Cuando repostamos gasolina, encendemos la calefacción o compramos un billete de avión, pocas veces pensamos en los costes que esas acciones generan más allá de nuestro bolsillo: emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica, degradación ambiental o problemas de salud pública. Estos efectos, conocidos como externalidades negativas, no suelen reflejarse en el precio final.
La fiscalidad verde busca corregir esa distorsión: trasladar a los precios el coste real de las actividades contaminantes y, al mismo tiempo, incentivar comportamientos más sostenibles. En palabras simples: “quien contamina, paga”.
¿Qué es la fiscalidad verde?
Se trata del conjunto de impuestos, tasas y beneficios fiscales diseñados para:
- Desincentivar actividades contaminantes (por ejemplo, gravar el uso de combustibles fósiles).
- Incentivar prácticas sostenibles (reducciones fiscales para energías renovables, vehículos eléctricos o rehabilitación energética).
- Recaudar fondos para financiar la transición ecológica y compensar a los más vulnerables.
El objetivo no es aumentar la presión fiscal en sí, sino cambiar el comportamiento económico hacia modelos más limpios.
El debate en España
España se sitúa entre los países europeos con menor recaudación relativa en impuestos ambientales: un 1,7 % del PIB frente a una media de la UE de alrededor del 2,3 %. Eso significa que hay margen para aumentar la fiscalidad verde sin desventaja competitiva frente a otros países.
Sin embargo, el debate político y social es intenso. Muchos sectores perciben estos impuestos como una carga adicional en un contexto de inflación y crisis energética. El reto está en diseñarlos de forma que sean efectivos, justos y comprensibles.
Ejemplos de fiscalidad verde
- Impuestos al carbono: aplicados en países como Suecia o Canadá, fijan un precio por cada tonelada de CO₂ emitida. La UE mantiene un mercado de derechos de emisión (EU ETS), al que se sumará un mecanismo de ajuste fronterizo para productos importados.
- Peajes urbanos o tasas a la congestión: en ciudades como Londres, Milán o Estocolmo, reducen el tráfico y mejoran la calidad del aire.
- Impuestos a plásticos de un solo uso: en vigor en España desde 2023, grava la producción y el uso de envases de plástico no reutilizables.
- Bonificaciones: deducciones fiscales para rehabilitación energética de viviendas o compra de vehículos eléctricos.
“Quien contamina paga”: justicia y resistencias
El principio suena lógico, pero su aplicación genera resistencias. ¿Es justo que todos paguen lo mismo por contaminar, sin tener en cuenta nivel de renta o alternativas disponibles?
Ejemplo: un trabajador en un pueblo sin transporte público depende del coche para ir a trabajar. Gravar la gasolina sin ofrecer alternativas puede percibirse como un castigo injusto.
Por eso los expertos insisten en el concepto de transición justa: los ingresos generados por la fiscalidad verde deben destinarse a mejorar alternativas (transporte público, eficiencia energética en viviendas) y a compensar a los colectivos más vulnerables.
Lecciones internacionales
- Suecia: implantó un impuesto al carbono en 1991. Hoy es uno de los más altos del mundo (130 €/t de CO₂), y sin embargo su economía creció mientras reducía emisiones.
- Francia: la subida del impuesto a los carburantes en 2018 desató la protesta de los chalecos amarillos. La medida se percibió como injusta al no acompañarse de compensaciones claras.
- Portugal: aplica un impuesto al plástico de un solo uso que ha incentivado rápidamente el uso de alternativas reutilizables.
La lección es clara: la fiscalidad verde funciona mejor cuando se explica bien, se percibe como justa y los ingresos se reinvierten en beneficios visibles para la ciudadanía.
España y el reto pendiente
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Ley de Cambio Climático incluyen la necesidad de reformar la fiscalidad para alinearla con objetivos ambientales. Sin embargo, las medidas hasta ahora han sido tímidas y fragmentadas.
Ejemplos:
- El impuesto especial a hidrocarburos sigue siendo bajo en comparación europea.
- El impuesto al plástico de un solo uso es reciente y aún enfrenta resistencias empresariales.
- Algunas comunidades autónomas han experimentado con “céntimos verdes” o tasas por vertidos, con resultados dispares.
Los expertos señalan que España necesita una reforma fiscal verde integral, que combine coherencia, progresividad y estabilidad.
Beneficios más allá del clima
La fiscalidad verde no solo reduce emisiones:
- Mejora la salud pública al reducir la contaminación del aire.
- Impulsa la innovación en sectores como energías renovables, movilidad o gestión de residuos.
- Genera empleo verde en rehabilitación energética, reciclaje o eficiencia.
- Fortalece las cuentas públicas para financiar la transición.
Comunicación: la clave de la aceptación
Uno de los aprendizajes de experiencias pasadas es que la comunicación es esencial. No basta con diseñar impuestos: hay que explicar claramente para qué sirven y a quién benefician.
Si los ciudadanos perciben que el dinero recaudado se reinvierte en mejorar su calidad de vida (por ejemplo, en transporte público más barato o ayudas para rehabilitar viviendas), la aceptación social aumenta.
El comercio de derechos de emisión y el mecanismo de ajuste en frontera por carbono
Además de los impuestos y tasas existen otros mecanismos para impulsar la reducción de emisiones.
Los sistemas de comercio de emisiones son instrumentos de mercado establecidos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en los que un regulador define un límite superior (techo) de emisiones de GEI que pueden ser emitidas por el total de los participantes en el sistema.
Al final de cada periodo definido en el sistema, los participantes incluidos en el mismo (instalaciones, operadores aéreos, individuos, etc.) deben entregar un número de derechos de emisión igual al de sus emisiones durante dicho periodo.
Vinculado al comercio de derechos de emisión para instalaciones, se ha establecido un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, regulado por el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 (MAFC, o CBAM por sus siglas en inglés). Se trata de un mecanismo que fija un precio del carbono para las importaciones de determinados productos intensivos en carbono que será equivalente al que tendrían si se hubiesen producido en la UE.
Conclusión: pagar para ganar futuro
La fiscalidad verde es una herramienta para redistribuir costes ocultos y orientar la economía hacia un futuro más limpio.
La pregunta clave no es si podemos permitirnos más impuestos ambientales, sino si podemos permitirnos no tenerlos en plena crisis climática. España tiene margen, experiencias internacionales de las que aprender y urgencia para actuar.
La transición ecológica cuesta dinero, pero ignorarla cuesta mucho más. La fiscalidad verde, bien diseñada y comunicada, puede ser uno de los motores para hacerla posible.