El sistema eléctrico español, a pesar de su aparente estabilidad, está tensionado por desafíos estructurales: transición ecológica, dependencia fósil, precios volátiles, concentración de poder y una arquitectura de mercado pensada para un mundo que ya no existe.
¿Cómo está organizado el sistema eléctrico?
El sistema eléctrico español se articula en torno a cinco grandes funciones:
- Generación: producción de electricidad en centrales eléctricas (renovables y fósiles).
- Transporte: traslado de la electricidad por redes de alta tensión. Función gestionada por Red Eléctrica de España (REE), empresa pública con mayoría estatal.
- Distribución: reparto en media y baja tensión hasta el consumidor final, gestionado por empresas privadas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, etc.).
- Comercialización: venta de electricidad a usuarios, a través del mercado regulado o libre.
- Operación del sistema y del mercado: coordinación técnica y económica, responsabilidad de REE y OMIE (Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad).
Aunque el Estado posee un 20% de las acciones de REE a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la mayor parte del negocio eléctrico está en manos privadas, especialmente en generación, distribución y comercialización. Cinco grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol) controlan la mayoría del mercado. Este oligopolio energético es una de las principales barreras a una transición justa y descentralizada.
¿Cómo se forma el precio de la electricidad?
En España, el precio mayorista de la electricidad se determina mediante un sistema llamado “mecanismo marginalista”. En él:
- Cada generador (hidráulico, solar, nuclear, gas, etc.) ofrece su electricidad a un precio.
- Se casan ofertas y demandas hasta cubrir la necesidad de cada hora.
- El precio final lo marca la última unidad más cara que entra al mercado (normalmente una central de gas).
Este sistema tiene una lógica de mercado liberalizado, pero en la práctica genera distorsiones:
- Las energías renovables, más baratas, reciben el mismo precio que el gas.
- Las eléctricas obtienen beneficios extraordinarios (“beneficios caídos del cielo”) por energías ya amortizadas (como la hidroeléctrica o la nuclear).
- En momentos de tensión internacional (como la guerra en Ucrania), el precio del gas dispara el coste de toda la electricidad.
El resultado: precios altos para los consumidores y beneficios récord para las eléctricas, en plena crisis social y climática.
¿Qué papel juegan los consumidores?
Desde la liberalización del mercado (2009), los consumidores pueden elegir entre el mercado regulado (PVPC) o el mercado libre. Pero la mayoría desconoce las diferencias, las condiciones o sus derechos como usuarios.
En el mercado regulado (PVPC), el precio varía por horas según el mercado mayorista y solo puede contratarse con las comercializadoras de referencia (además de permitir el acceso al bono social). En el mercado libre las comercializadoras fijan el precio (a menudo estable o con promociones) pero con menos transparencia y, en muchos casos, condiciones de permanencia o servicios añadidos. Aunque el PVPC ha sido históricamente más volátil, su reciente reforma ha reducido parte de esa inestabilidad incorporando referencias a medio plazo.
En general, la posición del consumidor sigue siendo pasiva y subordinada, con escasa capacidad de decisión real. La participación en autoconsumo, comunidades energéticas o eficiencia energética es aún marginal, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Para avanzar hacia un modelo democrático y desconcentrado, es necesario empoderar al consumidor como actor activo del sistema, capaz de producir, almacenar, gestionar y compartir energía.
Los grandes retos del sistema eléctrico español
El sistema actual arrastra varios problemas estructurales que comprometen la transición:
- Excesiva concentración de poder económico y técnico en pocas empresas.
- Infraestructura pensada para un modelo centralizado, no adaptada aún a la generación distribuida.
- Modelo de mercado que incentiva el lucro antes que el interés general.
- Falta de transparencia y comprensión pública del sistema.
- Poca flexibilidad para integrar energías renovables intermitentes como la solar o la eólica.
- Desigualdad territorial, con zonas sin acceso adecuado a la red o con peores condiciones de servicio.
Estos retos requieren una reforma profunda del marco regulador, tecnológico y de gobernanza del sistema eléctrico.
¿Qué reformas son necesarias?
Algunas propuestas clave para transformar el sistema eléctrico hacia el modelo 5D:
1. Reforma del mercado eléctrico
- Abandonar o modificar el sistema marginalista.
- Introducir precios por tecnologías o contratos a largo plazo que reflejen costes reales.
- Limitar los beneficios extraordinarios de tecnologías amortizadas.
2. Fomento de la generación distribuida
- Facilitar el autoconsumo, la instalación en tejados, la gestión colectiva.
- Reducir barreras burocráticas y técnicas para pequeños productores.
3. Impulso a redes inteligentes y digitalización
- Inversión en redes locales flexibles y bidireccionales.
- Uso de big data y tecnologías digitales para optimizar la gestión.
4. Democratización del sistema
- Fomentar cooperativas, comunidades energéticas y participación ciudadana.
- Establecer cuotas o reservas de mercado para actores no lucrativos.
- Crear órganos de control público y transparencia del mercado.
5. Remunicipalización y control público
- Revisión de concesiones de distribución.
- Fortalecer el papel de los municipios en la gestión energética.
- Explorar la creación de una empresa pública de energía que actúe como garante del interés general.
El papel de la ciudadanía
La transformación del sistema eléctrico no puede quedar en manos de los mismos actores que lo han gestionado durante décadas. La ciudadanía debe reclamar su derecho a entender, cuestionar y transformar el sistema que abastece su vida cotidiana. Ello implica:
- Exigir transparencia y justicia en tarifas.
- Apoyar iniciativas de generación colectiva.
- Participar en consultas públicas, proyectos locales o cooperativas.
- Defender el acceso universal como derecho básico, no como negocio.
Conclusión
El sistema eléctrico español, aunque funcional, está basado en lógicas y estructuras del pasado. Si queremos que la transición energética no sea solo un cambio de tecnología, sino un cambio de paradigma, necesitamos un sistema más transparente, descentralizado, sostenible y democrático. La electricidad es un servicio esencial, no un producto de lujo. Y su control, gestión y beneficio deben estar al servicio de la sociedad y del planeta, no de unos pocos.
Preguntas para el debate
- ¿Es posible reformar el mercado eléctrico sin tocar los intereses del oligopolio?
- ¿El actual sistema marginalista beneficia o perjudica a los consumidores?
- ¿Qué nivel de control debería tener el Estado en el sistema eléctrico?
- ¿Es necesaria una empresa pública de energía? ¿Qué funciones debería tener?
- ¿Cuánto entiende realmente la ciudadanía sobre cómo funciona el sistema eléctrico?