El cambio climático es, en esencia, un problema colectivo. Ningún individuo, empresa o comunidad puede resolverlo por sí sola: requiere políticas públicas sólidas, que coordinen esfuerzos, fijen reglas claras y garanticen que la transición sea justa.
Aunque la innovación tecnológica y los cambios en hábitos personales son imprescindibles, sin un marco político que oriente y acelere la transformación, los avances serán insuficientes. De ahí que organismos como el IPCC insistan en que la acción climática depende tanto de la voluntad ciudadana como de la capacidad de los gobiernos de traducirla en leyes, regulaciones e inversiones.
El marco global: acuerdos internacionales
Desde los años 90, la comunidad internacional ha intentado coordinarse para frenar el cambio climático. Tres hitos son fundamentales:
- Protocolo de Kioto (1997): primer intento de compromisos vinculantes de reducción de emisiones, aunque con limitaciones en su alcance y cumplimiento.
- Acuerdo de París (2015): adoptado por 196 países, establece el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial “muy por debajo de 2 ºC” y hacer esfuerzos para no superar los 1,5 ºC. Cada país debe presentar y actualizar periódicamente sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs).
- COP anuales: las Conferencias de las Partes son foros donde se revisan compromisos y se negocian nuevas medidas. La COP28 en Dubái (2023) marcó un punto de inflexión al reconocer, por primera vez, la necesidad de “transición fuera de los combustibles fósiles”.
Estos acuerdos muestran avances, pero también la tensión entre ambición y realidad: la suma de compromisos actuales aún no es suficiente para evitar superar el 1,5 ºC.
La Unión Europea: pionera en legislación climática
Los países de la UE se han comprometido jurídicamente con la lucha contra el cambio climático mediante el cambio a una economía climáticamente neutra con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Los dirigentes de la UE, reunidos en el seno del Consejo Europeo, acordaron este objetivo en diciembre de 2019 y, posteriormente, la Comisión Europea puso en marcha el Pacto Verde Europeo. El objetivo deriva del compromiso contraído en virtud del Acuerdo de París, firmado y ratificado por todos los Estados miembros de la UE.
El Reglamento sobre el Clima es el principal acto legislativo del Pacto Verde, en la medida en que convierte el objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 en una obligación jurídica para todos los países miembros de la UE.
El paquete de medidas «Objetivo 55» (Fit for 55%, establece normas y medidas en energía, transporte, industria y agricultura para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones en al menos un 55 % de aquí a 2030.
Estas políticas muestran la capacidad de la UE de convertir la acción climática en un marco regulatorio integral, aunque enfrentan resistencias internas y la presión de sectores económicos afectados.
España: marco estratégico
España cuenta desde 2019 con un Marco Estratégico de Energía y Clima, con tres ejes principales: la mitigación, la adaptación y la transición justa.
Las piezas claves que constituyen este Marco son:
- La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, marco normativo e institucional para facilitar la progresiva adecuación a las exigencias que regulan la acción climática.
- El Plan Nacional de Energía y Clima 2023-2030, documento estratégico que define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética
- El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático en España, cuyo principal objetivo es evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una economía y una sociedad más resilientes.
- La Estrategia de Transición Justa, instrumento que permite la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario. El objetivo es que no se produzcan impactos negativos sobre el empleo ni la despoblación.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, fija objetivos como:
- Neutralidad climática en 2050 en coherencia con el Pacto Verde Europeo
- Electricidad 100 % renovable en 2050 (74 % en 2030).
- Reducción del 23 % de emisiones en 2030 respecto a 1990.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) plantea los siguientes objetivos:
- 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo coherente con un incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París.
- 42% de renovables en el uso final de la energía. Cifra que duplica el 20% del año 2020.
- 39,5% de mejora de eficiencia energética en la próxima década.
- 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, en coherencia con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) define y describe 81 líneas de acción a desarrollar en los diferentes sistemas naturales y sectores socioeconómicos del país, organizadas en 18 ámbitos de trabajo entre los que destacan: salud humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, o agricultura, ganadería y seguridad alimentaria.
Políticas y medidas más relevantes
- Fomento de las energías renovables: Impulso de la generación de energía a partir de fuentes limpias y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.
- Movilidad sostenible: Promoción del transporte público, vehículos eléctricos y otras alternativas de transporte limpio.
- Eficiencia energética: Mejora de la eficiencia en el consumo de energía en edificios, industria y otros sectores.
- Protección de ecosistemas: Restauración y conservación de ecosistemas clave como bosques y zonas costeras.
- Adaptación de la costa: Medidas para proteger las zonas costeras vulnerables a la erosión y el aumento del nivel del mar.
- Registro de Huella de Carbono: Reconocimiento del compromiso de las empresas en la lucha contra el cambio climático y fomento de planes de reducción de emisiones.
- Proyectos Clima: Incentivos económicos para proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Enfoque multinivel
La lucha climática no se juega solo en las grandes decisiones internacionales. Las Comunidades Autónomas y en importante medida, los ayuntamientos, tienen un papel fundamental en transporte, urbanismo, gestión de residuos o eficiencia energética. La coordinación en un clima de cooperación permanente resulta clave.
- Nivel Europeo: La Unión Europea establece marcos y objetivos generales para la acción climática, que luego se traducen en políticas nacionales y regionales.
- Nivel Nacional: El gobierno español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, coordina las políticas climáticas a nivel nacional y colabora con las Comunidades Autónomas.
- Nivel Autonómico: Las Comunidades Autónomas desarrollan sus propias estrategias y planes de acción climática, adaptados a sus realidades territoriales.
- Nivel Local: Los municipios y gobiernos locales implementan medidas concretas en su ámbito, como planes de movilidad sostenible, eficiencia energética en edificios municipales y adaptación al cambio climático en espacios urbanos.
Conclusión: política con mayúsculas
El cambio climático es un desafío sin precedentes y requiere políticas públicas ambiciosas, coherentes y sostenidas en el tiempo.
La buena noticia es que ya existen marcos legales, estrategias y fondos disponibles. La mala es que la velocidad y la escala de las acciones aún están lejos de lo necesario para evitar superar 1,5 ºC.
El futuro dependerá de la capacidad de los gobiernos de convertir planes en realidades, y de la presión y participación ciudadana para exigirlo.