pues percibe que el terreno de juego está manipulado.
Conclusión: devolver la voz a la ciudadanía
La democracia europea y española enfrenta un dilema: continuar en un modelo representativo que se percibe cada vez más distante, o abrir la política a la deliberación y la participación ciudadana. El desafío no es menor: se trata de combinar eficacia con legitimidad, rapidez en la toma de decisiones con inclusión y pluralismo.
Si queremos llegar a 2030 con democracias más resilientes y gobernanzas más justas, necesitamos pasar del discurso a la práctica: institucionalizar mecanismos de participación deliberativa, dotarlos de impacto real y educar a la ciudadanía para que ejerza un papel activo y crítico.
Devolver la voz a la ciudadanía no es una concesión: es la condición para reconstruir la confianza, frenar el avance de autoritarismos y garantizar que la gobernanza responda a los intereses comunes y no a los de unos pocos.
Preguntas para el debate
- ¿Son suficientes los mecanismos actuales de democracia representativa para canalizar la participación ciudadana?
- ¿Qué ventajas y riesgos tiene el lawfare como práctica en relación con la calidad democrática?
- ¿Qué innovaciones participativas podrían institucionalizarse de forma estable en España y Europa?
- ¿Cómo garantizar que la participación no se convierta en un mecanismo de exclusión digital?
- ¿La democracia deliberativa es un complemento o un sustituto de la representativa?