El agua es un bien público y el acceso a la misma un derecho humano, pero a menudo se gestiona como un bien privado o una mercancía. Su naturaleza esencial para la vida y su carácter limitado la convierten en un bien singular: no puede producirse, solo captarse, almacenarse, distribuirse y cuidarse. Esta singularidad ha alimentado un debate global sobre quién debe controlarla, bajo qué reglas y con qué grado de participación de la ciudadanía.
Propiedad: entre lo público y lo privado
En España, la Ley de Aguas establece que el agua es de dominio público estatal, lo que significa que no pertenece a particulares, aunque su gestión, especialmente la distribución, puede ser pública, privada o mixta.
En otros países, la legislación varía: desde modelos 100% públicos (Uruguay, donde la Constitución prohíbe la privatización del agua potable) hasta esquemas con amplia participación privada en la distribución (Chile, con concesiones plenas a empresas).
La discusión no es nueva: ¿puede un recurso vital gestionarse con criterios de rentabilidad? ¿O debe ser un servicio público esencial, fuera de las lógicas del mercado?
El auge y retroceso de la privatización
En las décadas de 1980 y 1990, influenciadas por políticas de liberalización y organismos internacionales, muchas ciudades en Europa y América Latina privatizaron sus servicios de agua. Los argumentos eran claros: mejorar la eficiencia, atraer inversión y reducir el peso financiero sobre los gobiernos locales.
Sin embargo, los resultados no fueron, en general, satisfactorios. La mayoría de las privatizaciones llevaron aparejadas subidas de precios sin mejoras significativas en la prestación del servicio y la transparencia se redujo. Así mismo se resintieron las inversiones en infraestructuras y los gastos operativos de mantenimiento. Esto dio lugar, desde los años 2000, a un proceso inverso: la remunicipalización.
Remunicipalización: un fenómeno global
La remunicipalización es el retorno de la gestión del agua a manos públicas. Según datos del Transnational Institute, entre 2000 y 2021 se documentaron más de 300 casos en todo el mundo, con una concentración notable en Francia, Alemania y España. En América Latina, ciudades como La Paz (Bolivia) o Buenos Aires (Argentina) también han revertido privatizaciones tras conflictos por tarifas, falta de inversión o incumplimiento de contratos.
Ejemplos destacados:
- París: en 2010 recuperó la gestión pública, redujo tarifas un 8% y destinó los ahorros a mejorar infraestructuras y programas sociales.
- Terrassa (España): en 2018 el Ayuntamiento asumió el servicio tras 75 años de gestión privada, creando un observatorio ciudadano del agua.
Las experiencias documentadas (Transnational Institute) muestran que una remunicipalización exitosa no se improvisa: empieza con una auditoría exhaustiva y pública de contratos, inversiones y deudas para ganar legitimidad social, y se apoya en una base legal sólida que anticipe litigios y defina claramente la transición. Es clave diseñar desde el inicio el modelo institucional (ya sea una empresa pública o un servicio municipal integrado) con gobernanza transparente y capacidad técnica propia, garantizando la continuidad del personal y la transferencia de conocimientos. Un plan financiero realista, que combine recuperación de costes y protección social, asegura la sostenibilidad económica, mientras que un sistema de datos e indicadores permite evaluar y mejorar el servicio. Todo ello debe ir acompañado de participación ciudadana activa y comunicación honesta sobre tiempos y beneficios, evitando falsas expectativas y reforzando el control democrático del agua.
¿Cuál es el nivel de concentración del negocio del agua?
A escala global, el mercado del abastecimiento y saneamiento es muy fragmentado por número de operadores (miles de utilities locales públicas), pero los ingresos se concentran en unos pocos grupos. Tras adquirir SUEZ en 2022, Veolia se consolidó como líder mundial de servicios medioambientales, con ventas de 45.000 millones de euros en 2023 (agua, energía y residuos), y un fuerte reposicionamiento en tecnologías del agua y desalación. SUEZ, reconfigurada tras la operación, mantiene actividad relevante con ingresos de varios miles de millones en agua. La propia documentación corporativa y decisiones antitrust (Reino Unido, UE) reflejan que la fusión obligó a desinversiones para preservar competencia en ciertos mercados. En suma: mercado atomizado por operadores y concentrado por ingresos.
Entre los “top players” que aparecen recurrentemente en análisis sectoriales figuran Veolia, SUEZ, y compañías de tratamiento/tecnología como Xylem o Ecolab/Danaher, además de grandes utilities nacionales (p. ej., American Water, Sabesp, Severn Trent, United Utilities). Aun así, la propia SUEZ subraya que el 84% de la población mundial es servida por miles de operadores locales, lo que confirma la fragmentación estructural del sector y explica por qué las estrategias de los gigantes se apoyan en alianzas y concesiones locales.
España combina prestación pública directa en muchas ciudades y gestión privada o mixta en gran parte de la población servida. Estudios académicos y de mercado recientes sitúan la cobertura por operadores privados/mixtos entre ~50% y >60% de la población, con variación territorial marcada (en Cataluña, supera con mucho la media nacional). En el segmento privado concesional, la estructura es oligopolística con dos grandes compañías líderes: Agbar (Aguas de Barcelona, hoy parte de Veolia) y Aqualia (grupo FCC), acompañados por otros operadores como Global Omnium, Acciona o Saur.
Gobernanza: más allá de quién gestiona
La gobernanza del agua no se limita a decidir si la gestión es pública o privada. Implica establecer reglas claras, sistemas de control, transparencia en la toma de decisiones y, sobre todo, mecanismos efectivos de participación ciudadana.
Un modelo de gobernanza sólido debe:
- Integrar a todos los actores relevantes (administraciones, usuarios, sector privado, ONGs).
- Garantizar acceso a la información en tiempo real.
- Incluir a las comunidades locales en decisiones estratégicas.
- Establecer rendición de cuentas periódica.
Participación ciudadana: del discurso a la práctica
La participación no debe reducirse a consultas simbólicas. En ciudades como Porto Alegre (Brasil), el presupuesto participativo permitió que los ciudadanos priorizaran inversiones en redes de agua y saneamiento, logrando mejoras medibles en pocos años. En España, experiencias como la de Zaragoza han demostrado que campañas de sensibilización combinadas con programas educativos pueden reducir el consumo urbano sin deteriorar la calidad de vida.
Preguntas para el debate
- ¿Es más eficaz la gestión pública, privada o mixta del agua?
- ¿Qué mecanismos garantizan mayor transparencia en la gestión?
- ¿Cómo influye la remunicipalización en la calidad y el precio del servicio?
- ¿Es posible compatibilizar rentabilidad empresarial y acceso universal al agua?
- ¿Qué experiencias participativas pueden servir de modelo para otras ciudades?