Progresivamente y con creciente virulencia a partir de los años 80 del siglo XX, se han ido socavando por diversos medios (privatizaciones, infrafinanciación, desregulación) las bases del llamado estado del bienestar debilitando el acceso universal a servicios esenciales para la vida. Aspectos fundamentales de la existencia humana como la salud, la educación, la vivienda o el agua, han pasado de ser considerados derechos universales a convertirse en productos o mercancías regulados por las leyes del mercado.
Para comprender este deterioro, es necesario analizar sus orígenes, causas, manifestaciones y, sobre todo, explorar las alternativas que proponen una desmercantilización de la vida.
¿Qué significa “mercantilización de la vida”?
La mercantilización de la vida implica que bienes y servicios que tradicionalmente se entendían como derechos colectivos, accesibles y garantizados por el Estado, pasan a organizarse según criterios económicos: oferta y demanda, rentabilidad, competencia. Esto afecta no solo a servicios como la sanidad o la educación, sino también a recursos esenciales como el agua, la energía, la vivienda o incluso el tiempo y el cuidado.
En este contexto, lo que antes era provisto con lógica de servicio público se convierte en objeto de lucro. El acceso a una vivienda digna ya no depende del derecho constitucional, sino de la capacidad de pago. La atención médica o los estudios superiores se convierten en deudas a largo plazo. El cuidado de personas mayores o dependientes se externaliza a empresas privadas con fines comerciales.
Orígenes y causas
La mercantilización de la vida no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de decisiones políticas e ideológicas aceleradas, fundamentalmente, a partir del dominio del neoliberalismo desde los años 80 del siglo pasado, una corriente que promueve la reducción del papel del Estado en la economía, la liberalización de los mercados y la privatización de servicios públicos.
Gobiernos como el de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos fueron pioneros en aplicar estas políticas. Bajo el argumento de aumentar la eficiencia y reducir el gasto público, comenzaron a transferirse servicios esenciales a manos privadas. Este modelo se extendió globalmente, impulsado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, especialmente en países del Sur Global, donde se condicionaban los préstamos a reformas estructurales de corte neoliberal.
En Europa, el proceso se intensificó tras la caída del Muro de Berlín y la consolidación del modelo capitalista como paradigma hegemónico. Incluso países con fuertes tradiciones de bienestar, como los nórdicos, comenzaron a experimentar formas de privatización y externalización de servicios públicos. A nivel de la Unión Europea ese enfoque quedó institucionalizado con el Tratado de Maastricht (1992), que sentó las bases para la creación del euro. El tratado impuso criterios estrictos de estabilidad macroeconómica (criterios de convergencia):
- Déficit público máximo del 3% del PIB.
- Deuda pública inferior al 60% del PIB.
- Control estricto de la inflación.
Las llamadas políticas de austeridad, intensificadas especialmente a partir de la crisis financiera de 2008, se basan en la idea de que los Estados deben reducir el gasto público, controlar la deuda y equilibrar sus cuentas mediante recortes, aunque ello implique deteriorar servicios esenciales. Estas medidas, presentadas como necesarias para garantizar la “confianza de los mercados”, han sido una pieza central en la mercantilización de la vida: al limitar el presupuesto destinado a sanidad, educación, vivienda o dependencia, se empuja a la ciudadanía a recurrir a proveedores privados.
El Consenso de Washington, formulado en 1989 por el economista John Williamson, sintetiza el conjunto de políticas económicas recomendadas a países en desarrollo, especialmente de América Latina, por instituciones como el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Aunque no era un programa ideológico en sí mismo, se convirtió en el marco técnico del neoliberalismo, y por tanto, en uno de los pilares de la mercantilización de la vida.
Las 10 recomendaciones clave del Consenso (como la liberalización del comercio, la desregulación, la disciplina fiscal o la privatización de empresas públicas) promovían:
- Reducción del papel del Estado en la provisión de servicios básicos.
- Privatización de sectores estratégicos como agua, energía, educación o transporte.
- Liberalización de mercados, incluida la vivienda o la salud, para atraer inversión y competencia.
