Durante mucho tiempo, se asumió que el empleo era la vía principal para escapar de la pobreza. Tener un trabajo, aunque fuera modesto, ofrecía un ingreso estable, cierta protección social y una expectativa de mejora futura. Sin embargo, esta lógica se ha quebrado. En la España y Europa del siglo XXI, trabajar ya no garantiza una vida digna. Cada vez más personas se ven atrapadas en un modelo económico que produce empleo, sí, pero empleo precario, mal pagado, intermitente y con escasa capacidad para sostener un proyecto vital.
El fenómeno de la pobreza laboral (personas que trabajan, pero no logran superar el umbral de pobreza) es una de las grandes contradicciones de nuestros sistemas laborales contemporáneos. Se trata de un síntoma claro de que el empleo, tal como está concebido hoy, ha dejado de cumplir su promesa básica de inclusión.
Radiografía del problema en España y Europa
Según los últimos datos de Eurostat, en 2024 cerca del 8,5% de los trabajadores en la Unión Europea se encontraban en situación de pobreza laboral. En España, el porcentaje era aún mayor: más del 12%, una de las tasas más altas del continente. Esto significa que más de dos millones de personas, pese a tener empleo, no pueden cubrir sus necesidades básicas ni escapar de la inseguridad económica.
Este fenómeno afecta de manera desigual: los más expuestos son los jóvenes, las mujeres, los hogares monoparentales, los trabajadores migrantes y quienes están empleados en sectores de bajo valor añadido como la hostelería, el comercio minorista, el cuidado o la agricultura.
La pobreza laboral también es más común entre quienes tienen contratos temporales, jornadas parciales involuntarias, o trabajan como falsos autónomos, una figura tristemente extendida en sectores como el transporte, la cultura o las plataformas digitales.
Causas estructurales: más allá del salario
Aunque los bajos salarios son una causa evidente, la pobreza laboral es un fenómeno más complejo que no se explica únicamente por cuánto se cobra por hora.
Otros factores clave incluyen:
- Inestabilidad contractual: encadenar contratos temporales o trabajar por horas impide generar ingresos suficientes y previsibles.
- Jornadas parciales no deseadas: muchas personas trabajan menos horas de las que quisieran (y necesitan), pero no encuentran ofertas de jornada completa.
- Coste de la vida elevado: incluso salarios por encima del mínimo pueden resultar insuficientes en ciudades donde el coste de la vivienda, el transporte o la energía es desproporcionado.
- Carga familiar sin apoyo público: en hogares donde hay menores o personas dependientes, la falta de ayudas públicas o redes de cuidado obliga a reducir horas de trabajo o asumir gastos que el salario no cubre.
- Trabajo informal o no declarado: trabajadores sin contrato legal pierden cualquier red de protección y quedan totalmente expuestos a la explotación.
Por tanto, no basta con “crear empleo”. Hay que analizar qué tipo de empleo se crea, en qué condiciones y con qué capacidad para sostener una vida digna.
Las grietas del modelo económico y laboral español
España es un caso paradigmático. Tras la crisis de 2008 y los recortes en políticas sociales, el mercado laboral español ha priorizado la flexibilidad por encima de la estabilidad. Aunque la reforma laboral de 2021 logró reducir drásticamente la temporalidad (pasando del 25% al 14% en pocos años), muchos contratos fijos encubren situaciones precarias: bajos sueldos, turnos partidos, disponibilidad total, falta de representación sindical.
Además, la estructura productiva española —fuertemente dependiente del turismo, el comercio y los servicios personales— limita la generación de empleos de calidad. A esto se suma una negociación colectiva debilitada y un sistema de prestaciones sociales que no siempre alcanza a los trabajadores pobres, especialmente si su situación laboral fluctúa.
Consecuencias: vidas en el filo
La pobreza laboral no solo afecta el bolsillo. Tiene impactos profundos y duraderos en la vida de las personas y la cohesión social:
- Imposibilidad de emancipación: los jóvenes que encadenan empleos precarios no pueden permitirse una vivienda, formar una familia o planificar su futuro.
- Estrés y problemas de salud mental: la inseguridad económica permanente provoca ansiedad, depresión y desgaste psicológico.
- Desafección política y desconfianza institucional: cuando el trabajo no sirve para salir de la pobreza, se rompe el contrato social, se debilita la fe en la democracia y crecen los discursos antisistema.
- Reproducción intergeneracional de la pobreza: los hijos de trabajadores pobres tienen menos oportunidades educativas y laborales, perpetuando un ciclo de desigualdad.
¿Qué políticas pueden revertir la tendencia?
Abordar la pobreza laboral exige una combinación de políticas que actúen sobre las causas estructurales del problema:
- Mejorar los salarios mínimos: el aumento del SMI en España ha sido positivo, pero debe ir acompañado de una vigilancia sobre su cumplimiento real y su traslación al conjunto de la negociación colectiva.
- Garantizar horarios y jornadas estables: las reformas laborales deben combatir la parcialidad involuntaria y los contratos con disponibilidad total sin compensación.
- Ampliar el acceso a servicios públicos gratuitos o subvencionados: vivienda asequible, transporte, sanidad, cuidado infantil. Reducir el coste de la vida es tan importante como aumentar los ingresos.
- Reforzar los mecanismos de inspección laboral: combatir la economía informal, los falsos autónomos y los abusos empresariales.
- Políticas activas de empleo enfocadas en sectores de calidad: impulsar la reindustrialización verde, la economía del cuidado o la digitalización inclusiva.
Hacia un trabajo que garantice dignidad
El trabajo solo cumple su función social si protege contra la pobreza, permite la autonomía y abre horizontes de futuro. Un empleo que apenas da para sobrevivir, que encadena a las personas a la precariedad, no puede ser considerado “bueno”.
El reto para España y Europa es avanzar hacia un modelo en el que la creación de empleo no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para la justicia social. Eso implica recuperar el valor político del trabajo: no como una mercancía, sino como un derecho y una vía de participación plena en la sociedad.
Preguntas para el debate
- ¿Por qué trabajar ya no garantiza salir de la pobreza?
- ¿Es el aumento del salario mínimo suficiente para erradicar la pobreza laboral?
- ¿Qué responsabilidad tienen las empresas en este fenómeno? ¿Y el Estado?
- ¿Debería vincularse el coste de la vida local con las condiciones salariales mínimas?
- ¿Qué papel puede jugar la renta básica o el empleo garantizado en este contexto?