El cambio climático no es solo un desafío científico, económico o tecnológico: también es un reto democrático. Las decisiones necesarias para enfrentarlo (reducir emisiones, transformar sectores enteros, cambiar hábitos de consumo) son profundas, costosas y, a menudo, impopulares. Si no se construyen con la ciudadanía, corren el riesgo de ser rechazadas.
En este contexto surgen las asambleas ciudadanas por el clima, espacios de participación deliberativa donde personas seleccionadas de forma representativa debaten, se informan y formulan recomendaciones políticas sobre la transición ecológica.
¿Qué son las asambleas climáticas?
Son procesos participativos en los que se convoca a un grupo de ciudadanos elegidos por sorteo, siguiendo criterios de representatividad (edad, género, nivel educativo, origen territorial, nivel socioeconómico). Estas personas reciben formación de expertos, escuchan a actores sociales diversos y deliberan entre sí antes de emitir recomendaciones.
La idea es sencilla pero poderosa: dar voz a la ciudadanía común en la definición de políticas climáticas, rompiendo la brecha entre ciencia, política y sociedad.
Experiencias internacionales
- Francia (2019–2020): la Convention Citoyenne pour le Climat reunió a 150 ciudadanos. Propuso medidas como limitar vuelos internos, prohibir publicidad de productos contaminantes o reformar la fiscalidad ecológica. Aunque no todas se aplicaron, marcó un precedente.
- Reino Unido (2020): la Climate Assembly UK formuló más de 50 recomendaciones, como reducir el consumo de carne y potenciar energías renovables.
- Irlanda: su Asamblea Ciudadana no solo trató el clima, sino también derechos sociales. Sus recomendaciones influyeron en el histórico referéndum sobre el aborto en 2018, demostrando el potencial de este formato.
El caso español
En 2021 se celebró la Asamblea Ciudadana para el Clima en España, con 100 ciudadanos elegidos al azar y representativos de la diversidad del país. Durante seis meses debatieron sobre cómo alcanzar una España más segura y justa frente al cambio climático.
El proceso culminó con 172 recomendaciones, entre ellas:
- Impulsar una educación ambiental transversal.
- Garantizar transporte público asequible y sostenible.
- Apoyar a agricultores en la transición hacia prácticas ecológicas.
- Reforzar la fiscalidad verde con criterios de justicia social.
El Gobierno recibió las propuestas, y aunque su grado de implementación aún es limitado, el ejercicio supuso un paso innovador hacia la participación deliberativa en políticas climáticas.
Más allá de las asambleas: participación en múltiples escalas
La participación no se reduce a grandes procesos nacionales. También florece en ámbitos locales y comunitarios:
- Presupuestos participativos verdes: municipios que destinan parte de su presupuesto a proyectos ambientales decididos por votación ciudadana.
- Consejos de sostenibilidad: espacios de consulta con ONG, empresas y ciudadanos para diseñar políticas locales.
- Movimientos sociales: plataformas como Fridays for Future o Extinction Rebellion presionan a los gobiernos para acelerar la acción climática.
En España, ciudades como Barcelona o Vitoria han experimentado con mecanismos de consulta y participación sobre movilidad, zonas de bajas emisiones y gestión del agua.
Retos y críticas
Las asambleas climáticas no están exentas de tensiones:
- Impacto político: ¿qué ocurre si las recomendaciones no se aplican? El riesgo es generar frustración.
- Representatividad real: lograr la diversidad socioeconómica y geográfica adecuada no siempre es fácil.
- Complejidad técnica: el cambio climático es un tema multidimensional; los ciudadanos requieren tiempo y apoyo para comprenderlo.
- Instrumentalización: algunos gobiernos pueden usarlas como estrategia de legitimación sin intención real de aplicar las medidas.
Aun así, la experiencia internacional demuestra que bien diseñadas y con voluntad política, estas iniciativas generan propuestas viables, mayor legitimidad y ciudadanía más informada.
Participación y justicia climática
La participación es también una cuestión de equidad. Las políticas climáticas pueden tener impactos desiguales (por ejemplo, encarecer la energía o el transporte), y sin un proceso inclusivo corren el riesgo de ser rechazadas por los más afectados.
Involucrar a la ciudadanía en el diseño de estas políticas no solo mejora su aceptación, sino que ayuda a introducir criterios de justicia social: que la transición ecológica no deje a nadie atrás.
La participación como motor de cambio cultural
Más allá de la incidencia política directa, las asambleas y procesos participativos cumplen otra función esencial: cambiar la cultura democrática. Al ver que ciudadanos corrientes son capaces de debatir de manera informada sobre cuestiones complejas, se combate el escepticismo hacia la política y se refuerza la idea de que el clima es un asunto colectivo, no solo de expertos.
En un país como España, donde la polarización política puede dificultar consensos, este tipo de procesos deliberativos representan un espacio para el diálogo constructivo.
Conclusión: una democracia más climática
La crisis climática requiere decisiones profundas y valientes. Para que sean legítimas y sostenibles en el tiempo, deben construirse con la participación ciudadana. Las asambleas climáticas son una herramienta prometedora, aunque no la única.
España ya ha dado un primer paso con su Asamblea para el Clima. El reto ahora es convertir esa experiencia en una práctica recurrente, vinculante y visible, que complemente la política representativa y fortalezca la confianza ciudadana.
La transición ecológica no puede hacerse para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. Y ahí reside una de las claves para avanzar hacia un futuro justo y sostenible.