- Supeditación de derechos sociales al equilibrio fiscal, priorizando el pago de deuda sobre la inversión pública.
El efecto directo fue transformar servicios fundamentales en productos de mercado: quien puede pagar accede; quien no, queda excluido. Así, el Consenso de Washington institucionalizó la lógica del mercado en esferas de la vida antes protegidas por políticas públicas.
El Consenso no hablaba explícitamente de “mercantilizar la vida”, pero sus medidas abrieron las puertas para que la educación o la salud dejaran de ser derechos garantizados y pasaran a gestionarse según las reglas del beneficio privado.
Manifestaciones de la mercantilización
La mercantilización se manifiesta de múltiples formas en la vida cotidiana. Algunas de las más evidentes incluyen:
- Educación: La proliferación de universidades privadas, la subida de tasas académicas y el endeudamiento estudiantil transforman la educación superior en un bien de consumo más que en un derecho universal.
- Sanidad: Los recortes presupuestarios, la subcontratación de servicios y la aparición de seguros médicos privados incluso en sistemas públicos generan desigualdad en el acceso y calidad de la atención.
- Vivienda: El mercado inmobiliario se ha convertido en un espacio de especulación financiera. Fondos de inversión compran miles de viviendas para alquilarlas o revenderlas, dejando fuera a sectores vulnerables.
- Cuidados y dependencia: El trabajo de cuidados, históricamente realizado en el entorno familiar o comunitario, ha sido externalizado a empresas privadas. En muchos casos, el cuidado se convierte en un lujo inaccesible.
- Recursos esenciales: Servicios como el agua potable, la energía o las telecomunicaciones, antes gestionados públicamente, han pasado a ser gestionados por grandes corporaciones, con tarifas que responden a intereses privados más que a necesidades sociales.
Consecuencias sociales
La mercantilización de la vida agrava las desigualdades sociales. Al depender el acceso a servicios esenciales del poder adquisitivo, quienes tienen menos recursos quedan excluidos o reciben servicios de peor calidad. Además, este modelo fragmenta la cohesión social, debilitando el sentido de comunidad y solidaridad.
También contribuye a una creciente precarización laboral, ya que muchas de las empresas que gestionan servicios antes públicos ofrecen empleos más inestables, con menor protección y salarios más bajos. El lucro se impone al bienestar, y la lógica del rendimiento sustituye a la del cuidado.
¿Es posible desmercantilizar la vida?
Sí, aunque el camino es complejo, existen múltiples propuestas y experiencias que apuntan a revertir este proceso:
- Reforzar lo público: Aumentar la inversión en servicios públicos de calidad, accesibles y universales es un primer paso. Esto requiere voluntad política, pero también presión social.
- Remunicipalizar servicios: Muchas ciudades han recuperado la gestión pública de servicios como el agua o la energía, demostrando que no solo es viable, sino que puede ser más eficiente y transparente.
- Reconocer el valor del cuidado: Incorporar el trabajo de cuidados como parte esencial del sistema económico y garantizar condiciones dignas para quienes lo realizan, sea en el hogar o en entornos profesionales.
- Derechos garantizados por ley: Blindar constitucionalmente derechos como la vivienda, la sanidad o la educación puede protegerlos frente a su mercantilización futura.
- Fomentar modelos cooperativos y comunitarios: Las cooperativas de vivienda, las redes de apoyo mutuo o los bancos de tiempo son ejemplos de organización social que priorizan el bienestar colectivo sobre el lucro.
La mercantilización de la vida no es un destino inevitable. Es el resultado de decisiones concretas, y como tal, puede ser revertida. Recuperar la idea de que ciertos aspectos de la existencia humana no deben estar sujetos a las reglas del mercado sino protegidos por el compromiso colectivo, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
En un mundo atravesado por múltiples crisis (económica, ecológica, social), repensar el papel del Estado, de lo público y de lo común se vuelve urgente. Porque vivir no debería ser un privilegio para quien puede pagar, sino un derecho para todos y todas.